Por Hugo Alconada Mon | Para LA NACION - Twitter: @halconada
Austral Construcciones, la nave insignia del empresario Lázaro Báez, sumó un nuevo proveedor de facturas truchas a su historial. Ahora es una firma rosarina que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) identifica como "usina" desde hace años, según confirmó el propio organismo a la justicia en lo penal tributario.
Su nueva proveedora de facturas apócrifas es Conde Marketing SRL, una agencia de publicidad que acumula incidentes que llegan hasta Panamá y Bahía Blanca, con otro proveedor de facturas truchas, el bahiense Juan Ignacio Suris, el amigo de Leonardo Fariña que espera detenido en prisión un juicio oral por narcotráfico.
Austral Construcciones acumuló facturas de Conde Marketing durante al menos dos años -2011 y 2012-, por lo que la AFIP le reclamó más de $ 520.000 en sus rendiciones por IVA y Ganancias, más una tasa. Y la empresa de Báez pagó, aunque bajo reserva.
Con los informes de la AFIP en sus manos, sin embargo, el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart dio por cerrada la impugnación fiscal, ya que "el monto evadido" no superó los $ 400.000 "por tributo y por ejercicio anual" que exige la ley para iniciar una pesquisa por evasión tributaria simple. Eso salvó a Báez de otra causa penal, porque al momento en que acumuló esas facturas ese piso mínimo era de $ 100.000 y el accionar de Báez era delito.
Aun así, el hallazgo de Conde Marketing SRL en sus libros contables significa para el ex empleado bancario patagónico un nuevo contratiempo. Sumó otra marca al listado de sus empresas con facturas truchas que acumularon cientos de millones de pesos durante años, al tiempo que la justicia federal investiga si Báez integra una "asociación ilícita fiscal" junto a funcionarios de la AFIP, incluido su titular, Ricardo Echegaray.
El antecedente más cercano se registró en octubre de 2014, cuando el propio Echegaray debió admitir que Austral también registraba operaciones con Calvento SA, una usina de Bahía Blanca, apenas un día después de que así lo revelara LA NACION. También confirmó que tres grupos empresarios de esa ciudad se encontraban bajo fiscalización por esa razón, con firmas tales como Grupo Penta, Terrafaris e Iberoamericana de Servicios.
Sin embargo, un funcionario de la AFIP, Norberto Filipini, frenó una intimación a Austral por el uso de facturas truchas de Bahía Blanca, lo que se plasmó en el formulario 8600/l, que, pese a tener la oblea del Correo Argentino, nunca se envió a la firma de Báez. Y así sigue, sin enviarse, en el expediente interno de la AFIP contra Constructora Patagónica Argentina, otra firma sospechada de esa ciudad, que durante las últimas semanas buscó un plan de 120 cuotas para regularizar $ 16 millones.
Años antes, en tanto, otras firmas vinculadas a Báez, las constructoras Gotti Hermanos y Palma, habían acumulado facturas truchas por montos millonarios y terminaron por acogerse a la ley de moratoria y blanqueo que lanzó el Gobierno, lo que conllevó la suspensión de la persecución penal.
La pesquisa sobre Gotti Hermanos abarcó operaciones por cerca de $ 400 millones y provocó el desplazamiento de toda la línea jerárquica de la AFIP que la impulsaba. Desde el responsable de la Regional de Comodoro Rivadavia, Norman Williams, y su superior jerárquico, Jaime Mecicovsky, hasta el director de la DGI, Horacio Castagnola.
Sin embargo, tras negar la evasión durante años -y cambiar su domicilio a Buenos Aires para quedar bajo la supervisión del entonces titular de la Regional Sur Metropolitana, Andrés Vázquez-, Gotti Hermanos se acogió a la moratoria, por $ 75 millones.
La constructora Palma SA también se sumó a la moratoria, con más de $ 6 millones bajo sospecha, luego de que el por entonces lugarteniente de Báez, Fernando Tutti, fuera citado a indagatoria por evasión tributaria agravada dentro de la megacausa Viazzo, de facturas truchas.
DE ROSARIO A SURIS
Ahora, en la investigación penal que instruyó López Biscayart, los sabuesos de la AFIP detallaron los "ajustes" que le practicaron a Austral Construcciones por IVA (por más de $ 110.000) y Ganancias (unos $ 185.000 más la tasa por otros $ 224.000).
Las impugnaciones se concentraron en los fondos que salieron de Austral con destino a Conde Marketing SRL, una de las firmas que el bahiense Juan Suris señaló como parte de su maniobra de evasión durante su indagatoria con el juez subrogante de Bahía Blanca, Santiago Martínez, en enero de 2014.
"Yo desarrollaba actividades en lo que es publicidades en autos de carrera, en turismo carretera, por ejemplo a Juan Pipkin, a la gente de Conde Marketing. Después, hacemos publicidad estática", precisó Suris, quien continúa detenido a la espera del juicio oral por narcotráfico.
Sin embargo, Conde Marketing no sólo figura en la base Apoc de usinas de la AFIP. También aparece su accionista mayoritario, Alfredo Miguel Boccia, al que LA NACION no logró contactar al cierre de esta edición, y que también figuró en la megacausa Viazzo.
INTERROGANTES POR TRES JUECES APARTADOS
Las similitudes son inquietantes. El juez federal Claudio Bonadio avanzaba sobre Hotesur, la sociedad hotelera presidencial, por sus vínculos comerciales con Lázaro Báez, pero terminó apartado del expediente. El camarista Luis María Cabral debía emitir su voto sobre la eventual inconstitucionalidad del acuerdo con Irán, pero el Consejo de la Magistratura liquidó su subrogancia y terminó fuera de la Cámara de Casación Penal. Y el también juez federal subrogante de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez investigaba a las usinas truchas de Bahía Blanca que proveían facturas apócrifas a Báez desde esa ciudad por montos millonarios y también terminó fuera del Juzgado. Ahora, el interrogante es qué se hará con las evidencias que Bonadio se llevó de Río Gallegos o con las pruebas que Martínez obtuvo en Bahía Blanca y debía remitir a la Corte.
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