La Argentina, con 30 juicios pendientes en el Ciadi

Por Nicolás Gandini - Cronista.com
La amenaza de Repsol de ir al Ciadi por la expropiación de sus acciones en YPF podría convertirse en el 46° juicio que el país deba afrontar en el tribunal del Banco Mundial. Aunque el Gobierno logró dejar sin efecto varios dictámenes, acumula ya ocho laudos en contra por unos u$s 915 millones y no pagó ninguno. Si no los cumple, será difícil acceder a financiamiento externo.

El inminente reclamo judicial de Repsol ante la Corte de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por la expropiación del 51% de sus acciones en YPF se transformará, casi con seguridad, en el 46º juicio que deberá afrontar el Estado argentino en el tribunal arbitral del Banco Mundial, con sede en Washington. La petrolera española reclamaría la indemnización de u$s 10.500 millones "más los gastos ocasionados por los daños causados" por la estatización de YPF, sancionada por el Congreso la semana pasada, y denunciaría la violación del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri) suscripto entre el gobierno de España y el de Carlos Menem 21 años atras.

El Ciadi cobró notoriedad entre los argentinos tras la crisis de 2001 cuando, a raíz de la devaluación de la moneda local y la consiguiente pesificación de los contratos de servicios públicos, las concesionarias multinacionales se presentaron en zaga ante el organismo para denunciar la ilegalidad de esas medidas y solicitar una indemnización por las pérdidas provocadas.

Desde 2002 a la fecha se presentaron, en total, 45 demandas, la mayoría provenientes de compañías del sector energético (transportadoras y distribuidoras de gas y electricidad, generadoras térmicas e hidroeléctricas, y productores de hidrocarburos), aunque en la lista también figuran concesionarias del servicio de agua, controladores de las licencias radioeléctricas y firmas de leasing y servicios financieros.

Según consta en el formulario 18-K presentado por el Gobierno en la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), 11 de esos pleitos han sido suspendidos o los actores retiraron/ desistieron de la acción legal tras negociar una salida privada con las autoridades locales. Los 34 restantes continúan vigentes, aunque con distintos grados de avance. Suman reclamos por u$s 13.400 millones, es decir, el equivalente al 4% del PBI argentino.

Las estadísticas no son auspiciosas para la Argentina, el país que más litigios acumula en el tribunal creado en 1965 para resolver litigios entre estados e inversionistas extranjeros. Sucede que la gran mayoría -cerca de un 90%- de los 240 juicios resueltos en el Ciadi registró fallos favorables a las empresas privadas, según datos del sitio especializado en deuda externa cadtm.org, con sede en Bruselas.

Hasta ahora, la Argentina sufrió ocho sentencias en contra, por las que fue condenada a pagar indemnizaciones por u$s 915,8 millones a cuenta de CMS, Azurix Corp, Siemens, LG&G Energy y Sempra Energy, entre otras. Pero pese a su validez legal, los canales administrativos para ejecutar esas sentencias no están del todo claros. De hecho, hasta el momento el Gobierno evitó cancelar lo adeudado. "La Argentina no ha pagado ninguna de las sentencias negativas, por lo que no está claro cuánto nos van a costar esos juicios", advirtió días atrás ante WE el economista Miguel Ángel Broda, quien además cuestionó el camino elegido para estatizar YPF: "Pienso que se eligió una vía ilegal porque hemos intervenido antes de expropiar. No hemos hecho una oferta a todos los accionistas como los estatutos de YPF y de la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos exige. Y seguramente vayamos a tener juicios de accionistas minoritarios, porque han perjudicado sus derechos", se explayó.

Con todo, la Procuración del Tesoro ya se anotó tres victorias: contra Thales Spectrum (TSA), que demandaba u$s 600 millones por la rescisión en 2004 del contrato para gestionar y controlar el espacio radioeléctrico; la petrolera alemana Wintershall, que reclamaba u$s 300 millones por la pesificación de los contratos gasíferos y la imposición de retenciones a la exportación de hidrocarburos; y las chilenas Metalpar y Buen Ayre, fabricantes de carrocerías vehiculares, que exigían una indemnización de u$s 18 millones por la sanción del decreto 1570/2011, que estableció el 'corralito bancario'. Se ahorró de abonar, entre las tres, u$s 918 millones, es decir, casi lo mismo que perdió en las ocho condenas.

"La diferencia está en que en las sentencias contra el país (técnicamente se definen como laudos de un tribunal arbitral designado para cada caso), se logró desinflar los montos reclamados y zafar así de pagar unos u$s 1580 millones", precisa un funcionario de la Procuración, que prefiere escudarse en el off the record.

La Argentina cuenta, a su vez, con otro curioso récord: es la nación de América Latina que firmó más Tratados Bilaterales de Inversión. Son 54 y todos fueron rubricados durante la década del '90 por el gobierno menemista. "En ese tiempo predominaba la cosmovisión que abogaba por la globalización financiera y defendía la reducción de la capacidad de acción de los estados-nación", recuerda Carlos Heller, titular del Banco Credicoop y uno de los que propone revisar la conveniencia de seguir operando bajo la órbita del Ciadi.

El contrapunto con Brasil -el mayor representante político y jugador económico del Mercosur- es notorio, debido a que el país vecino siempre fue reticente a adoptar convenios de inversión de ese tipo. Es más, no existen en el registro del Ciadi litigios en contra del estado brasileño.

En Washington también se dirimen las ramificaciones del default de la deuda externa decretada por el gobierno de Adolfo Rodríguez Saa. A mediados de 2007, los bonistas que optaron por no aceptar la propuesta argentina -en gran medida, italianos- recurrieron a la corte del Banco Mundial para exigir u$s 4400 millones de indemnización.

El reclamo -asentado bajo los autos "Giovanna un Beccara y otros contra la República Argentina (Caso CIADI N º 07/5)"- incluyó en una primera etapa a más de 180 mil demandantes particulares. Pero tres años más tarde, tras el canje de deuda realizado en 2010, un 65% aceptó las condiciones ofrecidas por el Gobierno. El remanente de 60.000 bonistas continúa con el juicio y pide un pago de u$s 1300 millones.

De acuerdo con la normativa del Código Civil y Comercial de la Argentina, cuando un fallo de un tribunal internacional -como el Ciadi- favorece a una empresa privada, ésta debe iniciar un procedimiento de Exequátur (ejecútese) para que el Estado evalúe si la sentencia cumple los requisitos que permitan su homologación en el ámbito local. "Es el paso necesario para que el dictamen quede firme", explica a Horacio Rosatti, ex ministro de Justicia en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner y quien tuvo a su cargo la defensa argentina en el tribunal del BM. "Sin embargo, ninguna de las ocho empresas vencedoras en el Ciadi encaró ese proceso", añade en diálogo con WE.

Optaron por presionar en el campo internacional para que las sentencias se ejecuten de forma directa, sin la mediación de la justicia argentina. Así, en marzo de 2008, la norteamericana CMS -accionista minoritario en Transportadora de Gas del Norte (TGN)- quiso embargar depósitos en Nueva York pertenecientes a la provincia de Santa Cruz, y Sempra Energy -controlante CMS Gas Trasmission- intentó embargar preventivamente la Casa Museo en la que vivió José de San Martín en Boulogne Sur Mer (Francia) y el edificio del Colegio Mayor Nuestra Señora de Luján en España. Ambas iniciativas fueron infructuosas por la negativa de magistrados de esos países.

Truncada esa vía, las compañías presionaron al Banco Mundial para que el organismo multilateral congele los créditos a la administración de Cristina Kirchner. Además, lograron que el gobierno de los Estados Unidos haga propio su reclamo: en marzo pasado, el Departamento de Comercio Exterior suspendió a la Argentina de su sistema generalizado de preferencias (SGP), un mecanismo que permite conceder tarifas aduaneras preferenciales a los países en desarrollo. A su vez, el pago de u$s 300 millones correspondientes a los laudos de CMS y Azurix Corp -uno de los brazos de Enron, el gigante energético que declaró su quiebra en 2001, concesionarios del servicio de agua- fue uno de los puntos que integró la agenda de la reunión que mantuvieron en Cartagena la presidenta Cristina Kirchner y Barack Obama, durante la última Cumbre de las Américas.

"Son pasivos, intangibles, que se van acumulando a futuro. En la medida en que la Argentina pueda seguir autogestionando su economía sin financiamiento externo, podrá seguir esquivando el cumplimiento de las sentencias del Ciadi", analiza Mariano Lamothe, economista jefe de Abeceb. "Pero si la situación fiscal interna se sigue deteriorando, se verá obligado a encarar el tema", advierte.

Una línea de análisis similar traza Fausto Spotorno, director de Orlando Ferreres & Asociados: "Las fallos en contra en el Ciadi complicarán a mediano plazo, cuando el Estado deje de financiarse a partir de la emisión de moneda, que genera inflación, y opte por buscar dinero en el exterior".

El funcionamiento del tribunal arbitral con sede en Washington cosecha críticas en diversas latitudes. Son muchos los que cuestionan la metodología elegida para dirimir los diferendos entre estados e inversores extranjeros. Rosatti es uno de ellos. A su entender, la matriz jurídica en que se apoya el Ciadi es autorreferencial, porque deja de lado los criterios legislativos de cada país y se basa en sus propios conceptos, y hermética, porque no favorece la integración con tribunales locales.

"Su lógica es aplicable cuando se trata de dos actores privados, pero cuando lo que está en juego es la soberanía de los estados, sus criterios son inadecuados", critica.

Cada juicio en el Ciadi está a cargo de un tribunal arbitral especialmente conformado para la ocasión. El mecanismo que se utiliza para integrar cada corte también genera dudas: las partes propone un magistrado, mientras que un tercer árbitro es designado por el organismo. "El criterio no contribuye a fortalecer la imparcialidad de los árbitros", sentencia Rosatti.

En consonancia con esos argumentos, tres países de América Latina se retiraron del Ciadi. Todas las renuncias están ligadas a medidas que tomaron gobiernos locales sobre el control de la industria energética en general y de los hidrocarburos en particular. Primero fue Bolivia, sentenciada a pagar u$s 4 mil millones por rescindir los contratos petroleros firmados por YPFB -la petrolera estatal-, quien se retiró del organismo. La siguió Ecuador, condenado por u$s 12 mil millones luego de que el presidente Rafael Correa redefiniera los términos de las concesiones petroleras en manos privados. Y por último se sumó Venezuela, en enero de 2012, tras nacionalizar la explotación hidrocarburífera en la Faja del Orinoco, el reservorio de crudo ultrapesado más importante del planeta.

Frente a ese mar de fondo, algunos sectores del kirchnerismo empezaron a preguntarse por la conveniencia de continuar afiliados al tribunal. Uno de los detonantes fue la venta de la deuda en manos de CMS Gas Trasmission -u$s 133 millones- al fondo de inversión Blue Ridge. "¿Qué sentido tiene seguir litigando en un organismo que avala el accionar de un fondo buitre contra un estado soberano?", se pregunta un abogado que trabajó en la Procuración del Tesoro.

"Hay que revisar la continuidad de los Tratados Bilaterales de Inversión, que fueron firmados en los '90, cuando el Gobierno seguía un rumbo económico diametralmente opuesto al actual, así como también la Ley de Inversión Extranjera aprobada durante la gestión de José Martínez de Hoz al frente del Ministerio de Economía", propone Heller. A decir del diputado nacional por Nuevo Encuentro, "el Ciadi es un organismo de solución de diferendos creado durante el proceso de privatización y desregulación del Estado, que a lo largo de su trayectoria favoreció mayoritariamente a las empresas privadas".

Según números del Instituto de Estudios Políticos de Washington, los países de América Latina, que sólo explican un 10% de los 147 miembros del Ciadi, se encuentran entre los más demandados por compañías multinacionales: representan un 69% de los 135 litigios en curso ante la corte del BM y un 26% de los 45 reclamos vinculados a la industria petrolífera y minera.

"Hay que recuperar la idea de soberanía jurídica para que los conflictos con empresas privadas se resuelvan en la justicia local de cada país", concluye el titular de la comisión de Finanzas de la Cámara Baja.