Por Marcelo Silva de Sousa - LA NACION
Una jueza de primera instancia le dio tiempo al Gobierno al dar lugar a su apelación de un fallo anterior, pero no se pronunció sobre la cuestión de fondo, que pasó a la Cámara del Trabajo.
El Gobierno recibió ayer una bocanada de aire en su extensa disputa con los gremios docentes. La Justicia suspendió provisionalmente el fallo que le ordenaba convocar a los docentes a una paritaria nacional. La suspensión fue consecuencia automática de la decisión de la jueza de primera instancia Alicia Pucciarelli de dar lugar a la apelación, presentada por el Gobierno, a un fallo de la jueza Dora Temis. Ahora la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo deberá resolver si le da la razón a la Casa Rosada o a los gremios docentes.
La resolución de una carilla de Pucciarelli, a cargo del Juzgado Nacional de Trabajo N° 60, no fue un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo: la obligatoriedad o no de reunir a los docentes en una paritaria nacional.
La jueza concedió "con efecto suspensivo" el recurso de apelación que el 11 de abril había presentado el Gobierno. Pucciarelli intervino debido a que la jueza Temis, que había dictado la medida cautelar a favor de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), había sido recusada. La Cámara Nacional de Apelaciones no resolvió todavía si queda firme la recusación. Funcionarios oficiales habían marcado una "clara animosidad" en el fallo de Temis, jueza de primera instancia.
El principal efecto de lo resuelto por Pucciarelli es que el Gobierno no está obligado a convocar a paritarias, al menos por los próximos días. La Sala VIII de la Cámara del Trabajo, presidida por Luis Catardo, intervendrá ahora en el caso.
El 6 de abril, el Juzgado de Trabajo N° 58, a cargo de Temis, había declarado admisible una medida cautelar presentada por la UDA, gremio que conduce Sergio Romero. Al mismo tiempo había ordenado al Ministerio de Trabajo convocar, en el plazo de cinco días, la paritaria nacional, algo que el Gobierno anunció que no haría, sino que daría a cada provincia libertad de negociar las subas salariales en función de sus posibilidades.
La jueza se había basado en el artículo 10 de la ley de financiamiento educativo, que establece que el Ministerio de Educación, junto al Consejo Federal, deben acordar con los gremios un "convenio marco" sobre diferentes asuntos, como el salario mínimo docente.
En la Casa Rosada recibieron como un primer triunfo la resolución de ayer. Más cautos, conscientes de que la suspensión corresponde a una cuestión procesal, en el Ministerio de Educación tomaron con calma la decisión de Pucciarelli. "Vamos a esperar a ver cuál es la decisión definitiva", aseguraron a LA NACIÓN, escuetos, cerca del ministro Bullrich.
La Cámara del Trabajo no tiene un plazo estricto para pronunciarse. Sin embargo, debido a la importancia política del caso, en la Casa Rosada confían que la resolución definitiva no se dilatará mucho.
Los gremios docentes le restaron importancia a la decisión. Aseguraron que se trata solamente de un paso procesal. Y señalaron que "el Gobierno está presionando a la Justicia para tener un fallo favorable".
"Vamos a tener un resultado favorable en la Cámara. Pese a que están tratando de incidir sobre el Poder Judicial, es una batalla perdida para el Gobierno", afirmó a LA NACIÓN Sergio Romero. El gremio UDA, además, evalúa presentar en los próximos días una denuncia penal contra Bullrich y su par de Trabajo, Jorge Triaca.
La judicialización del conflicto con los maestros, que desde principios de año reclaman la convocatoria a la paritaria nacional, empezó el 27 de marzo. Ese día, la UDA presentó el recurso de amparo para que inmediatamente se ordenara convocar a una discusión salarial.
Por sorteo, el expediente había recaído en el juzgado de Temis. El Gobierno apuntó desde un primer momento a esta jueza, propuesta por Cristina Kirchner en 2008. Luego de que le dio lugar al reclamo gremial, el Gobierno apeló el fallo y pidió la recusación de la magistrada, cercana al espacio Justicia Legítima.
Desde el inicio de la disputa, en la Casa Rosada sostienen que no se está incumpliendo la ley nacional de educación. De hecho, el ministro de Educación manifestó que no se puede convocar a la paritaria porque "ya lo hizo".
El año pasado, el Gobierno acordó con los gremios que el salario docente estaría un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil. Los funcionarios consideran que allí se fijó el piso salarial para todo el país, por lo que no tiene razón de ser el llamado a una paritaria a nivel nacional. Sin embargo, los gremios docentes entienden que la falta de una negociación nacional profundiza las disparidades salariales entre distritos.
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