Una Aduana al servicio del contrabando

(Editorial del diario La Nación) - Durante la conducción de Echegaray, la AFIP no sólo apañó la corrupción kirchnerista, sino que también fomentó la actividad de mafias de contrabandistas


La corrupción en los años del kirchnerismo fue altamente contagiosa, y una de las mejores muestras de esa epidemia fue la Aduana, que integra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entonces a cargo de Ricardo Echegaray, actual titular de la Auditoría General de la Nación, pese a las graves sospechas de corrupción que recaen sobre él.

En 2011, tres hermanos de apellido Paolantonio crearon una empresa de transporte con un capital de 80.000 pesos. Ubicada a pocas cuadras de la Casa Rosada, la firma, supuestamente dedicada al transporte de contenedores, en realidad era sólo una pantalla para una de las mayores operaciones de contrabando de las últimas décadas, que pudo llevarse a cabo sin problemas hasta el año pasado por contar con la activa complicidad de funcionarios aduaneros que cobraban importantes coimas de los hermanos Paolantonio.

En 2014, la empresa movilizó 180 contenedores, y el año pasado, más de 500. En su interior había productos generalmente fabricados en China, embarcados en Hong Kong. Mediante el pago a la Aduana de coimas que iban de 40.000 a 80.000 dólares por contenedor, los Paolantonio lograban introducir en el país cuanto deseaban.

Estas maniobras delictivas ejecutadas en gran escala y a lo largo de varios años se descubrieron cuando, tras el cambio de gobierno, asumieron las nuevas autoridades al frente de la Aduana, encabezadas por Juan José Gómez Centurión. Ante las sospechas sobre el peso de algunos contenedores, los enviaron a canal rojo para ser inspeccionados. Sin la protección aduanera, sufrían ahora el control exhaustivo de documentación y mercadería, cuando antes, gracias al arreglo, pasaban siempre por el canal verde. Entonces, comenzaron a acumularse esos contenedores en puertos y depósitos fiscales, porque obviamente nadie los reclamaba por tratarse de contrabando. Sumarían entre 3500 y 4000 contenedores, de los cuales más de 300 pertenecerían a las operaciones de los Paolantonio, quienes contaban con varias empresas importadoras cuyos titulares eran otra personas, presuntamente testaferros de los hermanos. La Aduana procedió a revocarles la habilitación a los depósitos fiscales que dieron cabida al contrabando de los Paolantonio, como los ubicados en el Mercado Central y Terminal Carga Tigre, en la zona norte.

En marzo, la Aduana efectuó la denuncia ante la Justicia. En la causa, a cargo del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, es importante que no sólo se llegue a los funcionarios aduaneros que autorizaban el ingreso al país de los contenedores con contrabando, sino también a sus superiores, y a partir de ellos determinar el verdadero papel cumplido por Echegaray. Dentro de la AFIP, la Aduana se encarga de recaudar los impuestos asociados al comercio exterior, aplicar la legislación sobre la importación y exportación de mercaderías y controlar el tráfico de los bienes que ingresan o egresan en el territorio aduanero. En esta tercera obligación es donde la Aduana no sólo fracasó, sino que fue parte activa en un delito que por sus dimensiones tiene que haber contado con la complicidad de muy importantes funcionarios.

Como informó LA NACION, una de las primeras medidas adoptadas por la nueva conducción de la Aduana fue cancelar la habilitación de varios depósitos fiscales, mientras se prepara para revisar los precintos electrónicos que se emplean para monitorear tránsitos y traslados de mercaderías. Fue Echegaray quien decidió acelerar la aplicación obligatoria de los precintos electrónicos de monitoreo aduanero.

Si bien hay cinco prestadores de los precintos, el mercado sabe que sólo tienen dos dueños: Saetech, propiedad de Miguel Pascucci, presidente de la Cámara de Depósitos Fiscales, y RSI Group, de un amigo de Echegaray: Sergio González, a quien pertenecerían las otras tres prestadoras.

En 2014 se conoció que Echegaray estuvo en un lujoso hotel de Copacabana con Jorge "el Uruguayo" Lambiris y González. En aquel entonces, a Lambiris se lo sospechaba de ser el principal proveedor de mercadería prohibida. Lambiris era, además, dueño de Carestiba, el depósito fiscal cancelado recientemente por la Aduana.

Por esas vinculaciones es que resulta imprescindible determinar el rol de Echegaray en las maniobras de contrabando. De confirmarse, el actual titular de la Auditoría General de la Nación, ya imputado en más de una causa, habría propiciado el delito que debía combatir. No sería de extrañar. Lo mismo hizo al otorgarles una inaudita protección a Lázaro Báez y a Cristóbal López, junto a quienes se encuentra acusado.

La gravedad de las imputaciones que pesan sobre Echegaray es otro argumento para que abandone su actual cargo, antes de que intente volver a usarlo en provecho propio.