Debaten la creación de un polo textil

(La Nación) - Tres propuestas de La Alameda y un proyecto del gobierno avanzan contra el trabajo esclavo


Tres proyectos de ley fueron presentados esta semana en la Legislatura porteña con un eje en común: la lucha contra el trabajo esclavo y la reducción a la servidumbre. Las propuestas, elaboradas por la fundación La Alameda y Bien Común, se relacionan con la certificación de la cadena de producción de las marcas de indumentaria, la auditoría de los proveedores del Estado y la creación de un polo textil con la reutilización de las maquinarias incautadas en talleres de confección clandestinos.

El proyecto sobre la auditoría de marcas comprende todas las fases de producción y las bocas de expendio radicadas en la ciudad vinculadas a la industria textil. Entre los objetivos plantea "promover las relaciones dignas de trabajo que garanticen las condiciones de higiene, seguridad, salud y laborales correspondientes".

Si se aprobara, la Ciudad debería suscribirse al Programa Nacional de Compromiso Social Compartido del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), que audita toda la cadena de valor de las marcas de la indumentaria y genera una certificación. Las empresas deberán someterse a una auditoría de marcas y, si no lo hacen, recibirán multas económicas.

El segundo de los proyectos establece que todas las áreas de gobierno que adquieran materiales, mercaderías y productos de origen nacional deberán exigir que hayan sido producidos por trabajadores inscriptos en el Sistema Único de Registro Laboral. En el caso de productos de origen extranjero, según lo dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo.

La creación de un polo textil coincide con un proyecto que está elaborando el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología porteño. Se trata del Centro de Confeccionistas, un emprendimiento público y privado que se desarrollaría en un predio de cuatro hectáreas del sur de la ciudad. Allí, las empresas textiles recibirían un espacio de entre 300 y 1200 metros cuadrados para instalar sus talleres textiles con la posibilidad de acceder a créditos bancarios. La intención es que cada marca concentre allí el 20% de su producción y, de esa forma, se garantizaría que no recurran a talleres ilegales. En una primera etapa, se generarían al menos 1200 puestos de trabajo.