Por Pablo Novillo - diario ClarínPresentó un proyecto de ley para convertir el asentamiento en barrio. La iniciativa autorizaría construcciones de hasta seis pisos. Sigue pendiente el desalojo del predio contiguo ocupado hace 38 días.
La urbanización abarcaría el polígono
comprendido por las vías del ferrocarril Belgrano sur, avenidas
Escalada, Fernández de la Cruz y la calle Batlle y Ordóñez. “El proyecto
permitirá una traza urbana de comunicación fluida con el Premetro y el
Metrobus, equipamientos barriales, clubes de barrio, centros sanitarios y
escuelas, cloacas, agua, electricidad y gas, más arbolado e iluminación
pública. Generará una urbanización de calidad exactamente igual al resto de la Ciudad”, aseguraron Ritondo y Spalla.
El texto establece que la altura máxima de los edificios de viviendas no podrá ser mayor a planta baja y seis pisos. Pero en la ley no se establecerá la obligación de construir esas viviendas para los habitantes de la villa: en el macrismo explicaron que esa decisión “le corresponde al Ejecutivo”. En cambio, sí se determinará dónde pasará cada calle y para qué se podrá usar cada manzana.
La Villa 20 es una de las más antiguas de la Ciudad, y desde 1960 ya hay planes y normativas para urbanizarla. La última fue la ley 1.770, aprobada en 2005. Como no se cumplió, se terminó abriendo una causa en el juzgado contencioso administrativo de la Ciudad que maneja Elena Liberatori. En el marco de ese expediente, y por exigencia de la jueza, el Gobierno porteño presentó un plan de urbanización. Lo que hicieron los legisladores fue tomar ese plan y, con algunas modificaciones, intentar que se convierta en ley. La diferencia con la N° 1.770 es que este proyecto no es enunciativo sino que establece claramente cómo hacer la urbanización.
Con este proyecto el macrismo busca dos objetivos. Por un lado, recuperar la iniciativa política en el conflicto. La oposición se mostró unida en el pedido a la Justicia para que frene el desalojo, y además impulsa un proyecto de ley para crear una mesa de diálogo entre legisladores, habitantes de la villa y organizaciones sociales. En cambio, el macrismo se mostró siempre a la defensiva: no apoyó el proyecto de la oposición, se limitó a reclamarle a la Justicia que decidiera el desalojo, pero una vez que esto sucedió tampoco pudo concretarlo. El operativo, que debe realizar la Policía Metropolitana con apoyo de la Federal y Gendarmería, sigue en veremos, principalmente porque se trata de un procedimiento muy riesgoso por la gran cantidad de gente a desalojar.
Mientras tanto, la toma no para de crecer. El predio fue ocupado hace 38 días por unas 300 familias, en su mayoría provenientes de la Villa 20. Ante la demora política y judicial, hoy ya hay 850. La gente montó comedores, y hasta bautizaron al predio como “Barrio Papa Francisco”.
En la primera noche, y por un enfrentamiento interno, fue asesinado Osvaldo Soto, uno de los ocupantes. Así como hay una causa penal para esclarecer este crimen, la Justicia porteña tiene otro expediente donde se investiga si la toma fue organizada por punteros políticos que pretendían lotear el terreno y vender las parcelas por $ 8.000 a $ 20.000.
El principal problema es que el terreno ocupado está sumamente contaminado, con niveles de plomo tres veces mayores que lo tolerable, por ejemplo. Es que allí funcionaba hasta hace un año y medio un depósito de autos secuestrados por la Policía Federal. Ese predio debe ser saneado, lo que demorará un año y medio, y luego usado para ir construyendo las viviendas transitorias donde relocalizar a quienes vivan en las casillas que se vayan eliminando a medida que avance la apertura de calles y el resto de la urbanización.
El tema es que los habitantes de la toma no le creen al Gobierno porteño. Ellos presentaron su propia propuesta, que era la de ir liberando el predio de a sectores, al ritmo de la urbanización. Pero esto fue rechazado por la Ciudad, y tampoco lo aceptó, al menos hasta ahora, la jueza Liberatori.
Según los censos poblacionales del INDEC, en 1991 la cantidad de habitantes de la villa 20 era de 7.460 personas, en 2001 se había ido a 16.323, y para 2010 ya había llegado a 19.195, cifra que hoy muy posiblemente sea incluso mayor. Es la cuarta villa más grande de la Ciudad, después de la 21-24, la 31-31 bis y la 1-11-14.
El texto establece que la altura máxima de los edificios de viviendas no podrá ser mayor a planta baja y seis pisos. Pero en la ley no se establecerá la obligación de construir esas viviendas para los habitantes de la villa: en el macrismo explicaron que esa decisión “le corresponde al Ejecutivo”. En cambio, sí se determinará dónde pasará cada calle y para qué se podrá usar cada manzana.
La Villa 20 es una de las más antiguas de la Ciudad, y desde 1960 ya hay planes y normativas para urbanizarla. La última fue la ley 1.770, aprobada en 2005. Como no se cumplió, se terminó abriendo una causa en el juzgado contencioso administrativo de la Ciudad que maneja Elena Liberatori. En el marco de ese expediente, y por exigencia de la jueza, el Gobierno porteño presentó un plan de urbanización. Lo que hicieron los legisladores fue tomar ese plan y, con algunas modificaciones, intentar que se convierta en ley. La diferencia con la N° 1.770 es que este proyecto no es enunciativo sino que establece claramente cómo hacer la urbanización.
Con este proyecto el macrismo busca dos objetivos. Por un lado, recuperar la iniciativa política en el conflicto. La oposición se mostró unida en el pedido a la Justicia para que frene el desalojo, y además impulsa un proyecto de ley para crear una mesa de diálogo entre legisladores, habitantes de la villa y organizaciones sociales. En cambio, el macrismo se mostró siempre a la defensiva: no apoyó el proyecto de la oposición, se limitó a reclamarle a la Justicia que decidiera el desalojo, pero una vez que esto sucedió tampoco pudo concretarlo. El operativo, que debe realizar la Policía Metropolitana con apoyo de la Federal y Gendarmería, sigue en veremos, principalmente porque se trata de un procedimiento muy riesgoso por la gran cantidad de gente a desalojar.
Mientras tanto, la toma no para de crecer. El predio fue ocupado hace 38 días por unas 300 familias, en su mayoría provenientes de la Villa 20. Ante la demora política y judicial, hoy ya hay 850. La gente montó comedores, y hasta bautizaron al predio como “Barrio Papa Francisco”.
En la primera noche, y por un enfrentamiento interno, fue asesinado Osvaldo Soto, uno de los ocupantes. Así como hay una causa penal para esclarecer este crimen, la Justicia porteña tiene otro expediente donde se investiga si la toma fue organizada por punteros políticos que pretendían lotear el terreno y vender las parcelas por $ 8.000 a $ 20.000.
El principal problema es que el terreno ocupado está sumamente contaminado, con niveles de plomo tres veces mayores que lo tolerable, por ejemplo. Es que allí funcionaba hasta hace un año y medio un depósito de autos secuestrados por la Policía Federal. Ese predio debe ser saneado, lo que demorará un año y medio, y luego usado para ir construyendo las viviendas transitorias donde relocalizar a quienes vivan en las casillas que se vayan eliminando a medida que avance la apertura de calles y el resto de la urbanización.
El tema es que los habitantes de la toma no le creen al Gobierno porteño. Ellos presentaron su propia propuesta, que era la de ir liberando el predio de a sectores, al ritmo de la urbanización. Pero esto fue rechazado por la Ciudad, y tampoco lo aceptó, al menos hasta ahora, la jueza Liberatori.
Según los censos poblacionales del INDEC, en 1991 la cantidad de habitantes de la villa 20 era de 7.460 personas, en 2001 se había ido a 16.323, y para 2010 ya había llegado a 19.195, cifra que hoy muy posiblemente sea incluso mayor. Es la cuarta villa más grande de la Ciudad, después de la 21-24, la 31-31 bis y la 1-11-14.
