El Gobierno buscará dar más posibilidades a los productores argentinos al participar en licitaciones públicas.
Irónicamente, la visita de Mauricio Macri a la Casa Blanca dejó la buena noticia de la apertura del mercado norteamericano para los limones tucumanos. Sin embargo, el American First -el eslogan proteccionista que impulsó la victoria electoral de Donald Trump- podría haber aterrizado en una Argentina que hoy levanta la bandera de la apertura comercial.
Con apoyo de los empresarios nacionales, el Gobierno enviará este mes al Congreso un proyecto de ley para ampliar las ventajas que las compañías locales ya tienen en las licitaciones de compras que haga el Estado. Tal modificación no llegará en cualquier momento, sino en tiempos en los que la actual gestión busca impulsar grandes proyectos de infraestructura en el país.
Los números son jugosos. Las compras públicas representan más del 5% del PBI y un 2,5% del empleo. El Gobierno prevé que el sector público invertirá US$ 200.000 millones en los próximos ocho años en infraestructura, energía y minería, agroindustria, bienes industriales, servicios y tecnología.
Fuentes del Ministerio de Producción, donde se elaboró el proyecto, estimaron que la iniciativa no promueve el proteccionismo sino el alineamiento de la actual norma del "Compre Trabajo Argentino", que hoy por hoy casi no se aplica, a los estándares internacionales. No obstante, reconocen que las compras públicas son en todo el mundo "políticas de desarrollo", sobre todo para sectores competitivos, que en la traducción oficial engloba a rubros que exporten valor agregado.
La Secretaría de Industria, que conduce Martín Etchegoyen, viene trabajando hace meses en el proyecto, cuyo timing de presentación en el Congreso depende de las negociaciones que el Gobierno mantiene con la cúpula de la CGT, aunque en el Ministerio de Producción confían en que se oficializará este mes en el Parlamento. Según supo LA NACION, la iniciativa fue trabajada conjuntamente entre el Gobierno y la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal) y tiene como principal modelo de compras públicas al sistema que rige en Israel. Sin embargo, también se revisaron otros sistemas, como los que se aplican en Estados Unidos, Brasil y Colombia, entre otros.
De acuerdo con fuentes oficiales, la norma vigente de "Compre Trabajo Argentino" (ley 25.551) "prácticamente no se usa o se aplica mal". La modificación prevé, en principio, aumentar los márgenes de preferencia para la industria argentina. "Si un empresario extranjero que no tiene plantas en el país ofrece cobrar $ 100 en una licitación y uno local ofrece $ 105, gana el local", graficó un funcionario. En el mundo, los márgenes de preferencia están entre 8 y 12%, y en casos extremos llegan al 25%. En la norma vigente son del 5% para las grandes empresas y del 7% para las pymes. El Gobierno buscaría llevarlos ahora a 7 y 12%, respectivamente. En Producción recalcaron que es un incremento aún por debajo de los promedios globales. Además de mejorar la posición de las pymes, en el Ministerio de Producción estiman que podría haber mejores márgenes "en función de la competitividad del sector", con el fin de impulsar determinados rubros. Entre ellos mencionaron a la industria ferroviaria, las energías renovables, el mercado del oil & gas, la energía nuclear, la infraestructura de caminos y el sector de defensa.
Por otro lado, la iniciativa oficial impulsaría los llamados mecanismos de "off set". Básicamente, esto significa que se ratifique en los contratos públicos que cuando se liciten bienes que no son producidos localmente se impulsen incentivos para que aquel que gane la licitación tenga que firmar acuerdos de cooperación para promover la transferencia de conocimiento y tecnología o la complementación productiva local.
Según fuentes oficiales, no se aplicarán "reservas de mercado", mecanismo que implica dejar afuera a la competencia externa en determinados sectores, situación que, por ejemplo, ocurre en sectores sensibles como el de defensa en Estados Unidos.
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