Por Paula Lugones - Clarin.com
Los técnicos del Fondo contemplan medidas como el freno a la rebaja de las retenciones a la soja o la disminución de las partidas para salarios públicos.
Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional. FMI
El Fondo Monetario Internacional difundió este viernes el detallado informe que los técnicos del organismo presentaron al Directorio para la aprobación el mes pasado del acuerdo stand by para la Argentina por 50.000 millones de dólares. En el extenso documento, los expertos estiman un menor crecimiento del PBI y señalaron que el programa tiene “riesgos evidentes”, aunque estimaron que “la firme y rápida implementación de las políticas permitirán que el país capitalice plenamente su potencial económico y asegure que todos los argentinos estén incluidos en la futura prosperidad del país”.
El informe señala que las “recientes turbulencias del mercado y la contracción fiscal llevarán a un retroceso del crecimiento en 2018”. Se estima que el país crecerá sólo un 0,4% este año; un 1,5% en 2019 y un 2,5% en 2020.
Los técnicos del FMI informaron al directorio de ciertos riesgos que podría enfrentar el programa, pero en Washington se estima que “no es el escenario base” que los expertos manejan ya que están confiados en que el corazón de las medidas encaminadas y promovidas por el Gobierno será implementado.
El informe señala que aún hay “importantes riesgos para la sustentabilidad de la deuda”, y aclara que los más evidentes en el corto plazo están ligados a las necesidades fiscales en un escenario de estrés; la cantidad de deuda en moneda extranjera y el hecho de que la propuesta de consolidación fiscal es ambiciosa, entre otros.
En uno de los capítulos estiman que la duda tendrá un pico a fines de 2018 y comenzará a caer luego gracias al ajuste fiscal, a la recuperación económica, las tasas de interés más bajas. Señalan que luego de haber llegado a un alza de 65% del PBI este año, la deuda caerá a un 56% en el último año del programa.
En otros de los puntos del informe, el FMI señala que el realineamiento de los objetivos fiscales va a estar basado en medidas que ya han sido implementadas este año y “el compromiso de más pasos en el contexto del Presupuesto de 2019”. En este sentido, el organismo especifica:
-La postergación de la implementación de partes de la reciente reforma impositiva a 2020 (como por ejemplo las contribuciones sociales de los empleadores)
-Mantenimiento del promedio de la tasa de exportación de los productos de soja al 25,5%.
-Mayor reducción de subsidios ineficientes en energía y transporte.
-Racionalización de los gastos en otros bienes y servicios, con un recorte de 15% en 2018 que continúe en 2019.
-Reducción del empleo público y congelamiento de contrataciones en la administración federal.
-Recortar las transferencias a empresas estatales un 15% en 2019, en combinación con los esfuerzos de fortalecer su posición financiera.
-Reducir las transferencias discrecionales a las provincias un 1,2% del PBI para 2019. Y recortar el déficit fiscal a nivel provincial.
-Reducir gasto de capital un 0,6% del PBI con la expectativa de que los proyectos con Asociaciones Público-Privadas protejan los planes de infraestructura pública previstos.
-Venta de tierras y amortización de fondos de pensiones que hoy están retenidos para financiar el pago de reclamos de pensiones. El Gobierno busca continuar trabajando en el Parlamento para definir un camino para mejorar el sistema de pensiones para hacerlo más justo y financieramente sustentable.
En Washington estiman que esto no significa que necesariamente estas medidas tengan que implementarse todas, sino que irán cobrando mayores posibilidades a medida que se vayan cumpliendo o no los objetivos.
El FMI resalta que el objetivo del Gobierno es restablecer la confianza de los mercados con un plan macroeconómico que disminuya las necesidades financieras, fortalezca el plan para reducir la inflación y la deuda pública y refuerce la independencia del banco central.
En otro de los capítulos, el FMI destaca que el acuerdo incluye un esfuerzo para “minimizar los efectos del ajuste entre los más vulnerables” y el apoyo a medidas para fomentar la igualdad de género.
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