Inadmisibles demoras en la causa de Lázaro Báez

(La Nación) - Despierta sospechas la indolencia manifestada por el juez Casanello antes de adoptar elementales medidas para el avance de la investigación.

Los televidentes poco informados que asisten a los shows televisivos con los allanamientos a las múltiples propiedades santacruceñas del seudoempresario Lázaro Báez, así como asistieron antes a su captura y al patético periplo y posterior apresamiento de su abogado Jorge Chueco, quizá tengan la impresión de una Justicia implacable en la persecución de los sospechosos de alto vuelo y la obtención de las pruebas necesarias para procesarlos.

Por desgracia, no es así. Asistimos a medidas elementales que deberían haberse adoptado hace mucho tiempo y que no se instrumentaron probablemente para beneficiar, no sólo a Lázaro Báez, quien dista de ser un personaje con peso propio, sino a la familia Kirchner, pues Báez habría oficiado de testaferro del ex presidente Néstor Kirchner.

No en vano el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa contra Báez por lavado de dinero, se ha ganado apodos basados en su indolencia y extrema lentitud para instruir este importante expediente. Una lentitud tan extrema que podría rayar en la complicidad.

Esa actitud del juez se ha manifestado desde el comienzo y le ha valido fuertes recriminaciones por parte de su superior, la Sala II de la Cámara Federal, que hace más de un año lo instó a que indagara a Báez, al tiempo que le reprochó haber efectuado una investigación "parcial" y haber avanzado en forma despareja con los distintos imputados. En efecto, Casanello había procesado a Leonardo Fariña y Federico Elaskar, quienes ejecutaban parte de la ingeniería financiera para lavar el dinero de Báez. Sin embargo, el magistrado se paralizaba ante Báez. Claro, aún gobernaba Cristina Kirchner.

Cuando ella abandonó el poder y la televisión difundió el video con Martín Báez, hijo de Lázaro, y otros personajes dedicados a contar euros y dólares, y a apilar y guardar en bolsos fajos de esos billetes, Casanello no tuvo más remedio que ir por Báez. Poco después se le escapó Chueco, que si no logró suicidarse en Puerto Iguazú o tampoco logró fugarse más allá del Paraguay, fue porque no quiso. Chueco tendría que haber sido indagado antes. Ninguna vigilancia se ejercía sobre él.

También llama poderosamente la atención el hecho de que, habiendo procesado con prisión a Lázaro Báez, no haya hecho lo mismo con su hijo Martín, sobre quien pesan las mismas pruebas, además de la comprometedora filmación de "La Rosadita". Aquí es donde resurgen las suspicacias, pues tras la detención y la indagatoria de Báez padre, se ha publicado en reiteradas ocasiones que tanto él como su esposa habrían resuelto contar cuanto saben si Martín Báez va a parar a una celda.

Otro hecho que puso de manifiesto la extrema indolencia de Casanello se produjo días atrás. El miércoles de la semana pasada, la defensora de Fariña depositó en la Justicia un escrito de puño y letra de su defendido, en el que éste había anotado la lista de propiedades de Báez. Caía de maduro que los allanamientos a esas propiedades requerían una ejecución más que veloz, pues ya habían transcurrido varios días desde la indagatoria de Báez. Pero los días pasaban sin novedades al respecto. El lunes pasado, tanto LA NACION como Clarín se extrañaron ante tanta demora en la adopción de una medida elemental. Mientras tanto, la lista o parte de ella había tomado estado público el día anterior. El juez dispuso los allanamientos en la noche del lunes. Una vez más, pareció actuar a impulso del periodismo.

Cuando se confirmó la prisión de Báez, los camaristas de la Sala II volvieron a reprocharle negligencias a Casanello y lo urgieron a investigar dónde se encuentran escondidos los cuantiosos fondos que constituyen la fortuna de Báez y que provendrían de la sobrefacturación de obras públicas durante la gestión del kirchnerismo.

Por otra parte, también es necesario tener en cuenta que para probar el delito de lavado de dinero, hay que determinar cuál fue el hecho ilícito que generó esos fondos que hubo que lavar. Se trata de un punto esencial que no debe soslayarse, a riesgo de que todo cuanto muestran las pantallas de televisión en estos días quede como mera espuma.

No puede tocarse el tema de la causa de Casanello sin mencionar la de Hotesur, a cargo del juez federal Daniel Rafecas. En ella se investiga el presunto lavado de dinero en hoteles de la familia Kirchner. Rafecas declaró la incompetencia en febrero pasado y el expediente corre el peligro de atomizarse en distintos sumarios. Afortunadamente, el fiscal de esa causa, Carlos Stornelli, se manifestó en contra de la decisión de Rafecas, e idéntica actitud adoptó el fiscal ante la Cámara Federal, Diego Velasco.

Causas como las de Casanello y Rafecas arrastran demasiados atrasos difíciles de explicar, que alimentan las sospechas de que el proceder de ciertos magistrados sigue siendo funcional a una mejora de la comprometida situación de la ex presidenta de la Nación en algunas de las investigaciones.