Corrupción como política de Estado (II)

Editorial I del diario La Nación.

El kirchnerismo ha planteado falsos debates intelectuales y bastardeado la sana crítica con el firme propósito de blindar 12 años de expolio institucional

En su visita al Paraguay, el papa Francisco vinculó dos plagas sociales: la corrupción y el narcotráfico. Y lo hizo con una frase tan directa como cruda: "La corrupción es la polilla, la gangrena de un pueblo".

Durante los 12 años en el poder, escenario que empezamos a desarrollar en nuestro editorial de ayer, el gobierno nacional negó el avance del narcotráfico en el país ("territorio de tránsito") y evitó discutir sobre los índices de inseguridad (una simple "sensación"). Primero fue el caso de la empresa estatal Southern Winds, que llevaba una valija con cocaína dirigida a la embajada argentina en Madrid. El kirchnerismo trató de apagar el escándalo, que rozó al ex ministro del Interior y actual jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Luego, tomaron estado público las causas por exportación de efedrina a México y Colombia y el triple crimen de General Rodríguez, que puso a la luz el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2011 con dinero presuntamente proveniente del narcotráfico.

Se llegó al extremo de que el ex secretario de la Sedronar José Granero fue procesado por haber permitido la importación de efedrina a los carteles del narcotráfico. Y, para peor, nuestro país es el único del mundo donde tiene vigencia una ley que permite el blanqueo de dinero en efectivo, que utilizan los narcotraficantes y los funcionarios corruptos, a través de los llamados Cedines.

La muerte del fiscal Alberto Nisman también está vinculada a hechos de corrupción a escala internacional. Su denuncia fue desestimada por jueces disciplinados por el gobierno nacional. Su profundización hubiese permitido develar los verdaderos intereses del kirchnerismo en impulsar el Memorándum de Entendimiento con Irán y la creación de la inconstitucional "comisión de la verdad" para colocar en vía muerta esta investigación judicial, encubriendo al gobierno de Teherán.

La revista The New Yorker presentó una oscura trama de narcotráfico y lavado de dinero que involucraba a Hugo Chávez, el régimen iraní y el grupo terrorista Hezbollah. Irán utilizaba a Venezuela como nexo para ganar voluntades en la región mediante el envío de valijas con dinero en efectivo. En ese contexto, habría sido Chávez quien intercedió con el gobierno argentino para obtener tecnología nuclear a pedido del país islámico, además del levantamiento de las alertas rojas sobre los sospechosos del ataque a la AMIA.

La administración del Estado siempre está expuesta al riesgo de abuso y corrupción. Lo importante es que las instituciones no se doblen para consentir los desvíos y que la moral colectiva los condene, manteniendo incólume el capital social. Corrupción hay en todas partes; impunidad, no.

Ése ha sido el ejemplo de nuestros vecinos Uruguay, Chile y Brasil, donde las comisiones legislativas, el ministerio público fiscal y el Poder Judicial, además de la prensa independiente y la opinión pública, han mostrado que las instituciones continúan sólidas y que la corrupción es rechazada por la población. En Japón cualquiera de esos casos llevaría al harakiri de sus autores. En los países que seducen a nuestra Presidenta, como China, a los corruptos se los fusila; en Irán, se prefiere la horca; en Vietnam, la inyección letal; en Cuba, prisión hasta 20 años.

En los países occidentales, en tanto, los casos de corrupción provocan inmediatas renuncias y procesos públicos conforme al Estado de Derecho. En la Argentina, en cambio, no hay harakiri ni procesos públicos, sino ocultamiento, fueros, pactos, guiños, presiones y compensaciones.

Es obvio el apetito kirchnerista por convertir cada acto del Estado en una oportunidad de negocios, aunque todavía no haya salido a la luz con plenitud, debido precisamente a las maniobras de encubrimiento, manejo de medios, falsificación de datos, remoción de funcionarios, esterilización de órganos de control, manipulación del Ministerio Fiscal y gradual cooptación de la Justicia. Detrás de cada apropiación privada de una porción de lo público existe un acto estatal desviado, una ley indebida, un decreto torcido, una resolución mentirosa, una auditoría evitada, un dictamen soslayado, una denuncia archivada, una foliatura alterada, un expediente extraviado y otro mal reconstruido.

Se han copiado todos los métodos mafiosos para vaciar las arcas públicas con flagrante disimulo: sociedades fantasma, asesores forzados, subcontratistas impuestos, intermediarios inexistentes, comisiones injustificadas, honorarios fraguados, precios inflados, sociedades leoninas, prestaciones no brindadas, equipamientos sobrestimados o simplemente valijas con billetes de quinientos euros o bolsas con dólares o fajos de pesos que se pesan. Y la connivencia de los amigos del poder, los socios inescrupulosos, los proveedores astutos, los expertos en tejer negocios con los funcionarios civiles o militares, de izquierda o de derecha.

Todos los casos de corrupción son fruto de una ingeniería laboriosa para readecuar las instituciones a la satisfacción de la codicia. No han bastado la picardía de las pequeñas mordidas ni la sencillez de los negociados tradicionales. El kirchnerismo ha aplicado un "master plan" para que todos los engranajes del Estado funcionen en forma coordinada en procura de ese único objetivo, sin dejar ningún empalme, bisagra o articulación fuera de la sincronización para el mal. La perfecta impunidad requiere que todas las piezas funcionen al unísono: ministros, secretarios, subsecretarios, directores, gobernadores e intendentes. Presidentes, gerentes, síndicos y auditores de bancos y empresas públicas. Jueces y fiscales, legisladores, concejales. Aunque se invoque a Dorrego y se revalorice a Artigas, el unicato kirchnerista arrasó con el federalismo a fuerza de billetera y de temor.

La meticulosa relojería institucional utiliza parte del aparato judicial, administrativo y fiscal, la Procelac, la CNV y la UIF para encubrir o acosar, conforme lo requiera el modelo expoliador. Se ha disuelto la SIDE, delegando el espionaje en la Agencia Federal de Inteligencia para garantizar la inmunidad y la persecución. Y se ha anestesiado a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de Empresas Públicas para que encubran la corrupción e impidan el acceso a la información.

Para que la corrupción se disimule tras una prédica progresista, el kirchnerismo planteó falsos debates intelectuales, bastardeando el pensamiento nacional. Ha reescrito la historia, seducido a actores militantes, alquilado juglares de la mentira, expulsado a Colón, denigrado a Sarmiento, demonizado a Roca, idealizado a Chávez y utilizado al peronismo olvidando aquel 1º de Mayo cuando el auténtico Perón los echó de la plaza. Todos los embustes, falacias y contorsiones posibles han sido usados para blindar 12 años de expolio. Con la misma cara se ha denostado al obispo Jorge y honrado al papa Francisco; se ha despreciado al presidente riojano y pactado con el senador despreciado a cambio de su voto; se ha agraviado al gobernador bonaerense para ungirlo luego candidato a presidente.

Las guerras o desastres naturales suelen justificar estados de emergencia, restringiendo las garantías constitucionales. Otras veces, para intentar drásticos cambios económicos, como la forzada industrialización estalinista o el fallido gran salto adelante maoísta. Sin embargo, los países que son modelo de reconstrucción exitosa luego de haber sido devastados, como Alemania, Japón o Italia, no requirieron un régimen totalitario y lo hicieron en plazos más breves, con un Plan Marshall que no fue más importante que nuestra soja.

La necesidad y urgencia para soslayar al Poder Legislativo; los superpoderes para vaciar la ley de leyes, el estado de emergencia para que nada escape a la razón de Estado. Tanto apuro, tanta excepción, tantas facultades concentradas, ¿hemos acaso reconstruido la Argentina como Alemania, Italia o Japón en la posguerra? ¿Cuál es el salto a la modernidad que hemos dado con tanto poder acumulado en una sola persona? ¿No hay más pobres ni excluidos en la Argentina? ¿Tenemos autoabastecimiento energético? ¿Las autopistas cubren el territorio nacional? ¿Aumentaron la seguridad, la calidad educativa, el empleo, la productividad? ¿Tenemos moneda, crédito, ahorro? ¿Crecen las exportaciones? ¿Somos respetados en el mundo?

La respuesta es negativa. Después de 12 años seguimos con programas asistenciales y la pobreza en aumento. Los festivales, las falsas inauguraciones, las cadenas nacionales, los ómnibus pagados por gobernadores e intendentes, las consignas huecas. La verdadera inclusión la lograron los tres Carlos (Kunkel, Zannini y Liuzzi) designando a toda su familia en cargos públicos, y también tres aprendices de cabotaje: Felisa Miceli, Romina Picolotti y Katya Daura, que no pudieron viajar a las islas Seychelles para ocultar sus ahorros.

Y si nada de eso ocurrió, es razonable concluir que toda esa distorsión institucional sólo ha tenido un objetivo de corto plazo, oportunista, precario e individualista. Se ha soslayado el bien común para satisfacer el interés particular de quienes usan el Estado en su provecho. Es decir, de los corruptos..