Por Hugo Alconada Mon - LA NACION - Lo acusa de insolvencia fraudulenta para evitar que el fisco recupere los $ 8000 millones
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció ayer ante la justicia penal al empresario patagónico Cristóbal López , a su socio Fabián de Sousa y a otros directivos del Grupo Indalo por la retención de $ 8000 millones en impuestos y la tergiversación de los planes de pago que le concedió el organismo.
La denuncia de la AFIP, por presunta insolvencia fiscal fraudulenta, quedó en manos de la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia, que la girará ahora a la fiscalía para que evalúe los pasos a seguir y determine si impulsa la investigación y pide las primeras medidas de prueba.
La AFIP concentró su denuncia sólo en los socios dueños del Grupo Indalo, pero no incluyó al ex titular del organismo Ricardo Echegaray, que al igual que Cristina Kirchner figuró en otras tres presentaciones que se radicaron ayer en Tribunales. Abrirán sumarios internos para investigar cómo actuaron funcionarios de Echegaray
Las denuncias se basaron en una investigación que publicó anteayer LA NACION y que provocó una enérgica reacción del Gobierno. "Cristóbal López tiene que explicar por qué retuvo indebidamente $ 8000 millones. Ése no era su dinero. Él no puede quedarse con el dinero público para invertir", dijo anoche Mauricio Macri, en una entrevista televisiva con Joaquín Morales Solá. "La explicación fue disparatada e inaceptable. Lo que han hecho está totalmente fuera de la ley, con la pasividad y complicidad del gobierno anterior."
Straccia, de larga experiencia en investigaciones tributarias, instruye en su juzgado otros expedientes sensibles. Desde la megacausa por presunta evasión y lavado con epicentro en el banco HSBC hasta otra sobre el ex candidato presidencial Daniel Scioli.
La AFIP radicó la denuncia -centrada en dos planes especiales de pago conocidos como "del artículo 32"- sobre el cierre de la mesa de entradas del fuero en lo Penal Económico, tras una serie de reuniones en la sede del organismo que incluyó a funcionarios, abogados tributaristas y contadores, según reconstruyó LA NACION.
La denuncia, sin embargo, es apenas el primer paso de una investigación más amplia, a tal punto que abogados de la AFIP se presentarían hoy ante la Justicia para ampliar esa presentación inicial y aportar más documentación.
Tanto el titular de la AFIP, Alberto Abad, como el de la Dirección General Impositiva (DGI), Horacio Castagnola, apuntan al presunto "aprovechamiento abusivo" de los planes y facilidades que ofrece el organismo a las empresas y contribuyentes en problemas, pero que en el caso de López y De Sousa utilizaron para financiar la expansión del Grupo Indalo.
"Este tipo de planes de pago se ofrecen con dos condiciones: que la empresa afronte una delicada situación financiera y que tenga un estado patrimonial suficiente como para garantizar el monto adeudado", indicó un funcionario de la AFIP a LA NACION. "En este caso, López y De Sousa utilizaron los planes para prestársela a otras empresas de su grupo [Indalo] y ahora anunciaron que se van a separar y repartirse los activos del grupo, con lo que pueden generar una impotencia fiscal para recobrar esa deuda", argumentó.
Insolvencia fiscal
La denuncia penal se plasmó tras una serie de reuniones dentro de la AFIP que se desarrollaron con dos objetivos centrales. El primero, evaluar si era posible denunciar ante la Justicia a López y De Sousa, entre otros, por presunta evasión agravada o defraudación, entre otras figuras penales, aunque terminó en la presunta insolvencia fiscal fraudulenta.
El segundo, si también había que avanzar sobre la cadena de responsabilidades que, dentro del organismo, le permitió -o incluso fomentó- a López y De Sousa la retención de $ 8000 millones en impuestos, en particular a través de su petrolera Oil Combustibles.
En esa línea, Abad ordenó avanzar en la instrucción de sumarios internos para analizar la actuación de Echegaray -hoy titular de la Auditoría General de la Nación (AGN)- y el entonces director de la Dirección General Impositiva (DGI), Ángel Toninelli.
Sin embargo, la lupa puertas adentro de la AFIP no se agota en Echegaray y Toninelli. También alcanzaría a la entonces subdirectora de la Regional Metropolitana, Karina Venier, y otros funcionarios de "la línea".
La denuncia de la AFIP, no obstante, no fue la única que llegó ayer a los tribunales. La primera la radicó un denunciante recurrente, Juan Mussa, cuya presentación recayó en el juzgado federal de Luis Rodríguez, e incluyó también a la ex presidenta Cristina Fernández, por presunta evasión y estafa.
La investigación que publicó LA NACION los últimos días derivó en la radicación de otras dos denuncias y el anuncio de una tercera. El abogado Ricardo Monner Sans dejó su escrito en la Cámara Federal y quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Apuntó contra Echegaray por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. En tanto, la tercera denuncia la radicó el abogado Daniel Sarwer por supuesta "extorsión, sedición, estafa procesal, asociación ilícita, encubrimiento y evasión".
La cuarta denuncia aún no llegó a los tribunales, pero la diputada Elisa Carrió anunció que la formalizará hoy. Será, según anticiparon sus allegados, una ampliación de la denuncia que presentó en 2008, por una presunta asociación ilícita liderada por los Kirchner y que tramita desde entonces en el juzgado federal de Julián Ercolini.
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