Excesivo empleo estatal: ¿cómo solucionarlo?

Por Orlando J. Ferreres |  Para LA NACION

El populismo cae siempre, al final, en el mismo error: cuando se agota el "modelo" de crecimiento, es decir: superávits gemelos (fiscal y externo), matriz de producción diversificada, tipo de cambio real alto, desendeudamiento y acumulación de reservas y aparece el estancamiento no queda nada del tipo de cambio real alto, ni de la producción diversificada sino soja dependencia; ni superávit fiscal, sino inflación; no hay superávit de la cuenta corriente del balance de pagos, caen las reservas y el país vuelve a endeudarse. Entonces se clama que hay que defender "el modelo", pero no se sabe si es el primero (2003-2007) o el segundo (2008-2015), "modelos" que en la gran mayoría de las variables, son completamente opuestos. Esto ya ha pasado varias veces, con situaciones parecidas aunque nunca iguales.

Para que no se noten las consecuencias sociales de los errores de esos modelos, que son el desempleo por la falta de crecimiento y la pobreza por carecer de un trabajo formal, se apela a incrementar el empleo público, aunque haya que resignarse a un elevado déficit fiscal y su consecuencia, la inflación, al ser monetizado el déficit desde el Banco Central.


Durante la década del 80, el PIB cayó en promedio al 1% anual y la ocupación aumentó al 2% anual, con lo cual el producto por persona ocupada presentó una caída de 3% anual, una verdadera catástrofe que terminó en una hiperinflación de 46.500.000 % equivalente anual, en julio de 1989.

En dicha década, los empleados públicos fueron creciendo como proporción de la población total desde alrededor del 20% hasta un pico de 24,7%, que es un número muy elevado. Crecía el número de empleados, pero no la producción, sino que bajaba.

Durante los 90, tan criticados actualmente, las autoridades trataron de revertir esta tendencia, tanto en empresas del estado como en empleados de las distintas oficinas públicas. Se recuperó la productividad por persona ocupada y el empleo público pasó del 24,7 % de la población en el pico de la gestión anterior hasta un 19% en 1998, cifra aún alta. Este 19% se considera alto pues en aquel momento no se pudo optimizar el empleo público provincial. En la mayoría de dichas jurisdicciones los empleados públicos trabajaban sólo hasta el mediodía y después tenían la tarde libre. Esto significaba que había un número inadecuado de empleados provinciales. Esta práctica no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado hasta el presente.

Durante los 90, tan criticados actualmente, las autoridades trataron de revertir esta tendencia, tanto en empresas del estado como en empleados de las distintas oficinas públicas. Se recuperó la productividad por persona ocupada y el empleo público pasó del 24,7 % de la población en el pico de la gestión anterior hasta un 19% en 1998, cifra aún alta.

En efecto, desde 1999 se vino revirtiendo la tendencia a regularizar el número de empleados públicos y se volvió a la práctica de tomar muchos empleados para obtener votos y además para que no se note que hay desempleo. Esta tendencia fue firme con la Alianza, se continuó en el período 2003-2007, pero se acentuó vertiginosamente desde 2010 en adelante. Desde 2003 hasta 2015, los empleados públicos aumentaron de 2.387.000 hasta los 4.232.818 puestos actuales, sumando Nación, provincias y municipios. Este número implica que los empleados públicos han llegado a un 27% del total de ocupados, cifra que lo convierte en una bomba de tiempo para las futuras administraciones.

¿Cómo ordenar esto? Es muy difícil puesto que es una decisión impopular que nadie va a querer tomar y sobre todo porque la mayoría de estos puestos fueron creados en las provincias, donde no hay alternativas de trabajo privado productivo, pues los gobernadores prefieren gastar el dinero en prebendas, que rinden mucho más políticamente, que conseguir la radicación de empresas, salvo excepciones.

Un plan de transformación de la Argentina debe contemplar un sector público eficiente y ejemplar éticamente, que cumpla su rol en funciones clave, indelegables, como la educación, la salud, la justicia, la seguridad y defensa y la fijación de un plan estratégico para el país a largo plazo y su ejecución alternada con administraciones democráticas.

Es llamativo escuchar hasta el cansancio lo que vienen repitiendo las administraciones provinciales "que el gobierno central las asfixia, que les saca recursos, que no existe el federalismo en la práctica", pero esas mismas provincias son las que incorporaron sin necesidad 1.109.555 puestos adicionales de empleados en solo doce años. Menos mal que no les dieron más dinero, pues sino ¿cuántos empleados públicos más tendríamos? Las municipalidades no se quedaron atrás, pues pasaron de 379.009 empleados en 2003 a 796.297 empleados para este año.

Un plan de transformación de la Argentina debe contemplar un sector público eficiente y ejemplar éticamente, que cumpla su rol en funciones clave, indelegables, como la educación, la salud, la justicia, la seguridad y defensa y la fijación de un plan estratégico para el país a largo plazo y su ejecución alternada con administraciones democráticas. Dentro de dicho plan estratégico debe fijar una política óptima para el tamaño del Estado, de manera que la tenaza de los impuestos que éste impone para financiar sus propios fines no ahogue a la actividad dinámica, que es la que puede ocupar productivamente a toda la población económicamente activa del país. Este punto, la ocupación, debe ser el primer e indelegable objetivo de cualquier país democrático.

Revertir esta inadecuada política llevará muchos años y, además, requerirá lograr un crecimiento económico robusto y permanente, que sólo será posible con una mucha mayor tasa de inversión sobre el PIB, de manera que con el crecimiento económico se pueda ir transfiriendo empleados del sector en el que son redundantes a trabajos formales de alta productividad. Esta transferencia es posible, aunque lenta, pero es la forma de hacerlo. No se puede reducir el número de puestos estatales con un ajuste fuerte de empleados públicos sin darles la oportunidad de obtener un trabajo formal. Primero se deben sentar las bases del crecimiento.