Por Hernán Cappiello - LA NACION
El juez Ramos le dijo a Brasil que no puede garantizar, como pidió, que los ejecutivos condenados no sean perseguidos penal o civilmente.
La Justicia allanó el hotel Waldorf, propiedad de un socio de Máximo Kirchner. Foto: Archivo
La Argentina rechazó oficialmente ayer las condiciones que pretendía el Gobierno de Brasil de dar inmunidad penal y civil a ex ejecutivos de Petrobras, arrepentidos en el caso Lava Jato, a cambio de que colaboren en una investigación local por el supuesto pago de coimas al ex ministro Julio de Vido para direccionar la venta de la distribuidora eléctrica Transener, en beneficio de Electroingeniería, una empresa ligada al kirchnerismo.
Esta primera reacción puede repetirse en el resto de las investigaciones abiertas en Argentina por coimas confesadas en Brasil, que tienen a Odebrecht como caso principal.
El juez federal Sebastián Ramos envió -vía Cancillería- una nota al Ministerio de Justicia de Brasil en la que señala que las condiciones que impusieron los brasileños para que los condenados arrepentidos de Petrobras no tengan aquí causas penales, ni civiles ni actuaciones administrativas, son de imposible cumplimiento. Pero al mismo tiempo pidió "evaluar otras alternativas de cooperación". Brasil había pedido en marzo al juez Ramos y a la cancillería argentina que firmen un acta asumiendo el compromiso de inmunidad en representación del Estado argentino. La Cancillería dijo que el planteo de Brasil excedía los compromisos asumidos por la Argentina en los acuerdos internacionales.
Ramos respondió específicamente para el caso Transener. Sin embargo, el resto de los jueces que investigan el pago de sobornos de brasileños a funcionarios argentinos recibirán en estos días una carta similar a la que llegó a manos de Ramos donde el Gobierno de Brasil condiciona la entrega de la información a la garantía de inmunidad, lo que no se condice con lo que permite la ley argentina. Por eso es de esperar que los jueces que investigan a la constructora Odebrech, que confesó haber pagado 35 millones en coimas en Argentina, den respuestas similares. Marcelo Martínez de Giorgi tiene la causa por el pago de sobornos en la obra del soterramiento del Sarmiento; Sebastián Casanello investiga el supuesto pago de coimas para construir plantas potabilizadoras de AySA y Daniel Rafecas , la ampliación de gasoductos con sobreprecios.
Ramos, no obstante, le aseguró a Brasil que empleará la eventual información únicamente en su causa y que los arrepentidos brasileños no serán investigados por los mismos delitos por los cuales fueron condenados en Brasil. Esta garantía de la imposibilidad de doble imputación rige en los acuerdos binacionales.
Pero Ramos y el fiscal Gerarado Pollicitia ya cuentan con la declaración de los arrepentidos brasileños. Ambos avanzaron en la investigación para establecer si hubo sobornos, chequeando entradas y salidas del país, cuentas bancarias, pagos de almuerzos, cenas y reservas de hotel, entre otras medidas.
Las declaraciones que brindaron los arrepentidos brasileños se las envió a Ramos el fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez que las recibió de los fiscales brasileños. El fiscal Pollicita convalidó su valor probatorio porque llegaron por canales oficiales y Ramos las puede usar como pruebas de cargo.
Fernando Soares, un operador de Petrobras en Brasil, y el entonces director de la petrolera, Nestor Cerveró, ya fueron condenados en Brasil. El juez Sergio Moro le impuso 16 años de prisión a Soares y otros 12 años a Cerveró. Ambos se acogieron al régimen de la delación premiada, entregaron documentación y confesaron. Soares y Cerveró contaron, entre otras operaciones delictivas en las que intervinieron, cómo fue la venta de Transener -que pertenecía a Petrobras- a Electroingeniería, con la ayuda de De Vido.
Primero la venta había sido acordada con el fondo americano Eton Park, pero luego Eletroingeniería se quedó con el negocio. Cervero dijo que cobró un sobornos de 300.000 dólares para direccionar la operación luego de que la Argentina rechazara a la empresa norteamericana como compradora.
Contó además que hubo varias reuniones en Brasil, pero también en Buenos Aires, entre Soares, Cerveró, los dueños de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, De Vido y su entonces asesor, Roberto Dromi. El fiscal Pollicita amplió la imputación para investigarlos.
Según Moro, Cerveró cobró US$ 300.000 cuando Electroingeniería se quedó con Transener, la misma cifra que retuvo Soares. En su fallo, el juez Moro consignó que ese dinero que movió Soares sirvió para "el pago de propinas a diversos funcionarios públicos como resultado de tal negocio".Cerveró dijo que con esa plata se compró un inmueble en Brasil, y luego apuntó contra el ex ministro De Vido: "Ciertamente De Vido recibió más que eso como propina", afirmó.
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