Las recientes noticias provenientes de Bolivia y de Colombia no podrían ser más desalentadoras. En el país del altiplano, el presidente Evo Morales promulgó hace pocos días una polémica ley que duplica la superficie de cultivo legal de coca. Reconoce un total de 22.000 hectáreas de coca, contra las 12.000 que había desde 1988. La nueva norma fue aprobada por el Congreso, de mayoría oficialista, el 24 de febrero pasado, tras duras exigencias de los aliados cocaleros del presidente.
Bolivia tendrá 14.300 hectáreas de coca en la región de los valles subandinos de los Yungas. Morales ha insistido en que debe despenalizarse mundialmente el uso de la hoja de coca, sobre todo el "acullico", o mascado ancestral de los campesinos, y anunció en un acto público que con la promulgación de la nueva ley "queremos garantizar coca de por vida", un cultivo místico de la población andina.
Las críticas de la oposición no se hicieron esperar. Por ejemplo, la diputada Jimena Costa afirmó que la nueva norma "acarreará dificultades internacionales", puesto que "estaría poniendo a disposición del narcotráfico más de 11.000 toneladas métricas anuales de hoja de coca".
Por su parte, en Colombia los cultivos de coca han aumentado considerablemente en los últimos tres años. El gobierno redujo las operaciones de erradicación en áreas controladas por las FARC para reducir el riesgo de conflicto armado a medida que las partes negociaban un acuerdo de paz definitivo.
El 90 por ciento de la cocaína incautada en los Estados Unidos tiene origen en Colombia, mientras que la de Bolivia ha inundado los países vecinos.
Nuestro país es considerado uno de los mayores consumidores de cocaína en el mundo, un lamentable y peligroso galardón que debe ser revertido de manera urgente.
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