Por un año no podrá participar de licitaciones de obra pública.
El Gobierno dispuso ayer retirar, por el plazo de un año, a la empresa brasileña Odebrecht de la nómina de oferentes de obra pública por encontrarse "prima facie en falta muy grave". La constructora, que admitió el pago de coimas para acceder a licitaciones públicas, es investigada en la Argentina y en otros países por la Justicia.
"Se está en presencia de fuertes y convincentes indicios de la participación de la empresa en prácticas de corrupción, los que resultan incluso de la documentación aportada por la propia empresa", advirtió ayer en una resolución el Consejo del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas, que depende el Ministerio del Interior, a cargo de Rogelio Frigerio.
"También en Brasil la empresa tiene causas judiciales con mayor grado de avance, sentencias condenatorias y reconocimiento de culpabilidad de los acusados", indicó el Consejo en su resolución, aludiendo así a la megacausa conocida en Brasil como Lava Jato. "Así surge del informe de los auditores independientes sobre los estados contables consolidados que el propio constructor envió al Registro Nacional de Constructores para renovar su certificado", se argumentó en la resolución.
En efecto, según se informó en la cartera de Interior, la empresa Odebrecht estaba realizando los trámites para renovar su inscripción en el Registro Nacional de Constructores, vencida el 30 de junio del año pasado. Sin embargo, el Gobierno decidió no sólo no renovarle el certificado, sino suspender a la empresa por un año, por lo que no podrá participar de las futuras licitaciones públicas durante ese período.
La decisión fue firmada de manera unánime por el presidente del consejo, Guillermo Ferrea; el vicepresidente, Ricardo Delgado; los consejeros titulares Susana Martín, Eduardo Dos Santos y Gustavo Burgwardt, y el consejero suplente Víctor Entrala.
Coimas y sospechas
En los Estados Unidos, la constructora brasileña reconoció haber pagado coimas por US$ 35 millones en la Argentina entre los años 2007 y 2014. Tal como publicó LA NACION, sólo por el soterramiento del tren Sarmiento -el proyecto de infraestructura más grande del país, con un presupuesto de 3000 millones de dólares-, Odebrecht habría desembolsado unos US$ 20 millones. Así lo confesó Marcelo Odebrecht, delator premiado y máximo responsable de las coimas que durante años pagó su empresa en Brasil y en otros países.
En nuestro país, Odebrecht contó con dos aliados clave dentro del Ministerio de Planificación que lideró Julio De Vido: el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, durante la primera etapa, y el secretario de Obras Públicas, José López, desde mediados de 2012, cuando los brasileños lograron involucrar al Banco Nacional de Desarrollo (Bndes) de su país para que financiara el proyecto.
A raíz de estas revelaciones, el Gobierno decidió crear nueva "comisión investigadora" para auditar todos los antecedentes de la obra del soterramiento. Se trata de un ente tripartito en el que participará el Ministerio de Transporte junto con especialistas de la Procuración del Tesoro Nacional y de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
Acosada por las investigaciones judiciales, hoy concentradas en los juzgados federales a cargo del juez Sebastián Casanello, Daniel Rafecas y Marcelo Martínez De Giorgi, la empresa brasileña decidió desprenderse de su participación en el soterramiento del tren Sarmiento.
Odebrecht tiene el 33% del consorcio que ganó la construcción de la obra. Esa parte pasará a la constructora italiana Ghella, que ya tiene el 37,4 por ciento. De manera que la firma europea se quedará con el 70% del consorcio. El resto será para Sacde, la empresa de Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía. La transacción significó un gran alivio para el oficialismo, apurado por despegarse de la trama del Lava Jato.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios mal redactados y/o con empleo de palabras que denoten insultos y que no tienen relación con el tema no serán publicados.