Tras los atentados de septiembre de 2001 aumentaron geométricamente en Estados Unidos los gastos en seguridad y defensa que están cerca de u$s 1 billón, al tiempo que disminuyeron las libertades civiles de sus ciudadanos con la llamada "Ley Patriótica" que le dió amplios poderes a las agencias de inteligencia con el fin de detectar posibles terroristas.
Pero si hay un monumento duradero para recordar lo ocurrido, es el que está escondido a los ojos de la población en el desierto de Utah, a 40 km de Salt Lake City, la capital del estado.
Este enorme edificio, que cuesta u$s 2.000 millones, está diseñado para captar la masa de información digital, los billones de mails, búsquedas en la web y transacciones comerciales aspirada por la National Security Agency, la oficina de supervisión electrónica del gobierno de EE.UU. Otro centro de almacenamiento similar está en construcción en San Antonio, Texas.
Estos nuevos edificios servirán de back up para la sede del NSA en Fort Meade, Maryland que tiene su propia salida de autopista para guardar desde registros de las llamadas telefónicas desde y hacia Irán a las compras con tarjeta de crédito de potenciales sospechosos.
La NSA necesita todo el espacio de almacenamiento posible. Según James Bamford, autor de numerosos libros sobre esa agencia, para el año 2015 ésta almacenará datos equivalente a alrededor de un cuatrillón la unidad seguida de 24 ceros de páginas de texto.
La economía de EE.UU. puede estar estancada, lo que alimenta la desilusión de la gente en los dirigentes políticos, pero una línea de negocios ha tenido una década fantástica: la de la Defensa, con los miles de establecimientos de seguridad e inteligencia que crecen en torno. Después del 11-S, se impulsó una revolución burocrática que modificó al establishment de la inteligencia estadounidense para solucionar una de las grandes fallas de seguridad de los meses previos a los ataques: el hecho de que no se reuniera la información acumulada en distintas agencias del gobierno.
El comienzo de la Guerra Fría vio la primera fase de un acuerdo reconocible entre los militares y los servicios de inteligencia, con la creación de la Central Intelligence Agency (CIA) y la defensa de los intereses estadounidenses en el exterior. Después del 11-S, el foco se ha concentrado cada vez más en el frente interno.
El presupuesto del Pentágono creció. "Prácticamente todo lo que pedían se les daba porque estábamos en guerra. En términos absolutos, el gasto militar es más alto que en ningún momento desde la Segunda Guerra Mundial; es más alto que en la Guerra de Corea", señaló William Hartung, de la New America Foundation, un think tank de Washington.
Desde que asumió en 2009, el presidente Barack Obama hizo pocas modificaciones. Hasta ahora, sólo ha recortado un poco el gasto de Defensa, y mantuvo muchas de las medidas de seguridad impuestas por Bush.
"Es muy difícil encauzar recursos porque implica un riesgo político. Históricamente EE.UU. no puede, por muchas razones, unir un gobierno y una sociedad muy fragmentados en torno a más de un par de grandes ideas al mismo tiempo", opinó Philip Zelikow, un funcionario del gobierno de Bush.
La reestructuración del sistema de inteligencia y la creación del Department of Homeland Security, nacido de la unión de 22 agencias que incluyen la aduana y los guarda costas, han sido exitosas en un sentido porque no hubo ningún gran ataque terrorista en suelo estadounidense desde septiembre de 2001. Pero, además de este Departamento, el esfuerzo está incorporado en todos los niveles del gobierno. Reparticiones como el Tesoro o el Departamento de Justicia ahora incluyen divisiones relacionadas con la lucha contra el terrorismo.
Los críticos no dudan de eso, pero dicen que la respuesta al 11-S impuso costos enormes y se descuidó la economía interna. El gasto en Defensa se ha duplicado en la última década para llegar casi a u$s 700.000 millones, incluyendo las guerras en Irak y Afganistán. Como ocurre usualmente cuando aumenta el dinero disponible, proliferó el despilfarro. El gasto en el centro de datos de la NSA en Utah es pequeño comparado con el presupuesto de seguridad y defensa, que es cercano a u$s billón, pero es simbólico del segundo legado del 11-S: el debate sobre las libertades civiles.
El senador Ron Wyden, un demócrata de Oregon que es miembro del Comité de Inteligencia del Senado, dijo durante el debate sobre la necesidad de extender la llamada Ley Patriótica, que el público estaría conmocionado si supiera las cosas a las que puede tener acceso el gobierno. Promulgada después de los ataques, esta legislación le dio al FBI, a los espías y a la policía la expansión en sus poderes para buscar registros electrónicos y físicos, y detener inmigrantes ilegales, que solicitaban desde hacía mucho.
A diez años de los ataques, EE.UU. es más introspectivo. El presupuesto federal está muy presionado, en parte por las deudas acumuladas en la última década y, aunque el país sigue siendo un símbolo de libertad para el resto del mundo, tiene ahora un nuevo contrato social interno en el que se soporta la supervisión a cambio de seguridad. La tierra de los libres nunca ha estado tan vigilada como ahora.
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