Por: Nicolás Pizzi - Diario Clarin
La mayoría de las casas no son de material y corren riesgo de derrumbe. Además en la Comuna dicen que obstaculizan el plan de urbanización. Hay vecinos que están dispuestos a irse a cambio de dinero.
De manera silenciosa, como todo lo que tienen pensando hacer este año para las villas 31 y 31 bis, el Gobierno porteño comenzó a dialogar con unas 750 familias, aquellas que viven cerca de las vías del ferrocarril, para que abandonen sus casas. Para compensarlos, se habla de viviendas (en Capital o Provincia, aún no está definido) y de dinero, aunque, según pudo saber Clarín, la gran mayoría se inclina por la segunda opción. Por eso, las negociaciones prometen extenderse. "Es mucho dinero y en este momento no está disponible", admitió ayer un funcionario que comanda la ayuda social en las villas porteñas.
La mayoría de las casas no son de material y corren riesgo de derrumbe. Además en la Comuna dicen que obstaculizan el plan de urbanización. Hay vecinos que están dispuestos a irse a cambio de dinero.
De manera silenciosa, como todo lo que tienen pensando hacer este año para las villas 31 y 31 bis, el Gobierno porteño comenzó a dialogar con unas 750 familias, aquellas que viven cerca de las vías del ferrocarril, para que abandonen sus casas. Para compensarlos, se habla de viviendas (en Capital o Provincia, aún no está definido) y de dinero, aunque, según pudo saber Clarín, la gran mayoría se inclina por la segunda opción. Por eso, las negociaciones prometen extenderse. "Es mucho dinero y en este momento no está disponible", admitió ayer un funcionario que comanda la ayuda social en las villas porteñas.
El sector de la Villa 31 bis que está en la mira de las autoridades está pegado a las vías. Los funcionarios aseguran que esas viviendas corren peligro de derrumbe, pero también hacen hincapié en su ubicación. "Son un obstáculo para la urbanización, para abrir calles", explican. La zona más organizada es la manzana 104. Según cuentan sus propios habitantes, se formó hace tres años entre las vías del San Martín y donde circulan los trenes de carga, que llevan los contendores hacia el Puerto. Allí viven unas 256 familias en condiciones precarias. De hecho, menos de la mitad de las casas son de material.
Clarín recorrió ayer el lugar y comprobó que la mayoría de sus pobladores prefieren una suma de dinero para abandonar los terrenos. El Gobierno porteño, igualmente, espera los resultados del censo que hizo este fin de semana para avanzar con el proyecto de relocalización. Es que además de determinar el acceso a programas sociales y la composición de las familias, el estudio permitirá conocer las expectativas de los habitantes: dónde quieren vivir y si están dispuestos a abandonar la villa.
"Si me dan la plata yo me voy mañana mismo porque acá no tengo nada y ya me robaron tres veces en menos de un año", contó Norma (45 años), que cría sola a sus dos hijos, 10 y 8 años. Antes de llegar a la 31 alquilaba una vivienda en Lomas de Zamora. La relación con los propietarios no terminó bien. "Me subieron al alquiler a $ 250, no lo pude pagar y se quedaron con parte de mis cosas", le contó a Clarín.
Con más antigüedad en el barrio -llegó hace tres años cuando la manzana cobraba vida-, Abelardo Montero (45 años) también se anota entre los que prefieren dinero en efectivo. "Es la única manera de comprar algo y darle lo mejor a mi hijos", razona en voz alta. Trabajó de manera estable como albañil cuando llegó desde Bolivia, pero ahora apenas consigue changas. El resto de las familias que podrían dejar la villa viven a un costado de las vías, cerca de donde hasta el año pasado funcionaba la hormigonera. Adentro de la villa, se lo conoce como "la parrilla ferroviaria". Allí la enorme mayoría de las casas tienen paredes de madera o de chapa, y sus habitantes viven del cartoneo. Seguramente, no van a ser los más beneficiados cuando se cierre un acuerdo. "El que tiene casa de material puede pedir más", razonó un delegado que participó este verano de las primeras reuniones con los funcionarios porteños.
En la Comuna estiman que las negociaciones para desalojarlos pueden llevar varios meses. El principal obstáculo en este momento es financiero: se calcula que mudar a cada familia podría significar entre $ 30 mil y $ 50 mil. Mientras tanto, decidieron avanzar con las obras para dar agua potable y para mejorar el servicio de luz en ese sector de la 31 bis. Durante la campaña de 2007, Macri había hablado de "erradicar" las villas 31 y 31 bis. Avanzada la gestión, decidió hacer hincapié en detener el crecimiento. Un fallo judicial y el acuerdo posterior con la Nación permitieron instalar los controles y frenar el ingreso de materiales. Ahora, resta una definición sobre unas 50 casas que corren mayor peligro de derrumbe. Según pudo saber Clarín, hay tres instituciones realizando pericias sobre esas viviendas.
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