La insistencia en un rumbo equivocado

(Editorial del Diario La Nación) - La negativa reacción de la presidenta de la Nación frente a la marcha del 8 aumenta el riesgo de un deslizamiento hacia un mayor autoritarismo

La respuesta presidencial a la manifestación ciudadana del 8 de noviembre fue la negación del multitudinario acontecimiento, la ratificación del rumbo emprendido y la profundización del llamado modelo. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha provisto de una coraza construida sobre planteos pretendidamente ideológicos y de contornos épicos. Éste parece ser el único espacio de sostenimiento del mundo kirchnerista. Para ello se descalifica a todos los manifestantes del 8-N, adjudicándoles intereses materiales y espurios ordenados en una gran conspiración.

La reacción presidencial no sólo aumenta el riesgo de un deslizamiento hacia un mayor autoritarismo, sino que además le impide percibir una realidad económica y social cada vez más deteriorada, relacionada con sus propias políticas y las medidas aplicadas en los últimos años. Negar esta realidad es aún más peligroso que guiarse por conceptualizaciones ideológicas.

Hay inflación y estancamiento, pero ambas cuestiones son desconocidas por el Gobierno. El balance energético ha pasado a ser fuertemente deficitario y se han consumido gravemente las reservas de gas y petróleo. La infraestructura y el equipamiento del transporte están deteriorados, en desmedro de la seguridad y el costo de los usuarios. Los frecuentes accidentes ferroviarios hablan a las claras del estado calamitoso del mantenimiento. Lo mismo ocurre con otros servicios públicos y en todos los casos la razón es la falta de inversiones como consecuencia de tarifas retrasadas y de políticas inadecuadas. La Argentina recibe menos inversiones directas que casi todos los demás países de la región y sufre la mayor fuga de capitales.

El riesgo país se ha elevado a niveles exorbitantes, excluyendo a la Argentina de los mercados internacionales de crédito y de capital. Nuestra Nación es considerada incumplidora crónica de las normas del derecho internacional y de los compromisos contractuales asumidos. El gobierno nacional desconoce las sentencias de los tribunales extranjeros a los que explícitamente se sometió. El humillante embargo de la Fragata Libertad demuestra el punto al que se ha llegado. El reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York pone al país en riesgo de un nuevo default técnico. Pero todo esto es desconocido por un discurso que nos habla de transformaciones fantásticas y de un país de maravillas.

El empeño presidencial en mostrar su denominado modelo como exitoso es acompañado de una profusa propaganda que habla de logros en lo económico y social que no se compadecen con la situación de pobreza que afecta a un porcentaje de la población mucho mayor que el calculado con las mentirosas estadísticas oficiales. También desconoce el grave deterioro de la seguridad, así como el empeoramiento del sistema educativo, de acuerdo con evaluaciones objetivas y cuantificables.

El modelo marcha en rumbo de colisión y tiene su exponente más inmediato en el desborde del gasto público y en el déficit fiscal. No ha sido posible reducir los subsidios a la energía y al transporte, ni los que en forma creciente requieren las empresas estatizadas.

El sentido epopéyico que se le dio a la confiscación de las acciones de Repsol en YPF hoy muestra su contracara en el desplome de sus utilidades y en la imposibilidad de realizar inversiones para detener la caída de su producción.

El déficit fiscal impide mantener las transferencias a las provincias, que pasan por serias angustias financieras y cuyas autoridades reclaman incumplimientos del gobierno central. Ante la imposibilidad de recaudar más impuestos de los que ya resultan abusivos, el Tesoro nacional apela a los fondos del Anses y a la emisión monetaria del Banco Central. Se perjudica así a los futuros jubilados y se alimenta la inflación en forma creciente.

El cepo cambiario es una consecuencia inevitable de la fuga de capitales y de la incoherencia de la política de retraso del tipo de cambio oficial frente a la fiebre emisora. No es difícil pronosticar hacia dónde se llegará si se persiste en este camino sin introducir cambios.

La manifestación masiva del 8-N se expresó principalmente en contra de la reforma constitucional, la re-reelección, la mentira, la inseguridad, la presión sobre la Justicia, las restricciones a la libertad y la corrupción.
Estas cuestiones sustanciales deben ser motivo de un cambio en los principios y comportamientos del gobierno nacional. Con la misma urgencia, deben modificarse las políticas de gestión en el plano económico y social. De no hacerlo nos encontraremos, más temprano que tarde, frente a una situación fiscal y monetaria descontrolada, con consecuencias que el país ya ha vivido y que no desea repetir, y por otro lado, con autoridades que sólo atinarán a resolver semejante descalabro con más abusos de poder y mayores conculcaciones de nuestra libertad..