
Por Hugo Alconada Mon | LA NACION -Twitter: @halconada
Tres empresas de Lázaro Báez recibieron una protección especial dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ), que evitó responder a pedidos de informes realizados por la Justicia.
La polémica actuación del organismo, que depende del Ministerio de Justicia, se centró en Austral Construcciones y en las petroleras Epsur y Misahar, que comenzaron a recibir una protección especial desde el 21 de junio del año pasado, cuando la Justicia requirió datos sobre ambas empresas.
La demora permitió que esas firmas comenzaron a ordenar
y completar sus legajos societarios, según consta en los registros del
organismo y confirmaron a LA NACION fuentes de la propia IGJ.

Dentro de la IGJ, los oficios judiciales que llegaron
el 21 de junio pasado sobre Austral Construcciones y Misahar se
encuentran "bajo proceso de análisis". Lo mismo ocurre con el oficio
"reiteratorio" que, en el caso de la primera, llegó el 28 de marzo de
este año. Las autoridades de la IGJ no respondieron ninguno aún.
El caso de Austral Construcciones es el más notable.
Tras el estallido del escándalo del valijero Leonardo Fariña y el
financista Federico Elaskar, el juez federal Sebastián Casanello envió a
la IGJ su propio oficio, que ingresó como "urgente" este miércoles. De
inmediato, el pedido de informes subió hasta la cúspide del organismo
que lidera Luis Rodolfo Tailhade, según indicaron dentro de la IGJ a LA
NACION.
Para entonces, Austral Construcciones había pedido un
"certificado de vigencia y pleno cumplimiento" de las normativas de la
IGJ, el equivalente a un certificado de buena conducta societaria que
emite el organismo.
Pero se encuentra en Mesa de Entradas desde el 8 de
marzo pasado. "El certificado se emite para informar que la empresa
requirente no adeuda tasas o balances y que tiene su directorio al día",
explicó una fuente de la IGJ. "Pero si debe algo, queda en observación y
trabado", añadió.
En el caso de Austral Construcciones, durante los
últimos años no habría presentado sus balances, al menos hasta
principios de 2012, al igual que la Fundación Madres de Plaza de Mayo
hasta que estalló el escándalo con Sergio Schoklender como el presunto
responsable de una malversación de cientos de millones de pesos.
La constructora de Báez, sin embargo, comenzó a ordenar
sus balances "hace poco", según trascendió dentro de la IGJ. Y en
cuanto llegaron ciertos documentos al organismo, subieron todo el
espinel. "Esto lo estaban esperando de arriba", fue la lacónica
respuesta, aunque de ser así, no constan en los registros oficiales.
Durante los últimos meses, mientras tanto, las empresas
del socio del fallecido ex presidente Néstor Kirchner también
comenzaron a ordenar sus propios legajos.
El 20 de septiembre pasado, Epsur y Misahar aumentaron
sus respectivos capitales sociales de manera exponencial y, al unísono,
también comunicaron que el hijo de Báez, Martín, cesaba en sus funciones
como director suplente en ambas.
En el caso de Epsur, su capital social aumentó 180
veces. Pasó de 500.000 a 90 millones de pesos, con los que debería
afrontar, por ejemplo, las inversiones necesarias para operar cuatro
áreas petroleras en la provincia de Santa Cruz.
Sin embargo, la actualización del capital declarado por
la otra petrolera, Misahar, fue aún más pronunciada, pero porque
comenzó con una cifra casi ridícula. Pasó de operar con apenas 260 pesos
a 17,2 millones.
Semejante desajuste se explica, en parte, porque recién
en septiembre de 2012 comunicó dos asambleas que se habrían celebrado
en mayo de 2001 y en julio del año pasado para actualizar aquellos 260
pesos de capital con los que la firma debió hacer frente durante la
última década a los riesgos de las diversas áreas petroleras que opera
en la Patagonia. Tres de ellas, también en la provincia de Santa Cruz.
Un día después, el 21 de septiembre, Misahar y Epsur
dieron otro paso para ordenar sus papeles dentro de la IGJ, que pasados
tres meses seguía sin responder a la Justicia. Presentaron sus
respectivas reformas de los estatutos societarios con los trámites
correlativos 2134796 y 2134797, según consta en los registros oficiales
de la IGJ que cotejó LA NACION.
Presentadas esas reformas, entonces sí se bifurcaron
los caminos. En el caso de Misahar se encuentra más avanzado y en pleno
"proceso de registración", en tanto que la presentación de Epsur se
encuentra aún "en proceso de análisis".
Ventajas de estar cerca del poder
Lázaro Báez - Empresario kirchnerista
- Diversos organismos del Estado lo beneficiaron
- Sus empresas estaban en una situación irregular ante la IGJ, pero esa información fue retaceada a la Justicia cuando la requirió