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viernes, 2 de noviembre de 2012
Seguridad jurídica y desarrollo
Por Coyuntura de la Fundación Pensar.
Uno de los conceptos más utilizados para explicar los determinantes de la inversión es el de seguridad jurídica. En pocas palabras, al momento de hundir capital en un determinado país un inversor tendrá en cuenta la medida en que se le garanticen los derechos de propiedad sobre su inversión y sobre las utilidades que genere. Sin embargo, esta variable no explica todo: cuando se analizan los países con más crecimiento e inversión de las últimas décadas se observa que no son los países más respetuosos de la seguridad jurídica; el ejemplo más claro es China.
Es cierto que los inversores buscan reglas claras para evaluar el riesgo de la potencial inversión. En un país en el que las reglas cambian constantemente es muy difícil estimar los retornos de una eventual inversión. Pero siempre existe una estrecha relación entre el riesgo de inversión y la rentabilidad que el inversor exige para compensarla. En países donde la seguridad jurídica es baja, los empresarios demandan una elevada
rentabilidad para realizar cualquier proyecto. China no ha sido la excepción de lo anterior: cuando los capitales comenzaron a analizar ese país, el riesgo era muy elevado (todavía no había ni ley de propiedad privada), pero también lo era la rentabilidad esperada. La forma en que los empresarios compensaban este
mayor riesgo era con la posibilidad de pagar bajos salarios o producir con escasas exigencias ambientales, por citar dos ejemplos.
Cuando un país experimenta un crecimiento sostenido, como fue el caso chino, la sociedad comienza a
demandar otras condiciones a las empresas, como mayores salarios y mejores condiciones laborales, cláusulas y exigencias de producción sostenible y otros requisitos que elevan los costos de producción y disminuyen la rentabilidad. Este es el momento en que es necesario un menor riesgo para mantener los niveles de inversión y es aquí donde se hace imprescindible la seguridad jurídica.
No es casualidad que los países con mayores ingresos per cápita y mejores índices de calidad de vida sean también aquellos donde hay una percepción de mayor respeto de los derechos de propiedad: Suiza, Luxemburgo, Finlandia, Singapur, Dinamarca, Noruega, etc. Incluso China ha escalado muchas posiciones en los rankings de respeto a la seguridad jurídica.
En Latinoamérica, Brasil y Chile son ejemplos en donde la mayor seguridad jurídica se acompañó de elevados flujos de inversión y crecimiento continuo. En el otro extremo, Argentina y Venezuela se encuentran entre los diez peores en el ranking de respeto a los derechos de propiedad. En definitiva, el concepto de seguridad jurídica puede no ser relevante en el corto plazo, pero es imprescindible para garantizar el crecimiento sostenido.
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