Es porque el accionista principal y controlante de esa firma, Abertis, notificó que levantará un juicio ante ese tribunal del Banco Mundial a cambio de un mayor plazo de concesión.
Abertis, el principal accionista de Autopistas del Sol -que posee la concesión de la Panamericana-, notificó a la Bolsa de Comercio que desistirá de un juicio que le hizo a la Argentina. Será a través de un acuerdo al que llegó con Vialidad Nacional para negociar su contrato.
El pleito contra el país fue planteado ante el Ciadi, un tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial. La compañía pedía un resarcimiento de US$ 359 millones por incumplimientos en la concesión por parte del Estado Nacional. Como la española Abertis posee un 31% de Autopistas del Sol, en Vialidad Nacional estiman que la demanda total -por el 100% de la compañía- hubiera llegado a US$ 1.135 millones.
Como parte de la renegociación, Vialidad extendió la concesión de 2020 hasta 2030, plazo para que Autopistas del Sol pueda recuperar inversiones ya realizadas y no amortizadas. La empresa, a su vez, se comprometió a realizar desembolsos en nuevas obras por $ 7.300 millones.
El acceso norte que administra Autopistas del Sol tiene 120 kilómetros, compuestos por un tramo de la avenida General Paz, la Panamericana y los ramales a Tigre y Pilar.
En Autopistas del Sol, además de Abertis, son socios con la italiana Impregilo (19,82%), Natal (14,12%), ACS (2,68%) y Dycasa (1,75), En el mercado flota el 30% de las acciones de la empresa. En mayo, Sideco Americana (una firma de la familia Macri) le vendió su participación a Natal Inversiones. De esta compañía, solo se informó que poseían emprendimientos en "agro y bienes raíces". Antes de comprarle a Sideco, Natal también adquirió acciones de Autopistas del Sol que poseía Dycasa.
Vialidad reconoce que Autopistas del Sol invirtió US$ 728 millones en la concesión que aún no pudo recuperar. Sin embargo, como parte de la renegociación, le permitirá un recupero de US$ 499 millones. "Tienen plazo hasta 2030, pero puede que lleguen antes. Como la compañía es pública, lo vamos a saber a medida que vayamos monitoreando los balances", explica Javier Iguacel, director nacional de Vialidad,
La concesión de la Panamericana arrancó en 1994. El Estado nacional incumplió el contrato en 2002, con la pesificación, llevando a cientos de compañías a iniciar juicios en el Ciadi.
En 2006, Vialidad decidió un nuevo esquema en los contratos de concesionarios viales, que se aplicó con parches. "Fue una renegociación incompleta, que buscó una solución parcial y transitoria, de cara a una renegociación integral que se iba a realizar más adelante, en 6 meses, pero nunca se concretó", critica Iguacel.
En ese momento, se definió que la concesionaria tenía una tasa interna de recupero de la inversión (TIR) de 11,9% (anteriormente era 15,83%). Pero no se cumplió con la tarifa acordada y Ausol siguió cobrando menos de lo previsto en el contrato original.
En 2012 se crearon los recursos de asignación específica (RAE) que supusieron un incremento tarifario. Pero ese dinero fue para obras específicas y no para los ingresos del concesionario.
Ausol estuvo intervenida por la administración kirchnerista e incumplió el pago de una Obligación Negociable (ON). La firma anotó una larga racha de balances en rojo por el peso de los pasivos que no pudo pagar, según manifestó la empresa en comunicados bursátiles.
Tras aumentos autorizados por este Gobierno, cada auto paga $ 50 de peaje cada vez que utiliza Autopistas del Sol en un viaje realizado en hora "pico". Hay un descuento si se abona con "telepeaje" y el importe se reduce en horarios de menor circulación.
Los próximos pasos
Vialidad se encamina a solucionar las irregularidades administrativas que existían en las autopistas que ingresan a Buenos Aires desde el conurbano. Hace dos meses, firmó un entendimiento con Autopistas del Oeste. Ahora, acordó con Autopistas del Sol. Ambas bajaron juicios en el Ciadi.
El próximo paso es en la autopista Ezeiza-Canuelas. Allí, la concesión está en manos de Cristóbal López. Iguacel intimó a la empresa de López al pago de recursos de asignación específica (RAE), que el concesionario estaba incumpliendo, bajo el riesgo de quitarle la concesión. Aunque hubo contactos entre los abogados, Vialidad designó un interventor y no está conforme con el manejo de la firma de López.
Tanto en el caso de Autopistas del Oeste como en Autopistas del Sol, los acuerdos deben pasar Procuración General del Tesoro de la Nación y luego a la Sindicatura General de la Nación (Sigen). La siguiente etapa es la realización de audiencias públicas.
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