El Gobierno negocia para cerrar millonarios juicios viales

Por Diego Cabot - LA NACION

Revisará obras y plazos de las concesiones; el director de Vialidad confirmó que le sacarán a Cristóbal López el contrato de la autopista Ezeiza-Cañuelas

Cabinas de peaje en la autopista a Ezeiza; Cristóbal López tomó la concesión en 2013. Foto: Archivo 

La renegociación del contrato de la Autopista del Oeste fue sólo el inicio de un proceso para ordenar todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Ese camino tiene un sobresalto en lo inmediato: antes de fin de año, el Gobierno le notificará al empresario Cristóbal López que dejará de ser el operador del corredor Ezeiza-Cañuelas, que nace en la General Paz y va hasta el aeropuerto internacional, con un ramal hasta esa ciudad bonaerense.

Con variantes en cada caso, también se acordarán obras y plazos en el acceso norte y en la autopista a La Plata.

En el caso de la autopista que explota la empresa de Cristóbal López, en Vialidad Nacional destacaron que ya prácticamente no hay negociaciones. Según confirmó el propio director nacional, Javier Iguacel, por estos días se revisa jurídicamente la forma de terminar con la relación entre la compañía Autopistas al Sur y el Estado. "Vamos a rescindir el contrato, pero lo vamos a hacer de tal manera que no tengamos una contingencia posterior", dijo a LA NACION.

Los abogados de Vialidad son los encargados de envolver la rescisión de forma que no haya juicios posteriores o que, en caso de que se presenten, el Estado no esté en inferioridad de condiciones a la hora de defenderse.

El Gobierno dice que Aecsa, dueña de Autopistas al Sur, retiene una tasa que se cobra cada vez que un auto, colectivo o camión pasa por una barrera de peaje y que debe depositarse en una cuenta oficial. López y sus ejecutivos contestan que tienen que quedarse con ese importe ya que, de no hacerlo, no podrían pagar los sueldos de los empleados de un corredor que tiene tasas de peaje de 8 pesos mientras sus colegas de los accesos Norte y Oeste, por caso, perciben hasta 45 pesos.

Vialidad tiene su respuesta. Dice que los accesos Oeste y Norte tuvieron una ronda de negociaciones en 2006 con Néstor Kirchner como presidente y entonces acordaron un nuevo esquema, que es el que se aplica actualmente. Autopistas al Sur jamás acordó nada y así compró la concesión López. Es más: esa precaria situación tarifaria fue determinante para que fuera adquirida a un bajo precio en 2013.

Hay quienes dicen que los anteriores dueños de la concesión, Obrascón Huarte Lain (OHL), uno de los mayores grupos de servicios constructores y de servicios de España, estarían dispuestos a relatar las condiciones en las que vendieron. Quienes los escuchen confirmarán algunas palabras que se levantan desde aquel momento: hubo presión, al menos regulatoria, de parte de las autoridades para que los españoles vendieran.

El problema entre Vialidad y López empezó con un fondo llamado Recaudación de Afectación Específica (RAE). Se trata de un valor incluido en el precio del peaje. Quien lo cobra debe depositarlo en una cuenta oficial. Es decir, es un mero agente de cobro. El esquema, al menos teórico, es que ese dinero regrese a la concesión en forma de obras en la traza. La empresa vial del patagónico no lo deposita desde hace meses. Con ese argumento se vendrá la rescisión.

Un caso diferente

Con la autopista que une Buenos Aires con La Plata el asunto es distinto. El gobierno de la provincia de Buenos Aires estatizó la concesión en 2013. Entonces fundó la decisión, según informó el Ministerio de Infraestructura bonaerense, en una serie de incumplimientos de Coviares, la empresa de capitales nacionales que explotaba la concesión. Su lugar lo tomó una empresa provincial creada especialmente para desarrollar esa función.

La empresa Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) se creó a través del decreto 409/13. El paquete accionario está compuesto en un 93% por el Estado provincial y el 7% a cargo de los trabajadores representados por su organización sindical.

Sin embargo, en aquel proceso hubo desprolijidades, al punto de que hoy existe un juicio por alrededor de 4500 millones de pesos de los anteriores concesionarios. Lo demás, lo que respecta a las obras de la traza, es otra negociación con el gobierno que maneja María Eugenia Vidal. Sin embargo, el Estado nacional y Vialidad Nacional son los demandados por los anteriores dueños. Una ventaja, a diferencia de los inversores internacionales, es que los juicios se tramitan en la Argentina.

Con Autopistas del Sol (la concesionaria del acceso norte, más conocido como Panamericana) la situación es distinta. Los principales accionistas son los españoles de Abertis, que ya negociaron con Vialidad el contrato de Autopistas del Oeste. Los inversores internacionales tienen un juicio en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. "Es más complejo, ya que el nivel de inversiones que se requiere es mucho más grande. Pero vamos encaminados", dijo Iguacel.

Finalmente están las rutas concesionadas, los llamados "corredores viales". Allí hay reuniones continuas para avanzar en un esquema novedoso. Se probará en estas rutas un nuevo esquema que se aprobó el año pasado. Se trata de los sistemas de participación público-privada. Las PPP son una herramienta clave para desarrollar la infraestructura. Acá se probará si realmente podrán canalizar dineros de privados en infraestructura pública.

Del editor: Cómo sigue - Las negociaciones por los accesos podrían derivar en un ajuste de los peajes más en línea con la evolución de la inflación.