Por Alejandro Fargosi | Para LA NACIONSEGUIR
En nuestro país, el incumplimiento de la ley es un mal que sufrimos a diario. Las conductas ilegales van desde no respetar las señales de tránsito hasta una corrupción e ineficiencia casi absoluta por parte del Estado, pasando por delitos cada día más crueles y aberrantes. Es hora de exigir un cambio: necesitamos una Justicia que sea justa. Tenemos la responsabilidad de lograr un futuro mejor para la Argentina.
A lo largo de nuestra historia, sin duda tuvimos logros memorables, que podemos personificar en varios de nuestros próceres nacionales, muchas figuras de la cultura y hasta deportistas célebres que todos conocen. Pero pocos recuerdan que el famoso Charles Darwin estuvo en nuestro país hacia 1832 y nos dedicó algunos párrafos en su Diario de viaje de un naturalista alrededor del mundo. No fueron sólo cumplidos, porque describió lo que ocurría entre nosotros: "La policía y la Justicia carecen de eficacia. Si un hombre pobre comete un asesinato y cae en poder de las autoridades, va a la cárcel y tal vez se le fusila; pero si es rico y tiene amigos, puede estar seguro de que no le seguirán graves consecuencias. Es curioso que hasta las personas más respetables del país favorecen siempre la fuga de los asesinos; creen, al parecer, que los delincuentes van contra el gobierno y no contra el pueblo".
Han pasado casi dos siglos y parece que algunas costumbres no cambian. Pero la verdad es que sí cambiamos, primero para bien y últimamente para mal. Primero, dimos un giro copernicano y nos convertimos en la quinta economía del mundo, un país que brindó trabajo a millones de inmigrantes y les permitió un futuro mejor, tanto a ellos como a sus familias. Supimos ser un país que estaba mucho mejor que Australia, Canadá y parte de Europa, incluso en niveles educativos. Pero desgraciadamente, en los últimos años dimos otro giro y ahora pareciera que volvimos al principio, a esa realidad lamentable que describía Darwin. Ya no nos medimos con las potencias; ahora nos comparamos con países que antes nos envidiaban.
Como dos caras de la misma moneda, nuestros índices de corrupción son altísimos y las condenas penales son demasiado bajas. Eugenio Burzaco explica que más del 90% de los procesos penales -que son sólo una porción de los delitos denunciados- se cierran sin condenas. Por su parte, Orlando Ferreres ha destacado que la estadística "preso-habitante" de la Argentina es la mitad de la que poseen países como Uruguay, Brasil o Chile. Hay demasiados estudios llenos de estadísticas como para citarlos aquí; no se trata de seguir diagnosticando, sino de buscar una solución: sobran explicaciones y faltan medidas concretas. Lo cierto es que en todo el mundo hay delincuentes, corruptos, narcotráfico y mercado negro. Pero para parecernos un poco más al mundo que progresa es preciso modificar algunas normas y varias conductas.
Hay una solución posible: tenemos que empezar por cumplir con la Constitución y las leyes, dejando de lado engaños e indulgencias no plenarias pero sí sistemáticas. Es necesario que nos desembaracemos de ciertos funcionarios, políticos y jueces que aceptan y a veces fomentan el caos y la desobediencia sistémica para sus intereses particulares, por votos, por poder o por plata. O por todo junto.
Y, sobre todo, es imprescindible que el sistema estatal empiece a exigir el cumplimiento de las leyes a todos por igual y no sólo a un grupo reducido, que carga sobre sus espaldas al resto. De esta manera, habrá sanciones legales para todo aquel que se mantenga al margen de la ley, sea en el delito violento o en el de guante blanco, en las prácticas corruptas o en las mafias del fútbol, del juego o de la droga, entre otras. Es tiempo de terminar la violación de las reglas de convivencia y que se vuelva a tener un país donde todos los delincuentes, sin importar su origen socioeconómico, afronten las consecuencias de sus actos. Vivir en la anarquía no es posible para ninguna sociedad. Por más que parezca que nos hemos acostumbrado, es la peor manera de vivir.
Por eso debemos cumplir con las leyes y empezar a exigir una Justicia que responda a las necesidades de nuestro país, con estándares internacionales. Primero, modifiquemos aquellas leyes y reglamentos que contienen penas excesivamente tenues o que, por su complejidad, hacen casi imposible la aplicación de las sanciones. Luego, abandonemos la cultura permisiva de parte de nuestro sistema judicial, para que los delincuentes reciban sus penas y no quede lugar a dudas de que existe un orden legal que es necesario cumplir. Y, por último, simplifiquemos trámites, reglamentos y prácticas administrativas que sucesivos gobiernos han acumulado, convirtiendo nuestra vida en múltiples vía crucis de permisos, requerimientos, exigencias y demoras que provocan y fomentan la coima.
En definitiva, se trata de que tanto funcionarios como ciudadanos revirtamos ciertos vicios y malos hábitos. No podemos ni debemos permitir que la situación actual de nuestro país nos parezca algo normal. Es posible un futuro donde la Justicia esté del lado de los más vulnerables. En otras palabras, del lado de aquellos que sólo la tienen cómo la última salvaguardia ante los delitos. Para eso está la Justicia en un país democrático y republicano, para que la gente tenga la seguridad física y jurídica que le promete la Constitución y pueda vivir con libertad y sin miedo.
El autor, abogado, fue consejero de la Magistratura.
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