Reformas, también en las FF.AA.

Por  Martín Balza - Clarín.com

Recientemente ha trascendido que el Ministerio de Defensa dispondrá importantes reformas en un área por demás sensible y casi ignorada en el presente siglo. A priori, y sin conocimiento de ellas, las considero impostergables. Las Fuerzas Armadas existen en razón del derecho y la obligación ineludible del Estado de garantizar la defensa de la sociedad organizada.

Nuestro país debe fortalecer su capacidad de negociación, lo que impone contar con fuerzas militares de tal magnitud, eficiencia, profesionalidad y motivación, que den respuesta real a la natural demanda de sus habitantes, y cuya capacidad de disuasión le permita alcanzar los objetivos nacionales y políticos ansiados por el pueblo.

Los Estados, por más amantes de la paz que se declaren, no deben soslayar desafíos ni amenazas. Eso constituiría una omisión infantil e injustificable. No implica en absoluto incursionar en una carrera armamentista, sino avanzar hacia un impostergable reequipamiento, congelado a principios del actual milenio. Solo se pretende rescatar el concepto del “…derecho inmanente de legítima defensa”, proclamado en el Art. 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

En tal sentido, me permito recordar lo que el Ejército realizó en la década de los `90: una restructuración autoimpuesta que significó un cambio de pautas culturales, libre de todo condicionamiento político e ideológico. Apreciamos entonces que el mundo de Posguerra Fría ya no sería bipolar, estructurado y previsible, sino unipolar en lo militar, incierto, colmado de conflictos y desafíos, unos visibles y otros latentes que impondrían actuar con sentido predictivo sobre la misión, el dimensionamiento, la estructura, el despliegue y la capacidad operativa y logística de la Fuerza.

Avanzamos en el respeto a las instituciones republicanas y los derechos humanos; en un sistema educativo basado en la búsqueda de la máxima excelencia; en el logro de un mando por objetivos compartidos; en el servicio militar voluntario; en la activa participación en misiones de mantenimiento de la paz en el marco de las Naciones Unidas; en la integración con los ejércitos de los países vecinos; en una impostergable actualización doctrinaria e incrementamos la participación de la mujer.

No se descuidó la significativa incorporación de armamento, material y tecnología avanzada. Lo expresado está consignado en la Memoria del Ejército Argentino 1992-1999, Primera y Segunda Parte (Un Ejército hacia el siglo XXI).

El siglo finalizó con una década ganada para el Ejército. Esta modernización fue concebida por un excelente equipo de generales y ejecutada por entusiastas oficiales y suboficiales; estos últimos constituyen la columna vertebral de toda fuerza armada. Se eliminó toda parálisis por análisis.

En los trabajos se respetó la sentencia de Manuel Davenport y James Stockdale: “La profesión militar carece de máxima dignidad y jerarquía cuando las decisiones militares se basan en consideraciones puramente políticas”.

Una de las deudas pendientes--por incomprensión de gran parte de la dirigencia política--fue no capitalizar debidamente las experiencias del Conflicto del Atlántico Sur, donde el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea libraron--operativa y logísticamente-cada una su propia guerra; excepto en contadas ocasiones en el marco táctico en las Islas.

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas e incompetentes mandos superiores en el continente olvidaron que el accionar conjunto -para el que no estábamos preparados- es parte y todo del éxito en el combate.

El desafío a enfrentar por las autoridades actuales, incluido el Poder Legislativo, no es menor, pues coexisten viejas y nuevas amenazas. En el área de Seguridad: el desborde del terrorismo internacional, el narcotráfico, el resurgimiento de fobias étnicas , las mafias, las agresiones al medio ambiente, las descontroladas migraciones masivas, las apetencias territoriales y la posibilidad del acceso a las armas químicas y bacteriológicas .

En el área de Defensa: la explotación de los recursos de mar y los vacíos geopolíticos. En nuestro caso, la Patagonia con el 30% de la superficie del país y solo el 5% de los habitantes, y un litoral marítimo de más de 5 mil Km de costas. Ambas, joyas de materias primas desprotegidas y vulnerables.

El Estado debe ejercer el uso legítimo de la fuerza acorde con el orden jurídico vigente: la ley 23554 de Defensa Nacional y la ley 24059 de Seguridad Interior. La situación actual en nuestro país no impone vulnerar el principio de empleo escalonado de la violencia legítima. Afectar el instrumento militar en el marco interno sería prematuro, innecesario, desmoralizador e inconducente.

En buena hora las decisiones del Gobierno actual sean consecuencia de una acertada apreciación de situación de Estrategia Nacional que adopte disposiciones contra-aleatorias y priorice los principios de Unidad de Comando y Economía de Fuerzas.

En una primera fase, aprecio imprescindible potenciar las atribuciones del Estado Mayor Conjunto, el redespliegue, el dimensionamiento y un realista reequipamiento del Instrumento Militar. La prevención es paradigma de acción y, para una visión pragmática, es preferible ser criticado por prevenir mediante una disuasión creíble que ser elogiado por privilegiar la vulnerabilidad y la indefensión.

Martín Balza es ex jefe del Ejército y ex embajador en Colombia y en Costa Rica. Veterano de Guerra de Malvinas.