Editorial II del diario La Nación
El 98 por ciento de los bares y boliches porteños clausurados desde 2014 continuaron funcionando pese a las sanciones recibidas
Por diversas infracciones al Código de Contravenciones de la ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad, higiene y funcionamiento de los locales, durante el año pasado y los primeros tres meses de 2015, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) ha debido proceder a la clausura de unos 534 bares y boliches de la jurisdicción porteña. La cifra acaso suscite un alto grado de asombro, pero la sorpresa será mayor al conocer que en el 98% de los casos las clausuras no se cumplieron y los citados comercios -prácticamente la totalidad continuaron funcionando, en abierta violación de la sanción recibida. Al respecto, la AGC ha señalado que esa transgresión generalizada ha constituido "el gran desafío" encarado por ese organismo.
En verdad, ese incumplimiento fue un modo elegido por los violadores de la sanción, porque existía un vacío de control de la Policía Federal. En efecto, esa abstención en la acción de los agentes parece haberse fundado en una orden dada en 2010 por la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, que dispuso no afectar a ese cuerpo policial a ciertas cuestiones de fiscalización urbana.
Al existir así una escasa o nula vigilancia por parte de la autoridad a la cual ya no le competía esa tarea, los comerciantes infractores optaron por no cumplir con las multas impuestas, que, por otra parte, aun en el caso de pagarlas, resultaban una sanción cuyo monto se compensaba pronto manteniendo el comercio en actividad.
Un dato adicional en este cuadro es que Palermo es el barrio que más contravenciones ha acumulado en este tipo de faltas, ya que ha concentrado un tercio de ellas. Entre las infracciones comprobadas, importa destacar los problemas de seguridad por exceso de concurrencia tolerada, la obstrucción de las salidas de emergencia y la ausencia de matafuegos, datos que inquietan por la ausencia de memoria sobre la tragedia de Cromagnon.
No hace mucho, la Cámara del Crimen confirmó que otro boliche del barrio de Palermo, llamado Beara, en el cual murieron dos jóvenes por el derrumbe de un entrepiso ocurrido en 2010, había sido habilitado de manera irregular por el pago de sobornos a funcionarios públicos y presuntamente también a policías.
En la actualidad, hay una tarea en común entre la AGC y el Ministerio Público Fiscal de la ciudad. Una vez confirmada la contravención como falta, las sanciones se acentúan sobre aquellos comerciantes que hubiesen reincidido. Se procede entonces a tapiar los bares o boliches y, además, las multas que deben pagarse se han acrecentado, de acuerdo con lo establecido por la Legislatura porteña.
La mayor rigidez en las medidas y el aumento de los montos de las sanciones han tenido su efecto positivo en una regularización creciente del funcionamiento de los comercios, aunque se reconoce la vigencia de "un núcleo duro" de incumplidores.
Se advierten, de esta manera, esfuerzos por superar fallas en la coordinación y distribución de las responsabilidades en el ejercicio de una acción eficaz, que repare las omisiones o lentitudes que empobrecen el debido control..
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