El porvenir argentino y las futuras plantas nucleares

Editorial del diario La Nación

Cuando el mundo desarrollado abandona por peligrosa la energía atómica, la Argentina construirá dos centrales en virtud de los acuerdos con China

Entre los acuerdos firmados en el reciente viaje del Presidente a China se destaca el de la construcción de dos centrales nucleares: Atucha III, junto al río Paraná, en Zárate, y otra central que se instalará en Río Negro. El compromiso provenía del gobierno anterior junto a las polémicas represas sobre el río Santa Cruz. Ambas infraestructuras revelan una nula racionalidad económica y energética y son el resultado de decisiones del Poder Ejecutivo de la década anterior que no han sido social ni institucionalmente consensuadas.

La energía nuclear es difícil de justificar para la Argentina. Es riesgosa, es vulnerable a cualquier atentado terrorista, sus residuos radiactivos persisten por miles de años y es cara. Al mismo tiempo, nuestro país posee mucho gas, con un gran potencial en Vaca Muerta, y excelentes condiciones para el desarrollo de energías renovables. Cabe preguntarse entonces por el sentido de invertir en tecnologías que el mundo está abandonando: Alemania apagará todas sus centrales antes de 2022; Suiza las desactivará una vez cumplida su vida útil, e Italia ha decidido no avanzar en el desarrollo de esta tecnología luego de que un 95 por ciento de los italianos que participaron de un referéndum votaron en contra de la energía nuclear. Incluso Francia, país donde la energía nuclear representa más del 75 por ciento de la matriz eléctrica, ha propuesto diversificar la producción de electricidad y reducir al 50 por ciento el peso de la energía nuclear para 2025. 

La Argentina va por el camino inverso. Parece ignorar que no hay energía nuclear sin riesgo. Riesgo porque implica guardar por miles de años los residuos radiactivos que genera. Riesgo ante un posible atentado, que no es una posibilidad disparatada, y menos para un país que los ha sufrido y no ha podido siquiera avanzar en la investigación de los hechos. Nos guste o no, la energía nuclear aumenta el peligro en nuestra sociedad y se trata de un riesgo no solo para las personas y su salud, sino para la naturaleza.

En los últimos siete años las energías renovables no convencionales eólica y solar fotovoltaica han tenido un crecimiento promedio del 20 por ciento. Desde 2015, la capacidad instalada global de energía eólica superó a la de la nuclear y en breve lo hará también la energía solar.

Es cierto que la intermitencia de las energías renovables es una de sus debilidades, pero con una generación distribuida y descentralizada, el avance tecnológico en almacenamiento y la caída de los costos de las energías renovables no convencionales nos lleva a preguntarnos acerca de la pertinencia de invertir en energía nuclear. El costo de instalación de una central nuclear es, aproximadamente, cuatro veces más caro que el de la eólica. Sin embargo, su capacidad de generación es apenas el doble, y a esto hay que sumarle todo el costo de operación y mantenimiento, el costo del combustible nuclear, la custodia por miles de años de los residuos radiactivos y los impactos de la minería del uranio, que no están contemplados dentro del precio del combustible que utilizan.

Uno de los desvelos del Ministerio de Energía y Minería es el autoabastecimiento energético, pero no es posible confundir el precio del desarrollo con el desarrollo a cualquier precio. Instalar centrales nucleares en la Argentina tiene como única justificación posible la búsqueda de inversiones a cualquier costo. Se trata de una tecnología que ya es antigua y lo será aún más cuando las plantas hayan sido finalizadas.

Es cierto que la instalación de estas centrales se encontraba acordada, sin transparencia alguna ni información pública, por el gobierno saliente con el apoyo del sector nuclear argentino. Pero en una sociedad democrática no resulta aceptable la imposición sin consenso social de infraestructuras capaces de amenazar el entorno y la vida humana. Frente a la aceptación resignada de los acuerdos con China por parte del gobierno actual, parecería que la sociedad no cuenta con medios institucionales para evitar negocios realizados con un altísimo grado de corrupción, a puertas cerradas. Es indudable que, para un país como China, resulta indiferente el control que puedan ejercer las instituciones republicanas. La decisión de construir centrales nucleares debe insertarse en un plan que defina la matriz energética del país, con audiencias públicas, aprobado por el Parlamento.

Desde su reforma en 1994, la Constitución Nacional cuenta con la posibilidad de llamar a una consulta popular que puede ser convocada por el propio Congreso o el Poder Ejecutivo Nacional. Mediante esta modalidad, es posible realizar una consulta sobre una determinada ley o política, o bien sobre cuestiones de Estado excepcionales.

Definir la matriz energética que tendrán las próximas generaciones es, sin duda, una causa lo suficientemente trascendente como para hacer ese ejercicio cívico. En particular cuando se trata de decidir la instalación de industrias que poseen la capacidad de amenazar el entorno y la vida humana. No es que no haya medios institucionales para evitarlo. Solamente hay que utilizarlos. Se necesita generar un debate transparente para evitar errores que no tendrán remedio.

Existen alternativas más limpias, baratas y seguras. Las industrias solar y eólica están creando empleos 12 veces más rápido que otras. Es natural que la sociedad se plantee si tiene sentido seguir adelante con la construcción de centrales nucleares o resulta más adecuado utilizar otras modalidades para generar energía sin riesgos.

El rol del Gobierno debe ser representar y defender el interés público y brindar transparencia. Mas allá del hecho de que los acuerdos hayan sido iniciados por el gobierno anterior, sólo el consenso público podría decidir si el proyecto de construir centrales nucleares posee, más allá de las justificaciones y el interés del sector nuclear argentino, un valor ético. Por ahora, se trata de la imposición de un alto riesgo y un costo innecesario para nuestra sociedad. Sin dudas, éste no es el cambio prometido.