Las señales de alarma se repiten desde hace veinte años, cuando armamento y municiones de Fabricaciones Militares aparecían en distintos países. Existió el sonado caso del contrabando de armas del Ejército a Croacia y Ecuador, que dio origen a algunas condenas y a un memorable papelón internacional. Luego, extrañamente, los fusiles, las ametralladoras, las granadas y las municiones de Fabricaciones Militares comenzaron a alimentar los arsenales de los narcos brasileños en las favelas de Río de Janeiro, y también de los delincuentes argentinos.
Pero la situación es aún más grave. Las nuevas autoridades comprobaron que una importante planta de Fabricaciones Militares no sólo presentaba notorios y sospechosos faltantes de municiones, sino que en su interior existía una organización que usaba los recursos del Estado para fabricar y seguramente vender armamento en forma extraoficial. Es decir, delinquiendo.
En este vergonzoso caso, que atañe a la planta de Fray Luis Beltrán de Fabricaciones Militares, cerca de Rosario, no sólo nos encontramos ante una estafa, sino también ante algo mucho peor, pues cabe la posibilidad, a la luz de hechos ocurridos en años anteriores, de que el material de ese circuito paralelo que nunca se incorporó a la contabilidad de la fábrica se haya estado vendiendo a delincuentes nacionales o del exterior. No es casualidad que Fabricaciones Militares y el Registro Nacional de Armas estuvieran en manos de La Cámpora y que durante el kirchnerismo se incorporara personal por afinidad política más que por capacidad técnica para ocupar cargos de conducción, desplazando a los jefes estables con muchos años de experiencia.
Como informó LA NACION, un allanamiento de nueve horas a la planta de Fray Luis Beltrán confirmó los resultados de una auditoría ordenada por el ministro de Defensa, Julio César Martínez. Pero surgieron, además, irregularidades que permiten suponer la existencia de una fábrica paralela dedicada al negociado de armamento y municiones.
Los allanamientos arrojaron un faltante de casi tres millones de balas de diversos calibres, como 9 milímetros y 7.62 (las que usa el FAL), y de nueve millones de fulminantes para proyectiles.
Pero lo sintomático fue que también se encontró un excedente de municiones no declaradas y también un arsenal completo que no constaba en los registros, con municiones calibre 12.70 (de escopeta) y de FAL, gases lacrimógenos y espoletas activas de mortero, entre otros. Este material bélico no sólo no estaba registrado, sino que se hallaba almacenado sin ninguna medida de seguridad, con el consiguiente peligro.
Se descubrió, además, que parte de los fulminantes no registrados en la fábrica de Fray Luis Beltrán aparecieron en la fábrica de pólvoras y explosivos de Villa María, Córdoba, de Fabricaciones Militares. Allí también se hallaron 24.000 kilos de pólvora que no estaban en Fray Luis Beltrán, y que tenían remitos que violaban las normas de la empresa estatal.
Dados los volúmenes de esos materiales y la gravedad de las irregularidades verificadas, nos encontramos, como en el caso del contrabando de armas a Croacia y Ecuador de los años 90, ante el empleo ilegal de un organismo estatal, como es Fabricaciones Militares, cuyos recursos materiales y humanos han sido puestos al servicio del delito. En el contrabando de armas del menemismo se emplearon principalmente las plantas de Fray Luis Beltrán, Villa María y Río Tercero, a la que luego se hizo estallar para ocultar las pruebas del delito. Al modificarse los clientes, los delitos tienen lugar en una planta que produce productos para menores calibres.
A la luz de aquellos pésimos antecedentes, por los cuales hoy se encuentra condenado, entre otros, el ex presidente Carlos Menem -aunque apeló la medida, no es necesario subrayar la gravedad de que nuevamente, y como si nada hubiera ocurrido, una organización ilegal, que forzosamente actúa en el seno de Fabricaciones Militares, utilice esta empresa estatal para delinquir con un material en extremo peligroso.
En 2012, la justicia federal investigó si Fabricaciones Militares cometió irregularidades en una venta de municiones a una empresa paraguaya, pues se habían advertido irregularidades en la exportación de más de tres millones de municiones de uso civil y de uso civil condicional, procedentes de la planta de Fray Luis Beltrán. En 2015, la sociedad supo, con el lógico asombro, del robo en una unidad del Ejército de La Plata de un misil Tow 2, que perfora vehículos blindados y tiene una longitud de 1,17 metros y un peso de 21 kilos.
El año pasado también se produjo un faltante de 26.000 balas de calibre 9 milímetros en el Batallón 603 San Lorenzo del Ejército, lindante con la fábrica en cuestión en Fray Luis Beltrán.
La auditoría ordenada por el flamante ministro de Defensa, cuyo resultado generó la apertura de una investigación judicial, ha sido un adecuado primer paso para ponerle punto final a esta cadena delictiva.
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