Por Maia Jastreblansky - LA NACION
La Justicia busca irregularidades en el proceso para cambiar el Tango 01.
El juez federal Claudio Bonadio ordenó ayer un operativo en las oficinas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para secuestrar documentación vinculada al proceso de compra del nuevo avión presidencial.
Según pudo conocer LA NACION, por orden del magistrado, la Policía de la Ciudad se presentó en Paseo Colón 1452 con objeto de obtener los papeles de la licitación para adquirir un Boeing Business Jet. Se trata del modelo que reemplazará al viejo Tango 01, dado de baja al inicio de la gestión de Mauricio Macri.
La causa por la compra del nuevo Tango se tramita en paralelo al caso Avianca, un expediente que instruye el juez Sergio Torres por la denuncia de un grupo de diputados kirchneristas. Por vía separada, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, conducida por Fernando Miguez, hizo otra denuncia en la que apuntó al proceso para reemplazar la aeronave oficial. El escrito recayó en el juzgado de Bonadio y la Cámara Federal resolvió que se investigue como un expediente separado.
La denuncia indicó que Carlos Colunga, ex presidente de MacAir y actual CEO de Avianca, habría hecho lobby para digitar la compra del nuevo avión presidencial. Y que -siempre según la denuncia- ese empresario habría "pactado" previamente que el proveedor del nuevo Tango 01 sería Peerless Aviation, una empresa de aviones canadiense, y que la operación se haría por US$ 70 millones.
El fiscal del caso, Jorge Di Lello, impulsó la investigación y le requirió al juez una serie de medidas para determinar si existieron irregularidades en la licitación.
Cerca del mediodía de ayer, oficiales de la comisaría 14» se presentaron en la ANAC y secuestraron los papeles vinculados a la compra del nuevo Tango. El juzgado busca verificar si Peerless Aviation figuró como oferente, o no, y si reunió las condiciones legales para serlo.
Licitación internacional
El Gobierno asegura que todo el proceso para comprar el nuevo avión presidencial fue regular. Para garantizar la transparencia en la operación, la contratación fue derivada a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), un organismo de la ONU con sede en Montreal, Canadá.
El 3 de febrero, la ANAC hizo un llamado a licitación para la compra de un Boeing y las ofertas se recibieron hasta el 22 de ese mes. Pasados seis meses desde aquella convocatoria, aún no hay novedades de la adquisición y, según lo que informó Marcos Peña ante el Congreso, "el procedimiento licitatorio aún se encuentra en ejecución y análisis" en la OACI.
Según reveló LA NACION semanas atrás, los miembros de la OACI junto con integrantes de la ANAC ya hicieron una preselección de aeronaves. En paralelo, el Tango 01, avión que compró el ex presidente Carlos Menem en 1992, salió a subasta, pero no hubo oferentes. Según informó Peña, el costo para poner a punto el viejo avión oficial implicaba una inversión de entre US$ 21 y US$ 26 millones.
Desde que asumió, Macri se traslada en vuelos comerciales o en aviones privados para sus misiones en el exterior.
Las medidas en torno de la flota oficial y la política aerocomercial ya le trajo más de un dolor de cabeza para el Gobierno. La decisión de otorgarle rutas aéreas a Avianca, la empresa que compró MacAir (la firma de aviones que era de la familia Macri), desató un vendaval judicial y político.
El episodio derivó en la renuncia de Carlos Cobas a la secretaría de la Presidencia, porque, antes de asumir su cargo, había sido gerente de MacAir. El por entonces funcionario había pedido una licencia, pero aún figuraba como empleado de Avianca cuando compró la empresa que era de la familia Macri.
Hasta su salida, en marzo, Cobas estuvo a cargo de organizar la licitación para la compra del nuevo avión presidencial.
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