Las represas de la vergüenza

Editorial del diario La Nación

Tras la audiencia pública realizada por resolución de la Corte, urge hacer cumplir la ley general del ambiente en el cuestionado proyecto Kirchner-Cepernic

La semana pasada se realizó, en una de las salas del Senado nacional, la audiencia pública sobre el complejo hidroeléctrico Kirchner-Cepernic sobre el río Santa Cruz. Es la primera vez que el Congreso de la Nación desarrolla una reunión de este tipo como parte de un proceso de toma de decisiones. En realidad, más allá de las irregularidades administrativas y las inconsistencias energéticas y económicas del proyecto, el gobierno anterior había celebrado una audiencia pública en la provincia de Santa Cruz, el 9 de diciembre de 2015, veinticuatro horas antes del cambio de gobierno nacional, en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena. Sin brindar información y con un proceso participativo vergonzoso se había aprobado un proyecto que, entre otros impactos, afectaba el lago Argentino y, consecuentemente, el glaciar Perito Moreno, aunque no se habían estudiado con seriedad y detenimiento los potenciales daños.

El actual gobierno cambió el contrato original celebrado con China durante la gestión Kirchner, recortando la obra: se pasa de 11 turbinas a ocho y la generación pasó de 1740 MW que iba a generar originalmente a 1290 MW de potencia.

Debido a las fundadas críticas de los ambientalistas y a la baja prioridad de las obras, se intentaron desviar los fondos de las represas hacia otro proyecto, pero desde Pekín advirtieron que si se cancelaba el emprendimiento exigirían la devolución de los 950 millones de dólares ya desembolsados en la gestión anterior, y se perdería la financiación para el Belgrano Cargas y para la hidroeléctrica. A partir de allí hubo que encontrar el modo de justificarlas. Nadie ignora que en el origen del acuerdo con China hubo incumplimiento de las normativas vigentes y ausencia de información, y que se favoreció a Electroingeniería, una de las empresas que más creció en la "década ganada", involucrada en varios escándalos de corrupción. Electroingeniería se presentó junto a Gezhouba Group, que aparece en un listado que publica el Banco Mundial en el área "Fraude y Corrupción". Nadie puede justificar la obra como prioritaria frente a otras alternativas más eficientes y menos costosas.

A esta nueva audiencia se llega por una resolución de la Corte Suprema de Justicia que, como consecuencia de la interposición de medidas cautelares por organizaciones no gubernamentales, ordenó realizar nuevos estudios de impacto ambiental y una audiencia ante el Congreso de la Nación. En esta ocasión pudieron exponer más de 120 personas, aunque merece señalarse el llamativo espacio brindado a funcionarios públicos, cuyo papel principal en una audiencia debió haber sido el de escuchar. La ley que rige el procedimiento establece que sólo deberían participar aquellos que intervinieron en la elaboración de los estudios, junto a organismos no gubernamentales especializados en materia ambiental, universidades, centros académicos y público en general. Es una instancia para que los interesados o afectados puedan exponer sus preocupaciones, y para que las autoridades puedan enriquecer sus conocimientos como parte de un proceso administrativo de toma de decisiones. En este caso manifestó su opinión en favor de la construcción de las represas una mayoría de funcionarios nacionales y de varias provincias como Mendoza, Neuquén y hasta de Corrientes. Casi la totalidad de ellos se empeñó en afirmar que la energía generada por las represas es renovable aun cuando nuestro régimen de las fuentes renovables de energía destinada a la producción eléctrica expresamente establece un límite de potencia para los proyectos de centrales hidroeléctricas de hasta cincuenta megavatios (50 MW).

En la audiencia se resaltaron algunos aspectos, como la falta de un estudio de impacto ambiental del tendido eléctrico, el cual resulta indispensable para ponderar el impacto que la obra tendrá sobre las aves migratorias y, en especial, el macá tobiano. Surgieron varios cuestionamientos como la actuación del subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, quien fue acusado de ser responsable de presentar el estudio de impacto ambiental como director de Emprendimientos Energéticos Binacionales (Ebisa) y, al mismo tiempo, de recibir el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que habilitaría la construcción de las megarrepresas en su calidad de funcionario público. Incluso se resaltó que, en el momento de publicar el estudio de impacto ambiental, Ebisa había omitido anotarse en el Registro de Consultores de Impacto Ambiental perteneciente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Quedó de manifiesto, además, que el análisis de las cuestiones biológicas en general fue realizado en tiempos no propios de estudios de estas características y por profesionales con escasa experiencia en la temática. En particular se destacó el impacto negativo determinante para la población de la especie macá tobiano, que se encuentra amenazada, o sobre los sitios arqueológicos, algo que ha sido advertido por la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos del Ministerio de Cultura de la Nación.

En síntesis, el estudio de impacto ambiental no despejó las fuertes dudas que existen respecto de los daños que la obra producirá ni la oportunidad de ejecutarla teniendo en cuenta el costo de la electricidad generada. Tampoco resultó claro de dónde provendrán los trabajadores que intervendrán en ella ni cuántos vendrán de la provincia de Santa Cruz.

La audiencia es sólo una instancia no vinculante del procedimiento. Ahora, para una completa transparencia, y más allá de la fortísima presión China para ir adelante con el proyecto, la autoridad debe cumplir con la ley general del ambiente que claramente establece que cada una de las opiniones que se escucharon deben ser consideradas y, en la medida de las posibilidades, atendidas y respondidas. Ello no implica que todas las sugerencias formuladas durante el proceso de participación ciudadana resulten necesariamente adoptadas, sino que se garantiza que serán evaluadas y adoptadas en los casos en que se estime necesario, y fundamentadas en el caso de ser dejadas de lado.

Quizá nadie se atreve a decirlo claramente: no hay ni habrá un criterio de razonabilidad para aprobar estas represas como exige un procedimiento de impacto ambiental adecuado, sino la imperiosa y lamentable necesidad de cumplir con los inaceptables acuerdos firmados con China. Es difícil de justificar la construcción de estas represas. Quizá la reflexión debería ser ética. ¿Podremos justificar ante las futuras generaciones haber construido estas represas como consecuencia de haber firmado un acuerdo penoso?