Ante las denuncias por recortes presupuestarios en pensiones por invalidez, el Gobierno aseguró: "Revisamos lo que exige la ley"

(La Nación) - El Ministerio de Desarrollo Social dijo que dio de baja casos que registraban irregularidades; "el programa fue desvirtuado en la gestión anterior", informaron. El Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley, salió a responder las denuncias por supuestos recortes en pensiones por invalidez por cuestiones presupuestarias.

Desde la la oposición, la ex presidenta Cristina Kirchner, la diputada del Frente Renovador, Mirta Tundis, y su par de Proyecto Sur, Alcira Argumedo, denunciaron que el Gobierno dio de baja pensiones a personas con discapacidad aplicando un decreto de 1997.

El Gobierno salió a aclarar que "en modo alguno la CNPA se encuentra realizando bajas de pensiones por cuestiones de razón económica". Aseguró que las bajas efectuadas tienen su causa "exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas que se realizan en forma habitual en cumplimiento de la legislación vigente y de los correspondientes decretos reglamentarios".

Macri junto a la ministra Stanley durante una visita oficial. Foto: Archivo

Según informaron, en 2015 fueron dadas de baja 168.500 pensiones mientras que en 2016 se dieron de baja 90.000 pensiones. Y destacaron que el padrón está abierto "en forma permanente" a la incorporación de nuevos pensionados que cumplan con los requisitos correspondientes

Guillermo Badino, que lidera la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) de la cartera, dijo a LA NACION que "se trata de un programa que fue desvirtuado en la gestión anterior". "La pensión por invalidez total y permanente fue administrada de manera clientelar con gente muy vulnerable. Había 180 mil pensiones en 2010 y en 12 años de gestión se multiplicó por diez. Distribuyeron pensiones en locales partidarios sin tener en cuenta los requisitos", sostuvo el funcionario.

Badino mencionó como ejemplos "pueblos en donde el 120 de la población figuraba como inválida" y que hubo médicos que "mintieron en los porcentajes de invalidez en los certificados médicos". "Es un programa que fue absolutamente desmanejado o manejado fraudulentamente", sostuvo.

Y añadió: "No estamos tomando un viejo decreto para administrar el presupuesto, estamos revisando lo que se nos exige, que son los requisitos. Evaluamos si se siguen cumpliendo cuando entregamos la pensión. Y no se hace ahora, también lo hicimos el año pasado y en 2015, la comisión funciona así. Acá hay un manejo político de este tema, con algo que se hace desde siempre".