Un negocio gigante, hijo de la crisis energética

Por Diego Cabot | LA NACION - Twitter: @diegocabot  
Fue, quizá, uno de los negocios más millonarios y oscuros que fomentó el kirchnerismo. La importación de gas natural licuado (GNL), que por estos días investiga la Justicia, se convirtió en una formidable maquinaria por la que se transaron nada menos que 12.000 millones de dólares desde 2010 hasta ahora. En lo que va del año, el monto que ya se destinó a pagar los barcos metaneros es de 777 millones de dólares.

A la sombra de la crisis energética surgieron dos grandes negocios: la compra del GNL y la de combustibles líquidos. El primero lo manejó desde siempre la petrolera estatal Enarsa; el segundo, Cammesa. La fórmula no fue caprichosa, ya que en el Gobierno suponían que así se gambeteaban algunos tiempos que podían complicar en medio de la urgencia. Pero eso no fue todo, de esa manera, aquellos contratos millonarios se hacían en el mundo de los privados.

Con la estatización de la mayoría accionaria de YPF, la duplicidad de funciones se quedó en evidencia. Aunque desde el derecho público es cuestionable, Enarsa y Cammesa delegaron facultades en la petrolera que maneja Miguel Galuccio para que sea ésta la que lleva adelante el proceso de contratación. Desde fines de 2012, a cambio de 50 millones de alrededor pesos por año, YPF licita los cargamentos de barcos que descargan en los puertos de Bahía Blanca y Escobar.

El año pasado, Roberto Dromi pateó el tablero en un sector poco amigo a revelar los números. "[A los barcos] los trae YPF, paga Enarsa, pero contrata YPF. Ese contrato se ha hecho en inglés, con cláusulas secretas, con claves blindadas y nadie conoce el pliego, ni el precio, ni nada. No se sabe. Si lo encontrás, me avisás", dijo Dromi a LA NACION.

El ex ministro de Obras Públicas, que durante cinco años asesoró a Gas Natural Fenosa (uno de los principales proveedores de GNL de la Argentina), dijo que había salido del negocio por las complicaciones y la falta de transparencia en los contratos actuales que maneja la petrolera que dirige Miguel Galuccio. La respuesta llegó enseguida. "YPF no va a permitir que los beneficiarios del sistema anterior pongan en duda las reglas vigentes y el actual procedimiento de compra, con la única finalidad de volver a instaurar un sistema que le rindió sus réditos personales en perjuicio del país."

El millonario negocio del gas importado se inició en 2008, cuando el Gobierno contrató a YPF para que construyera un muelle en el Puerto de Bahía Blanca en el que pudiera amarrar un buque regasificador capaz de inyectar gas natural en la red troncal. Así se montó en tiempo récord el tramo que se pensó para una emergencia y que ya se ha convertido en una necesidad por la falta de gas en las cuencas locales. En aquel 2008 de emergencia, el Gobierno compró, siempre a través de Enarsa, siete barcos en los meses de mayo (1), junio (3), julio (2) y agosto (1). El año siguiente fueron 13 los buques que descargaron gas en Bahía Blanca, 11 procedentes de Trinidad y Tobago y dos de Egipto.

En 2010, la demanda de gas creció y fueron 25 los buques que se necesitaron ya no sólo para pasar el invierno, sino que, menos en enero, para pasar todos los meses. En 2011 amarraron 78 y en 2012, 80 embarcaciones. En los últimos años, son alrededor de 100 cargamentos. El promedio de cada barco es, de acuerdo con la capacidad, de 50 millones de dólares cada uno, a lo que hay que sumar los gastos portuarios, que en épocas de Enarsa llegaron a entre 420.000 y 550.000 dólares. Además, hay que calcular que cada regasificador que está amarrado en Bahía Blanca y Escobar genera una factura diaria por el alquiler de alrededor de US$ 85.000 cada uno..