La resolución de la ministra Bullrich alcanzaráa los 115.263 efectivos de las fuerzas federales; los de mayorrango tendrán que entregarlas a la Oficina Anticorrupción
Todos los integrantes de las fuerzas de seguridad deberán presentar obligatoriamente, en un plazo máximo de 90 días, sus declaraciones juradas de bienes. El Ministerio de Seguridad de la Nación preparó una resolución para que los 115.263 agentes de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) pongan por primera vez sus posesiones bajo análisis de las autoridades.
En la medida firmada por la ministra Patricia Bullrich se establece como necesaria la búsqueda de "transparencia institucional" a partir del sistema de presentación de las declaraciones juradas. La información requerida deberá incluir, además, los bienes de los cónyuges e hijos no emancipados.
Esos datos quedarán bajo examen de la Dirección Nacional de Control de Integridad de las Fuerzas de Seguridad y deberán ser renovados cada cinco años, o cuando el agente sea propuesto para un ascenso.
Bullrich decidió, además, reglamentar el nivel de jerarquías de quienes deberán presentar sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA). Hasta ahora, esa información era solicitada sólo a los poseedores de los grados máximos en cada fuerza. Con la nueva resolución del Ministerio de Seguridad, la obligación alcanzará al menos a las cuatro primeras jerarquías.
Así, deberán entregar a la OA sus detalles de bienes todos los policías federales con rango de comisario general, comisario mayor, comisario inspector y comisario; también, los subcomisarios que tengan funciones de comando. En la Gendarmería serán requeridas a los comandantes generales, comandantes mayores, comandantes principales y comandantes; en la Prefectura tendrán esa obligación los prefectos generales, prefectos mayores, prefectos principales y prefectos, en tanto que en la PSA serán exigidas las declaraciones de comisarios generales, comisarios mayores, inspectores y subinspectores.
El detalle de propiedades, vehículos y fondos personales de los oficiales superiores será enviado a la Oficina Anticorrupción. En cambio, el resto de los miembros de las cuatro fuerzas de seguridad deberán poner sus declaraciones juradas a disposición de sus mandos, quienes deberán tenerlas disponibles a solicitud del Ministerio de Seguridad.
Antecedente bonaerense
En marzo pasado, el Ministerio de Seguridad bonaerense tomó la decisión de exigir la declaración jurada de bienes a los oficiales superiores de la policía provincial. La determinación de Bullrich irá aún más allá, ya que reclamará el detalle de propiedades a todos los integrantes de las cuatro fuerzas federales, incluyendo a sus familiares directos. "Las declaraciones juradas constituyen uno de los sistemas más utilizados de prevención y control de la corrupción, y propenden a la transparencia de la función pública", es uno de los argumentos centrales de la resolución ministerial.
La observación patrimonial se extenderá a los aspirantes a ingresar en las fuerzas federales de seguridad. En el Ministerio de Seguridad reconocen como positiva la norma interna de la Policía Federal que desde 1983 exige la declaración jurada de bienes a quienes ingresan en su institución, aunque esa primera inspección de bienes no tiene luego continuidad hasta que se llega a los rangos superiores, lo que en general ocurre luego de treinta años de carrera en la fuerza.
Por eso, en la nueva resolución quedó determinado que el período de vigencia máximo de las declaraciones será de cinco años.
La solicitud de declaraciones juradas a los empleados del Estado es algo cotidiano en todas las dependencias y se debe cumplir con una renovación anual. Sin embargo, las fuerzas de seguridad no estaban hasta ahora incluidas en esos pedidos y con esas características. "El almacenamiento de las declaraciones juradas permitirá una normativa uniforme para alcanzar los máximos niveles de transparencia y control de la corrupción", se señaló como idea central en la iniciativa.
La intención de Bullrich es tener a mano cualquier información sobre desvíos patrimoniales de los agentes a su cargo, con posibilidad de realizar los correspondientes análisis en las unidades de auditoría interna del Ministerio de Seguridad sin tener que depender de las investigaciones que pudiera realizar la Oficina Anticorrupción.
Si bien en las fuerzas de seguridad federales no hubo casos judicializados de corrupción en sus cúpulas, en los últimos tres años cayeron al menos las jefaturas policiales de Santa Fe, Córdoba y Formosa por casos vinculados con negocios ilícitos, especialmente a partir de la penetración del narcotráfico en diferentes niveles de la vida social argentina.
En ese sentido, sí se dieron casos de participación directa de uniformados federales con rangos menores en bandas delictivas. Precisamente como una forma de evitar ese riesgo o de detectar anticipadamente potenciales casos de corrupción es que el Ministerio de Seguridad diseñó y estableció la decisión de exigir las declaraciones juradas a la totalidad de los uniformados.
Del editor: qué significa. El análisis de las posesiones de los uniformados permitirá prevenir casos de corrupción y, también, podría revelar enriquecimientos precedentes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios mal redactados y/o con empleo de palabras que denoten insultos y que no tienen relación con el tema no serán publicados.