El Gobierno busca cerrar el conflicto con bonistas locales

Por Martín Kanenguiser - LA NACION
Se trata de unas 3000 causas, que representan un pasivo de alrededor de US$ 455 millones; la justicia local avaló la decisión de no pagar todo a los acreedores


Con el capítulo de los holdouts con bonos de ley extranjera casi cerrado, el Gobierno se dispone a solucionar el problema de los acreedores con títulos con ley nacional en default. Es una deuda de US$ 455 millones que presenta algunas particularidades, que le impiden al Ministerio de Hacienda presentarles a los bonistas la misma oferta base que a los acreedores con bonos bajo ley extranjera.

Fuentes oficiales precisaron a LA NACION que se trata de unas 3000 causas que serán abordadas en forma individual. "Hay algunos bonos que están prescriptos y otros que pertenecen a personas que ya cobraron una parte de lo que reclamaban en la justicia y a las que solo hay que pagarles la diferencia", indicaron. A diferencia de la justicia extranjera, los tribunales locales avalaron desde 2001 la decisión del Gobierno de no pagarle a los acreedores todo lo que reclamaban, e instarlos a que aceptaran los canjes 2005 y 2010.

El abogado Lucas Piaggio explicó que "muchos bonistas con títulos con ley local entraron en los canjes, sobre todo por el fallo Galli, que salió poco antes del primer canje". Sin embargo, desde que el Gobierno impulsó la derogación de la ley cerrojo para dejar atrás el default, "deberían extender la oferta a quienes tienen bonos con ley argentina", afirmó.

El abogado Horacio Liendo aclaró que "no son muchos los casos pendientes y, salvo algunos ejemplos aislados, la justicia argentina rechazó las demandas por la existencia de leyes que evitaban el pago". Aclaró: "La Corte Suprema se pronunció sobre estos casos, en general rechazando las demandas".

Matías Isasa, abogado especialista en deuda, indicó que "en los canjes el nivel de adhesión en la Argentina fue del 98%, así que son pocos casos y, algunos de los que no aceptaron, cobraron parte de lo que reclamaban vía amparos. El Gobierno está estudiando el tema y lo que les pueden ofrecer es la oferta base: el 150% menos lo que cobraron por la vía judicial".

Pablo Giancaterino, abogado que representa a los bonistas minoristas, sostuvo que "la justicia local no está a la altura del problema ni lo estuvo durante el default y el Gobierno acertó en el método de encarar una solución judicial". Agregó además que "los minoristas son una asignatura pendiente. Fueron estafados y maltratados al antojo político de turno. Muchos tienen situaciones de salud o excepción que debieron ser contempladas. Hay casos muy delicados.

El Gobierno ya cerró casi el 99% de los casos en default y le queda por resolver cerca de US$ 1600 millones, de los cuales US$ 455 millones corresponden a títulos bajo ley local. Así lo indicaron calificadas fuentes oficiales, que precisaron que "lo que queda es la discusión con un grupo de fondos de inversión por la prescripción de sus bonos, que la mayoría de los acreedores aceptó y los devolvió". Se trata de la cláusula de "statute of limitations", que marca la prescripción de esos títulos.

Muchos inversores que aceptaron el acuerdo ofrecido por la Argentina, tuvieron que resignar parte de sus bonos, porque estaban prescriptos. Pero hay una discusión pendiente con cuatro fondos, por un valor nominal de US$ 400 millones: Greylock, Bybrook,Redwood y Attestor.

Una discusión similar se da con algunos bonistas minoristas que todavía no aceptaron la oferta. Si la justicia norteamericana les diera la razón a esos inversores respecto de la vigencia de sus bonos, el Estado les pagaría. Además, los fondos buitre ya dieron de baja todos los embargos que habían pedido en contra del país, como parte del acuerdo que alcanzaron con el Gobierno. Solo el fondo NML de Paul Singer tenía embargos por 260 millones de dólares en el exterior.