Por Maia Jastreblansky - LA NACION
Habrá un nuevo estatuto para los abogados del Estado; fuerte depuración.
El Gobierno busca reaccionar a la "bola de nieve" que crece año a año por las demandas judiciales contra el Estado y que constituye una contingencia multimillonaria para las arcas estatales. De acuerdo con el Sistema de Gestión de Juicios (Sigej), en la última década se acumularon unos 100.000 procesos por año, un número que despertó la alerta y activó una depuración.
El procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, realizó auditorías para conocer la real dimensión del conflicto y determinó que el sistema tiene problemas endémicos.
La primera medida que dispuso para reducir la litigiosidad fue depurar aquellos juicios que estaban en condiciones de cerrarse, ya sea porque estuvieron paralizados por varios años y debían prescribir, o porque estaban archivados o caducos. Según fuentes oficiales, en el segundo semestre de este año, se "limpiaron" unos 13.000 expedientes por mes debido a este concepto.
Otra de las medidas que impulsa la Procuración del Tesoro (PTN) es modificar los procedimientos en las carteras litigiosas. El Gobierno tiene 132 servicios jurídicos repartidos en las dependencias públicas, mientras que el Cuerpo de Abogados del Estado, que depende de la PTN, cuenta con más de 3500 abogados, repartidos en todo el país. A pesar de ese plantel, muchas veces en las provincias tercerizaron los servicios con estudios y letrados privados que movieron los expedientes respondiendo a intereses particulares .
"Los abogados podían quedar enredados en favores políticos e impulsar los expedientes al infinito, para garantizar sus honorarios. Eso atenta contra las cuentas públicas", dijo a LA NACION un funcionario que sigue de cerca el conflicto. Una de las medidas que prevé el Gobierno para desincentivar los juicios es, justamente, evitar la tercerización de las defensas. Toda contratación de estudios externos deberá estar debidamente justificada.
Un gasto significativo para la administración pública son los honorarios de los abogados que representan a la Argentina en los estrados internacionales. De acuerdo con información pública a la que accedió este medio, hay 16 estudios jurídicos contratados en el exterior, encabezados por Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP, de Nueva York, que recibió US$ 168,85 millones por la disputa contra los acreedores de la deuda en default.
El Gobierno también busca la manera de evitar que los propios abogados del Estado puedan recibir honorarios por fuera de su sueldo como empleados públicos. La PTN anunció que reimplantará una Coordinación del Cuerpo de Abogados del Estado y elaborará un nuevo estatuto, más estricto, que alcance a todos los letrados oficiales.
Otra de las medidas en marcha es la creación de un Observatorio de la Litigiosidad, que detecte a tiempo potenciales procesos económicamente ruinosos para el Estado. En ese camino, el reciente pacto fiscal con las provincias fue un paliativo ante el rojo que representa la deuda potencial por procesos judiciales pendientes.
Uno de los puntos del acuerdo implicó que todas las provincias (menos San Luis) accedan a desistir de los juicios contra el gobierno nacional. Eso redujo la contingencia en $ 340.000 millones en el caso de las provincias, más los $ 400.000 millones que reclamaba María Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano.
El Estado también estudia alternativas para anticiparse a futuros juicios, detectando tendencias problemáticas, como el pago de recomposiciones salariales a las fuerzas de seguridad de manera no remunerativa. Esos conceptos no se contabilizan para el cálculo de la futura jubilación ni de una eventual indemnización en caso de despido y conducen a una derrota casi segura en un estrado.
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