Hoy en día, el desarrollo de la infraestructura en nombre de la integración económica regional es uno de los desafíos más grandes para la sustentabilidad del medio ambiente y la justicia social. La iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional en Sur América (IIRSA) es un ejemplo dramático de estas nuevas tendencias. IIRSA propone una serie de mega-proyectos de alto riesgo y que traerán como consecuencia un tremendo endeudamiento y alteraciones extensivas a los paisajes y las formas de vida en la región. En este marco desarrollista, las montañas, los bosques, y los humedales se ven como barreras al desarrollo económico, y los ríos se vuelven medios para extraer recursos naturales. La gente, la industria y los gobiernos, se supone, serán los beneficiarios.
La iniciativa IIRSA es coordinada por los 12 gobiernos suramericanos, con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de desarrollo (BID), La Corporación Andina (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Plata (FONPLATA), así como otros bancos de desarrollo, y consiste en:
-10 ejes de integración económica que cruzan el continente y que requieren inversiones significantes en transporte, energía, y telecomunicaciones; y
-7 procesos sectoriales de integración diseñados para armonizar los marcos regulatorios entre los países.
Hasta ahora, se han definido para su financiamiento más de 40 mega-proyectos compuestos y cientos de proyectos menores de mejoramiento de infraestructura, con un costo agregado de más de $37 mil millones de dólares. Estos enormes costos contribuirán aún más a la deuda pública regional, la cual ya es insostenible. Dada la magnitud de la IIRSA, y sus impactos potenciales, muchas organizaciones ambientales se refieren a la iniciativa como un giga-proyecto.
La combinación de las inversiones para la construcción de carreteras, hidrovías, y represas propuestas bajo IIRSA, con inversiones significativas del sector privado en la extracción de recursos y la agroindustria (por ejemplo, la soja), no solo tendrá efectos directos sobre la biodiversidad, sino también efectos indirectos sobre el campesinado y los trabajadores agrícolas. Históricamente, esto ha resultado en el desplazamiento de los pueblos rurales e indígenas, la migración masiva, y la deforestación. Muchos de los proyectos propuestos por IIRSA realmente son proyectos viejos de infraestructura que se integraron al marco regional con la esperanza de oxigenarlas.
Los impactos del medio ambiente, sociales, culturales, y económicos en áreas como los Andes, la Cuenca Amazónica, el Mato Grosso, el Pantanal, y los ríos Paraguay y Paraná, serán significantes, y en muchos casos, irreversibles.
La experiencia nos enseña que los impactos negativos de los grandes proyectos de infraestructura ocurren porque:
-Los estándares ambientales, sociales, y culturales son inadecuados (ó totalmente inexistentes) para enfrentar las complejas dimensiones del desarrollo de infraestructura;
-La falta de compromiso por parte del gobierno y/o el banco multilateral de desarrollo (MDB) de acatar los estándares.
-La falta de capacidad gubernamental o del BMD de adherir a los estándares.
-La ausencia de procesos independientes de rendición de cuentas para proveer los medios para introducir quejas formales cuando los estándares no son respetados.
-Los proyectos grandes de infraestructura financiados por los IFIs -Instituciones Financieras Internacionales- continúan causando daños a las comunidades indígenas (Gasoducto Camisea) y al ambiente (Gasoducto Bolivia-Brasíl), y pueden incurrir deudas nacionales devastadoras (Hidroeléctrico Yacyretá). Al parecer IIRSA está lista para repetir los mismos errores que se han cometido en anteriores proyectos.
Las deficiencias de IIRSA incluyen:
-El acceso limitado a la información de los proyectos y las reformas políticas propuestas.
-Estándares sociales y ambientales débiles, inadecuados programas de mitigación de impacto.
-Limitada rendición de cuentas institucionales.
-Inadecuados programas de monitoreo; y una ausencia de vínculos claros a la reducción de la pobreza.
"El Exceso de Liquidez" y sus Alternativas
Los arquitectos del IIRSA plantean que la industria, los gobiernos, los ecosistemas, y la gente se beneficiarán equitativamente del desarrollo de la infraestructura regional. Este planteamiento está basado en el supuesto que el "regionalismo abierto" una combinación de liberalización de comercio, la inserción en el mercado global y la infraestructura masiva conducirá automáticamente al desarrollo sostenible. No obstante, hasta el ex-Presidente del BID, Sr. Enrique Iglesias admitió que la fuerza detrás del financiamiento para los nuevos proyectos de grande infraestructura es "el exceso de liquidez", y no como plantea IIRSA, el sueño Bolivariano de integración regional. La solución fácil al problema de "demasiada plata con nada que comprar" está en financiar grandes proyectos de infraestructura. Así que, mientras el discurso IIRSA es integracionista, su lógica es mayormente financiera.
La magnitud de IIRSA presenta serios desafíos a la conservación y al desarrollo sustentable. La prevención de impactos devastadores a la región suramericana requerirá una participación ciudadana informada y sostenida, particularmente en cuanto la evaluación de los proyectos y las políticas, para así fijar, monitorear y asegurar las salvaguardias sociales y del medio ambiente.
La República Argentina es un país situado en el extremo sur de América organizado como una república representativa y federal. Por su extensión, es el segundo estado de América del Sur y el octavo en todo el mundo sólo si se considera la superficie continental americana sujeta a su soberanía efectiva de 2.780.400 km². Si a esta superficie se le suman los 15.277 km² de las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Aurora administradas por el Reino Unido pero consideradas por la Argentina como parte integral de su territorio más los 965.597 km² del área antártica reclamada al sur del paralelo 60° S, denominada Antártica Argentina y que incluye a las islas Orcadas del Sur y Shetland del Sur, la superficie total se eleva a 3.761.274 km².
Su territorio continental americano, que abarca gran parte del Cono Sur, limita al norte con Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al oeste y sur con Chile y al este con Uruguay y el océano Atlántico. Actualmente se proyecta la implementación de unas 65 iniciativas IIRSA en Argentina, las cuales incluyen una serie de proyectos transfronterizos. En su conjunto, estos proyectos requieren una inversión oficial aproximada de $6.600 millones aunque la mayoría de las veces los proyectos de infraestructura terminan costando mucho mas. La gran mayoría de los proyectos corresponden al sector energético y de transporte multimodal. Casi todos forman parte de tres ejes de integración Capricornio, MERCOSUR-Chile y Sur.
Actores importantes dentro del gobierno y del sector empresarial de Argentina favorecen la iniciativa IIRSA y la consideran como un próximo paso dentro de la agenda de integración que se busca consolidar a través del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela). “La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), destacan que es muy importante el acompañamiento que el sector está recibiendo por parte del gobierno en materia de infraestructura. La construcción de una línea de alta tensión entre Mendoza y Tucumán, la reactivación del Ferrocarril Belgrano y la extensión de la red de gas natural en buena parte del norte argentino son algunas de las obras que facilitan la concreción de nuevos proyectos de explotación minera.
En el último año, se ha asegurado suficiente financiamiento como para pasar a la etapa de ejecución de un par de importantes proyectos argentinos: el ferrocarril Trasandino central que une la localidad argentina de Mendoza con Los Andes en Chile, y el Gasoducto del Noroeste Argentino el cual trasportara gas desde Bolivia a todo el noroeste argentino, son algunas de las obras priorizadas para ejecutar en el país. Al mismo tiempo, existen ciertas movilizaciones por parte de organizaciones de la sociedad civil argentinas tales como el Foro Ecológico de Paraná y el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), los cuales intentan llamar la atención acerca de los serios riesgos ambientales, sociales, culturales y de transparencia relacionados con el desarrollo de dichos proyectos.
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