La investigación sobre el empresario kirchnerista. Oil Combustibles debe casi 8 mil millones de pesos y ahora la Justicia Nacional podría intervenir en el concurso de acreedores. El empresario K apostaba a mantener el expediente en Chubut.
Estación de servicio Oil. Foto Pedro Lázaro Fernández
Un juez nacional de comercio declaró hoy la competencia de ese fuero para intervenir en el concurso de acreedores presentado en la provincia de Chubut por la empresa Oil Combustibles, de Cristóbal López, porque su domicilio es en la Capital Federal y no en la ciudad de Comodoro Rivadavia, informaron esta tarde a Clarín fuentes judiciales.
De esta manera, el juez Héctor Hugo Vitale ordenó comunicar al juez chubutense Gustavo Toquier que deberá inhibirse de seguir con el trámite del concurso y que si no está de acuerdo que remita el asunto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el único tribunal superior común a ambos magistrados para resolver el conflicto de competencia.
La medida adoptada por Vitale fue a pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a la que Oil Combustibles adeuda casi 8 mil millones de pesos. La AFIP ya había denunciado a la firma por "insolvencia fiscal fraudulenta" ante la Justicia Penal Económico, pero esta causa seguramente terminará en el fuero penal federal ya que allí se imputó también este hecho a través del fiscal Gerardo Pollicita y en el marco de la causa por "asociación ilícita" entre ex funcionarios kirchneristas y empresarios beneficiados con la obra pública. Además, la AFIP obtuvo una medida cautelar en el fuero Contencioso Administrativo que frenó cualquier movimiento en varias de las empresas del Grupo Indalo.
Oil Combustibles se había presentado ante la Justicia chubutense con el inicio del trámite de cambio de domicilio ante las autoridades de esa provincia, pero como el traspaso aún no había sido aprobado por la Inspección General de Justicia (IGJ) nacional, los expedientes de la sociedad están en la Capital Federal y no en Comodoro Rivadavia.
Vitale aclaró en su resolución, firmada tras un dictamen favorable de la fiscal Raquel Mercante, que una vez recibido el concurso en los tribunales nacionales enviará el caso a la Cámara de Apelaciones del fuero para que se sortee el juzgado capitalino que intervendrá en el caso.
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