No son manifestantes, son delincuentes

Editorial del diario La Nación

Si el Estado deja avanzar sobre el espacio público cercenando el derecho de unos en favor de la violencia de otros, habrá declinado una de sus principales funciones

Miembros de Quebracho y de la Tupac Amaru, días atras, en abierto desafío a la ley, monopolizaron el espacio público. Foto: DyN / Archivo

Por primera vez en mucho tiempo, la semana pasada se hizo cumplir la premisa de que no existen derechos absolutos, sino que todos deben armonizarse dentro del sistema de derechos y garantías que protege a la totalidad de los ciudadanos. La cuestión quedó expuesta con la necesaria intervención de la Policía de la Ciudad para permitir que todos los transeúntes y vehículos que pasaban el miércoles último por la avenida 9 de Julio, a la altura del Ministerio de Desarrollo Social, pudieran seguir ejerciendo su derecho constitucional de circular libremente.

Miembros de Quebracho y de la Tupac Amaru, días atras, en abierto desafío a la ley, monopolizaron el espacio público. Foto: DyN / Archivo

Si fue necesario intervenir para que ese derecho pudiera ser ejercido fue porque grupos piqueteros, con el pretexto de que se hallaban haciendo una petición a las autoridades, no sólo ocuparon el espacio público, sino que amedrentaron con palos, amenazando y poniendo en riesgo el patrimonio de todos mediante la quema de neumáticos y la rotura de calles para improvisar proyectiles con piedras arrancadas del piso.

Miembros de Quebracho y de la Tupac Amaru, días atras, en abierto desafío a la ley, monopolizaron el espacio público. Foto: DyN / Archivo

No es admisible defender un derecho pisoteando el de los demás. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo civilizado. Quien esconde su rostro bajo una capucha, esgrime un arma -y un palo lo es-, incendia bienes, daña el patrimonio público -se estiman en $ 2 millones las pérdidas- y enfrenta a la autoridad no es un manifestante; es un delincuente. Así lo entendió el juez Sergio Torres, que dispuso la intervención policial. Hubo siete detenidos por resistencia a la autoridad, daños y lesiones. La policía hizo lo que ordenó la Justicia y el Estado cumplió su misión: preservar el orden público. Haber dejado avanzar a esos forajidos hubiera sido otra declinación clara del Estado respecto de una de sus funciones primordiales. Se trata simplemente de cumplir la ley. Movilizarse con elementos aptos para combates violentos admite una única interpretación: se está dispuesto a generar conflicto y a matar. Acostumbrarnos a la violencia es el peor de los caminos