Por Germán de los Santos - LA NACION
Justicia hizo ayer 35 allanamientos en esa ciudad; la AFIP estimó que la evasión llega hasta los $ 2500 millones
ROSARIO.- Una usina de facturas truchas se empezó a desmantelar ayer en esta ciudad, donde la justicia federal ordenó 35 allanamientos. Se sospecha que en Rosario funciona una organización que comercializa en unas 6500 empresas y comercios de todo el país comprobantes apócrifos con los que se evadieron -según calcularon fuentes de la AFIP- unos 2500 millones de pesos.
Durante el operativo ordenado por el juez federal N° 3, Carlos Vera Barros, se allanaron 35 domicilios en Rosario y las fuerzas de seguridad nacionales detuvieron a cinco personas, que serían los principales responsables de la asociación ilícita. La justicia federal restringió la salida del país a otras 15 personas que también habrían participado de la organización, y se libraron inhibiciones generales de bienes a todos los integrantes de la presunta banda delictiva.
Una banda importante
En total fueron identificadas cerca de 80 personas, entre las que se encuentran escribanos, contadores, expertos informáticos y personal de áreas administrativas y comerciales. Sobre ellos se concretaron intervenciones telefónicas para obtener los detalles de la acción delictiva.
La banda se dedicaba a armar empresas con personas insolventes, facturando con 72 CUIT distintos y con diferentes modalidades de facturas apócrifas, que incluyen comprobantes en papel, electrónicas, tickets, emisiones por controladores e impresoras fiscales.
La causa se originó a partir de una investigación que comenzó en la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas de la AFIP y se trabajó en conjunto con la Fiscalía Federal N° 3. Participaron más de 150 funcionarios de la agencia de recaudación y 200 de Gendarmería, quienes secuestraron documentación y material informático relevante para la causa. Algunos domicilios allanados están en pleno microcentro de Rosario: Córdoba al 645, 9 de Julio al 900 y Mendoza al 500.
Esta organización delictiva se dedicaba a "armar" empresas, que luego de inscribirlas en la AFIP eran utilizadas sólo para emitir "facturas truchas", procedimiento que puede ser identificable a través de herramientas de control que el organismo diseñó a partir de la obligación de emitir facturas en forma electrónica, y el deber de las empresas de presentar los correspondientes libros electrónicos de compras y ventas.
Las empresas tienen como socios y directores a personas insolventes, que identificaron en algunos casos a los organizadores de la maniobra.
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