Sin fronteras entre la defensa y la seguridad

Editorial del diario La Nación

La reglamentación de la ley de defensa nacional vigente impide a las Fuerzas Armadas participar en una guerra híbrida como son las del siglo XXI

La próxima Cumbre del G-20, que se realizará en nuestro país, es un desafío que también permite constatar que la frontera entre defensa y seguridad hoy no es clara pues las amenazas se desarrollan en ambos campos. El protocolo de seguridad del G-20, exigido para el país sede, exige que se utilicen todos los medios: fuerzas policiales, de seguridad y armadas. Ahora bien, ¿la amenaza que plantea la seguridad del G-20 es interna o externa?

Se trata por lo general de una amenaza externa que se desarrollaría en el país en el que tiene lugar la cumbre. La participación militar que prevé el protocolo alcanza a aviones de combate y vigilancia, buques, baterías antiaéreas, radares y despliegue terrestre para reforzar a las fuerzas policiales y de seguridad.

De acuerdo con la legislación vigente en la Argentina, dicha participación militar es ilegal. La arbitraria reglamentación de la ley de defensa nacional fue establecida por decreto en la gestión ministerial de Nilda Garré, avanzando sobre la ley de defensa de 1988, de acuerdo con la cual la amenaza externa es misión de las Fuerzas Armadas y la interna corresponde a las de seguridad y policiales, pero sufrió una alteración en esta reglamentación, dado que el instrumento militar solo puede ser empleado ante una amenaza externa si esta proviene de una fuerza armada regular de otro Estado.

La amenaza de seguridad sobre la Cumbre del G-20 difícilmente provendría de una fuerza regular de un Estado, sino de organizaciones no estatales, como ocurre con distintas variantes del terrorismo internacional. Además, la doctrina militar moderna en las Fuerzas Armadas occidentales plantea que el conflicto del siglo XXI es la llamada "guerra híbrida", en la cual un Estado no actúa como tal, sino a través de fuerzas irregulares y acciones de ciberguerra para alcanzar un objetivo militar en función de los intereses de un Estado, pero sin que este participe. Las academias militares de los países occidentales ponen como ejemplos la secesión de Ucrania y las guerras de Irak, Siria y Afganistán, entre otras. A ello se suman los conflictos que derivan de los proyectos de secesión.

De acuerdo con la reglamentación de la ley de defensa nacional vigente, las Fuerzas Armadas argentinas no podrían participar en una guerra híbrida, como es la del siglo XXI. Hoy, las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales tienen miles de sus integrantes procesados y centenares detenidos por haber cumplido "órdenes ilegales" durante los años 70. Concretamente, en 2017, en 25 sentencias fueron condenadas 205 personas por esta causa, siendo el récord cuantitativo desde 2013.

Sin una modificación del decreto reglamentario, que claramente viola el texto de la ley de defensa nacional, la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad de la Cumbre del G-20, así como de sus equipos y materiales, es ilegal y quienes la ordenen y la lleven a cabo estarán impartiendo o cumpliendo órdenes que no son legales.

Faltan diez meses para esta cumbre, que será el hecho central en la política exterior de la Argentina, y urge que se resuelva este tema, que se soluciona mediante un nuevo decreto reglamentario de la ley de defensa nacional que elimine la arbitraria e ideologizada limitación puesta durante el gobierno de Cristina Kirchner, por el cual las Fuerzas Armadas solo pueden actuar frente a una amenaza externa proveniente de una fuerza armada regular.

Hacerlo no es solo poder concretar bajo el orden legal la participación militar en la Cumbre del G-20, sino también adecuar la norma al conflicto moderno que es la guerra híbrida y permitir al Estado un uso integral de los medios limitados con que cuentan las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales.

Es curioso que, a más de dos años de la asunción de Mauricio Macri, no se haya producido esta modificación a la reglamentación de la ley de defensa nacional, que fue pieza clave en la política militar del kirchnerismo, sobre todo cuando se aproximan las urgencias y los desafíos que, en materia de seguridad, implica la Cumbre del G-20, que tendrá lugar a fin de año.