Por Daniel Fernández Canedo - Clarin.com (Extractado)Algunos funcionarios piden apurar licitaciones, otros recomiendan mirar mejor los contratos para evitar denuncias por mal manejo de fondos.
Otra puja interna está cobrando fuerza en el Gobierno en las últimas semanas. A la desatada entre el Banco Central y el Palacio de Hacienda por el nivel de las tasas de interés, se adiciona otra entre los funcionarios que piden apurar la licitación y ejecución de obras públicas y los que recomiendan mirar muy bien los contratos que se firman, los remanentes del gobierno anterior, y los nuevos para evitar en el futuro posibles denuncias sobre mal manejo de fondos.
Según los funcionarios que piden celeridad ante la necesidad de recomponer el empleo, principalmente en Buenos Aires y el conurbano bonaerense, hay funcionarios que paralizaron la firma de contratos ante el miedo que tener que enfrentar futuras denuncias de corrupción.
Hoy, una parte importante del Gobierno aparece enfrentada por esos dilemas que encuentran una síntesis en el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que debe atender las demandas de obras de las provincias y también poner la mirada en la elección legislativa del año próximo, a la que el oficialismo aspira llegar con la economía reactivada.
La gobernadora María Eugenia Vidal y su equipo no encuentran las razones para explicar por qué aún no se iniciaron las obras del Río Salado, tantas veces anunciadas en la campaña y que todavía no tiene definida la financiación de $ 15.000 millones y no puede avanzar.
Hay que hacer aparecer la plata”, dicen los funcionarios políticos preocupados por el empleo en el GBA. Ayer, la gobernadora prometió destinar $ 10.000 millones a obras en el GBA. Y ella y sus colaboradores miran cruzado al ministro de Energía, Juan José Aranguren, que frenó la construcción de Atucha y las centrales térmicas, dos de las cuales están en Buenos Aires. Dicen que cada una de esas obras ocupa a 2.500 trabajadores y que en la polémica sobre lo que está pasando con el empleo en el país, el Gobierno no se puede dar el lujo de seguir discutiendo esos contratos.
“Hay que hacer aparecer la plata”, dicen los funcionarios políticos preocupados por el empleo en el GBA, y apoyan la idea de que sean los intendentes los encargados de reactivar la obra pública.
Edgardo Cenzón, ministro de Infraestructura bonaerense, se reunió con los 135 intendentes de la provincia para transmitirle que van a transferir rápido cerca de $ 2.000 millones para empezar a reactivar la obra pública.
Y Federico Salvai, ministro de Gobierno de Buenos Aires, aseguró en un diálogo con radio Late: “Queremos que senadores y diputados bonaerenses aprueben una ley que acelere el proceso de adjudicación de las obras públicas que hoy tardan siete meses si todo sale rápido. La provincia no puede esperar tanto”. Más claro, imposible. Antes había desconfianza sobre la obra pública, ahora la quieren a paso redoblado.
El concepto de “la Provincia no puede esperar” de Salvai se podría transpolar a la Nación, donde el Gobierno sigue con disputas en torno a lo que se debe hacer para reactivar una economía que hace más de cuatro años está estancada y no reacciona.
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