Reja y paredón. Para separar la villa 31 de la autopista Illia; el proyecto contempla la construcción de veredas parquizadas del lado del asentamiento y la instalación de macetones con un cerco vivo; los vecinos prestaron su acuerdo para la obra. Con fondos del gobierno nacional, comenzaron a delimitar la villa 31 bis con una pared de hasta tres metros de altura sobre el eje que linda con las vías del ferrocarril San Martín, mientras que la Ciudad también avanza con la colocación de un cerco perimetral de cemento y rejas sobre la autopista Illia.
El objetivo de las autoridades nacionales y porteñas es claro: lograr mayor seguridad, tanto para las casi 40.000 personas que viven en 15,5 hectáreas de los terrenos tomados de Retiro, como para quienes se desplazan por las inmediaciones. Pero, además, buscan impedir que ambos ansentamientos expandan sus límites.
Es que, aunque rige una prohibición de construir, las villas -especialmente la 31- crecen en altura. Las edificaciones ya alcanzan los seis pisos gracias a los laxos controles nacionales y porteños que perdieron rigurosidad o directamente se esfumaron. Existen tres corralones que venden materiales de construcción y los bolsones de arena circulan de casa en casa como el reparto de soda en otra década.
La Ciudad consiguió, en algunos casos, el consenso de los habitantes para construir un cerco de 600 metros sobre la Illia. El acuerdo se cerró con los habitantes cuyas casas están pegadas a la vía rápida, mano hacia el centro porteño. Ellos aceptaron las rejas porque en el interior de la villa comenzaron a hacer veredas parquizadas.
Las obras fueron costeadas por el gobierno porteño a través de Autopistas Urbanas SA (AUSA). Les entregaron el dinero a una cooperativa que ofreció mano de obra propia, con habitantes del barrio. "Estamos de acuerdo con las rejas, porque nos mejora el barrio. También nos da más seguridad", dijo Marta Romero, una vecina que espera tener un árbol grande frente a la puerta de su casa.
"Aceptamos la reja, porque la propuesta fue clara. Y con esta obra nos beneficiamos todos, además de que nos dieron laburo", aseguró Miguel, que vive con su mujer y dos hijos, desde hace diez años, en una casa de 16 metros cuadrados.
En el nuevo cerco de rejas, la Ciudad colocará maseteros con plantas del lado de la autopista. Esas plantas, en un futuro, ganarán en altura y, probablemente, formen un "muro verde". Pero las autoridades, tal vez por una cuestión de formas, prefieren evitar llamar muro a la separación entre la villa y la autopista.
"Para lograr el acuerdo con los vecinos, hicimos foco en las coincidencias y consensuamos las diferencias para lograr acuerdos y puntos en común; la obra es un claro ejemplo de que con diálogo se puede avanzar. Y el punto en común fue la necesidad de brindar seguridad, tanto a las familias que viven en la villa como a los miles de vecinos que circulan por la autopista", dijo a LA NACION Gonzalo Mórtola, coordinador del Programa de Mejoras de las villas 31 y 31 bis.
LA PARED DE LA DISCORDIA
Mórtola también fue convocado por Corredores Ferroviarios, la concesionaria del San Martín, para mediar con los vecinos que dentro de seis meses tendrían una pared de tres metros de altura delante de sus ojos.
El plan de la concesionaria, avalado por LA NACION, es construir, además, una calle de 4 metros de ancho, entre la línea de edificación y la pared que dividirá a la villa 31 bis de las vías. Además, instalarán un puente peatonal a la altura de la calle 12 para que los habitantes puedan cruzar las vías del San Martín hasta la calle Padre Mugica, también conocida como la calle 15.
Hoy, miles de personas toman allí cada día un ómnibus ilegal que, por $ 2, los deja en la terminal de Retiro.
El añoso alambrado olímpico que imponía un límite entre las vías del San Martín y la 31 bis fue derribado hace años en casi toda su extensión, con lo que se abrieron pasos para cruzar caminando por los tendidos ferroviarios.
Una veintena de casas que lindan con el ferrocarril San Martín se construyeron sobre vías y están a unos pocos metros de los rieles. En ese espacio donde se cultiva el fango, los chicos juegan a la pelota. Ahí también se sientan sobre troncos a comer palitos de jugo de naranja congelados que preparan en sus casas mientras ven pasar los trenes a 40 kilómetros por hora.
"Puede ser que esto sea un peligro, pero no queremos que nos hagan un muro si no nos hacen una calle interna que, por lo menos, tenga seis metros de ancho. Si no, yo no puedo entrar el auto porque no dobla", dice Graciela, y señala su garaje. La mujer, luego, se permite una advertencia: "Vamos a cortar las vías si no respetan lo que pedimos".
El plan de hacer un paredón de 1,8 kilómetros lo lleva adelante Corredores Ferroviarios, que pertenece al grupo Roggio. Y la Ciudad, precisamente, cumple la función de mediador para que los vecinos acepten esta iniciativa. La obra de excavación ya comenzó. Y prevén que esté terminada en unos seis meses.
"La pared se hará conjuntamente en tres frentes distintos; se dejará una calle para que puedan circular las ambulancias, por ejemplo, pero no se puede dejar seis metros de ancho porque están las vías. Se buscará llegar a un acuerdo y la idea es que esté terminada en seis meses", confió una fuente que participa de las obras.
Las máquinas hoy apuntalan la tierra en el sector detrás de los galpones ferroviarios, a pocos metros de la calle 12, una de las principales de la villa 31. Un villa con mundo propio y que comenzó a delimitarse con paredes, alambrados y un muro.
BUSCAN UNA SOLUCIÓN PARA LA VILLA NYLON
También junto a la autopista Illia, en la mano que va hacia la zona norte, el asentamiento conocido como villa Nylon no para de crecer.
Pero las autoridades porteñas buscan llegar a un acuerdo con 15 familias que se instalaron con casas precarias construidas casi pegadas a la traza de la autopista. El lugar es realmente peligroso, tanto para sus ocupantes como para los automovilistas que circulan sobre la vía rápida. Un accidente en esa zona puede llegar a tener consecuencias gravísimas.
Aunque la llamada villa Nylon había sido desalojada, fue vuelta a ocupar en 2013 y hoy interviene la Justicia para lograr la liberación de los terrenos. En 2010, el gobierno acordó con 72 familias que vivían en ese asentamiento el desalojo, tras desembolsar 1600 pesos a cada una, más un monto mensual que les permitiera alquilar una habitación. Pero el año pasado otras personas ocuparon el lugar. Entre otras cosas, se investiga si algunos habitantes de la villa 31 tomaron esos predios para comercializarlos.
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