Las demandas internacionales, el tramo más costoso

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION

Son 19 juicios en el Ciadi, la ICC y la justicia de Nueva York por US$ 6200 millones; las estatizaciones de Aerolíneas e YPF, las más graves.

Pocas veces el presidente Mauricio Macri mostró su enojo en público de manera tan clara como en la noche del 22 de julio pasado. "Por la inmensa torpeza y arrogancia que el gobierno anterior [la gestión de Cristina Kirchner ] tuvo con Aerolíneas [Argentinas], el país fue condenado a pagar US$ 320 millones más intereses", escribió en la red social Twitter. El mensaje fue repetido más de 15.000 veces.

Poco tiempo antes, el Ciadi -un organismo del Banco Mundial encargado de dirimir pleitos entre Estados y empresas privadas- había obligado a la Argentina a pagar esa cifra por la estatización de la línea aérea de bandera al Grupo Marsans, cuyos principales directivos fueron condenados por la justicia española, en medio de un escándalo para el mundo privado. El mes pasado, el país pidió la anulación del laudo.

El encono de Macri fue la reacción visible de una preocupación que persigue al Gobierno desde el primer día de su llegada a la Casa Rosada: la herencia que dejó el kirchnerismo tiene en sus capítulos internacionales 19 demandas contra el país por US$ 6200 millones en tribunales externos como el propio Ciadi, la Cámara Internacional de Comercio (ICC) y la justicia de Nueva York, que le trae a la Argentina malos recuerdos recientes tras la derrota millonaria frente a los fondos buitre, y que integran una deuda total por juicios para el Estado por US$ 37.000 millones. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes oficiales.

Desde la mirada del Gobierno, es un entuerto de difícil resolución. La administración de Macri sabe que debe pagar las sentencias dictadas por esos organismos. De lo contrario perdería credibilidad frente a los inversores internacionales, algo con lo que convivieron Néstor y Cristina Kirchner, pero resulta imposible para el modelo económico actual, que busca generar confianza en el mundo de manera que facilite la llegada de inversiones.

Hasta el momento, la estrategia del Gobierno fue pagar las sentencias, pero discutir al máximo los montos, que suelen fijarse en la etapa final de los litigios. Un ejemplo: pese al reclamo de US$ 157 millones de la alemana Hochtief por la concesión denominada Puentes del Litoral, a fines del año pasado el Ciadi obligó al país a pagar US$ 13,41 millones. El procurador del Tesoro de aquel momento, Carlos Balbín, lo vivió como un gran triunfo.

Un listado oficial de la Jefatura de Gabinete muestra que cinco de esos conflictos están en el Ciadi. Además de la querella por Aerolíneas, hay un reclamo de Abertis (una de las dueñas de Ausol) y la aseguradora Metlife. El Gobierno considera que se trata de casos cruciales, cuya representación no conviene delegar en estudios jurídicos. Por eso quedaron a cargo del Cuerpo de Abogados del Estado, que maneja la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías.

Otros dos juicios en la justicia de Nueva York tienen inquieto al Gobierno. Se trata de demandas por la estatización de la petrolera YPF, en abril de 2012. Uno de los demandantes es el fondo Burford Capital, una especie de megabufete de abogados que compró la quiebra de algunas de las empresas con las que la familia Eskenazi organizó su ingreso en la compañía, a partir de 2008. Burford es quien patrocinó la demanda por Aerolíneas. El último pedido del Estado fue trasladar el pleito a tribunales locales.

Un reclamo similar planteó el fondo Eton Park, que tenía acciones en la petrolera bajo control estatal. Esa entidad mastica enojo contra el país desde que quedó afuera de la compra de la transportadora eléctrica Transener. La participación que pretendía quedó para la firma cordobesa Electroingenería, cercana al kirchnerismo, luego de que el entonces ministro de Planificación Julio De Vido vetara el ingreso de los extranjeros. En ambos casos, el estudio Skadden, Arps, Meagher & Flom Son tiene la defensa.