lunes, 29 de agosto de 2011

Opinión: Sí a la venta de tierras a extranjeros

Por Gastón Rambeaud para LA NACION
Hay razones prácticas y jurídicas que desaconsejan las restricciones propuestas por el Gobierno.
Foto: ALEJANDRO OCHOA - Podemos analizar la restricción legal a la adquisición de tierras con causa en la nacionalidad del comprador desde el apasionamiento o desde la racionalidad.

Desde la primera perspectiva -coherente con reiterados momentos de nuestra historia en que decisiones institucionales fueron signadas por la pasión antes que por la razón-, toda limitación podría parecer sensata. Incluso en lo personal, mi rápida respuesta sería afirmativa si sólo pesara la carga de seis generaciones que han vivido y viven del campo en la provincia del Neuquén, sumada a la cercanía de personas que debieron desprenderse de sus tierras para superar las recurrentes crisis económicas atravesadas.
Pero no creo que la pasión sea guía eficaz para las decisiones importantes. Una ley no es para placer individual sino para el bien de los habitantes de la Nación. Acometiendo pues un análisis racional, la cuestión se visualiza desde lo jurídico y desde lo práctico. Desde lo jurídico, el constituyente argentino y los tratados internacionales no reconocieron los derechos del hombre sólo para los "ciudadanos" sino para todos los "habitantes".

La distinción es esencial cuando para la Corte Suprema de Justicia (Fallos CSJN 302:604) es habitante todo aquel ser humano que se encuentre en territorio de nuestro país y no haya ingresado en él ilegalmente, pudiendo invocar para sí la garantía de los derechos constitucionales. Tanto el Preámbulo de la Constitución como su enunciación de derechos (art. 14) se dirigen a los "habitantes" y no a los "ciudadanos" con exclusividad.

Pero la cuestión no termina allí, porque si restase alguna duda acerca de la igualación entre nacionales y extranjeros, el artículo 20 se encarga de disiparla al señalar que "los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos...". El único requisito es el cumplimiento de la ley.

Por su parte, el artículo 17 referido al derecho de propiedad vuelve a hablar de "habitantes"; y el artículo 16 -magnífica proclamación de la igualdad humana en 1853- establece que en la Argentina no hay prerrogativas de sangre ni de nacimiento, siendo que todos sus "habitantes" son iguales ante la ley. Y más acá en el tiempo el pleno goce de los derechos civiles para los extranjeros en condiciones de igualdad con los nacionales fue sentenciado por la corte en el caso Repetto (Fallos CSJN 311:2272).

Finalmente -para quien se alarme de tanta generosidad en la Constitución-, es del caso recordar que el Estado cuenta siempre con la potestad expropiatoria, por la que si un bien debe atender a una utilidad más elevada que la individual de su dueño éste puede ser despojado de aquél, en decisión gubernamental que decidirá la suerte de la cosa expropiada.

Con semejante esquema de derechos y prerrogativas emergentes de la Constitución, la sanción de una ley que sienta tamaña desigualdad entre nacionales y extranjeros resulta antijurídica. Pero desde lo práctico también existen razones que desaconsejan quebrar el sistema vigente en nuestra Constitución.

La experiencia de las dos últimas décadas en la compra de tierras ha demostrado que:
1. Campos librados a su suerte y en estado de abandono han recompuesto su carácter productivo generando actividad económica, trabajo genuino e ingresos fiscales.
2. Campos que por encontrarse en situación terminal estaban expuestos al sobrepastoreo y enredados en el círculo vicioso de soportar cada vez más ganado han reducido en su mayoría la carga animal.
3. Empresas que se encontraban en decadencia por la necesidad de atender al mantenimiento de grandes extensiones han recibido importantes sumas de dinero por las ventas, pudiendo recomponer su situación y encarar actividades diferentes que también potencian la economía.

En suma: más trabajo, actividad económica racional, beneficios al fisco e ingreso de divisas, a cambio de tierras que siguen perteneciendo a nuestro territorio y que están sometidas a la potestad estatal de control y expropiatoria no parece ser una ecuación disvaliosa para el país.

Por el contrario, y si con lo práctico concluimos, la restricción propuesta no sólo detendrá el ingreso de dinero, la creación de empleos y la regeneración de establecimientos en decadencia. También provocará que de modo brusco se desplomen los precios de la tierra, y de quienes aprovechan el poder del Estado para comprar inmuebles y empresas a precio de liquidación ya tenemos experiencia suficiente...
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