La reiteración del apoyo del presidente Mauricio Macri al campo, que volvió a quedar de manifiesto en la Exposición Rural de Palermo, puede tomarse como un desafío.
Si se mueven con inteligencia, tanto el sector privado como el público que trabaja en la actividad tienen la oportunidad para que esas palabras no se pierdan en la vorágine de la campaña electoral.
Macri dijo que el Gobierno está dispuesto a impulsar una reforma tributaria. Se supone que la discusión será para después de las elecciones de octubre próximo. Dependerá en mucho del resultado de los comicios y de la correlación de fuerzas entre el oficialismo y la oposición. Pero aun si Cambiemos tuviera un buen desempeño electoral nada asegura que la reforma impositiva signifique una reducción de la presión tributaria sobre la actividad. Esto no es tanto por las palabras del propio Presidente, que reconoció que los impuestos eran altos, sino por la realidad de los números y algunas creencias que anidan en la coalición gobernante. El déficit fiscal es uno de los problemas críticos que tiene la política económica del Gobierno, según reconocen los economistas. Y bajarlo en forma gradual será una disputa palmo a palmo entre Nación y provincias .
Además de esa puja, en la estructura de Cambiemos hay quienes no cuestionan el discurso de la oposición cuando afirma que "al campo se lo benefició" al reducirse los derechos de exportación y eliminarse las trabas al comercio y a la exportación. De alguna forma el propio Macri intentó replicar esa consigna en Palermo cuando dijo que más que beneficiar al campo lo que se hizo fue sacarle el pie de encima.
El crecimiento de las áreas del maíz y del trigo en la campaña pasada demostró lo que se venía diciendo desde mucho antes: que sin tributos distorsivos la producción responde.
Y aquí se encuentra la clave de la discusión que ya comenzó: con una baja de la presión impositiva hay mayores incentivos a la inversión y, en consecuencia, mejora la competitividad. Pero si la dirigencia rural, tanto de los productores como de la industria, no consigue hacerse oír en la discusión sobre la reforma impositiva, corre el riesgo de que las cosas sigan como están. Las divergencias que se presentaron para la firma del acuerdo laboral que el Ministerio de Trabajo anunció para los convenios de trabajadores avícolas, de arándanos y las condiciones para la descarga de silobolsa no son un buen augurio.
El Gobierno enfrenta otros dilemas. Uno de ellos es el de la política comercial. Mientras pregona su objetivo de convertirse en el "supermercado del mundo" y alienta la apertura comercial, los países centrales no se ponen colorados en el momento de aplicar la vieja receta del proteccionismo. Lo demostró la Unión Europea al postergar el levantamiento de las medidas antidumping contra el biodiésel argentino y lo refleja Estados Unidos al demorar la apertura de su mercado para el ingreso de carne argentina. A eso hay que sumar China, que con su política de negociar producto por producto termina dilatando el ingreso de alimentos argentinos.
En el plano interno también hay presiones. Los productores de banana de Formosa y Salta reclamaron esta semana un freno al ingreso de frutas porque, dicen, la sobreoferta mundial los está perjudicando. También enfrentan problemas de competitividad comunes a otras economías regionales. Problemas de una agenda cargada.
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