La provincia de Buenos Aires volverá a manejar fondos que tenían los intendentes.
Gran parte del ovillo político que se tejió en torno de las viviendas sociales se empezará a clarificar por estos días. Seguramente la semana próxima habrá un anuncio en la provincia de Buenos Aires. Todas aquellas licencias para construir y controlar obras que tuvieron los intendentes en los años de oro del kirchnerismo volverán a la órbita de la gobernación bonaerense.
El ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, y la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, serán los encargados de anunciar la modificación del sistema de construcción de viviendas sociales que reinó en los últimos años.
La medida es simple pero cambia la manera en que se relacionará el poder a través de la entrega de viviendas. El dinero, como siempre, lo mandará la Nación a las cuentas de la provincia. Y desde allí se destinará a obras y viviendas, siempre supervisado por una unidad que fiscalizará y controlará. Así los municipios pasarán de actores principales al lugar de espectadores privilegiados.
Desde hace al menos una década, los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner cambiaron la manera de repartir los fondos para casas destinadas a los sectores de menos recursos. Históricamente, el dinero y la potestad se entregaban a los gobernadores que a través de los institutos de viviendas distritales asignaban el Fondo Nacional de Viviendas (Fonavi). Pero después de un acuerdo federal que se firmó en 2004, los gobernadores entregaron gran parte de las facultades de reparto a la Nación.
Y entonces llegó la discrecionalidad. Primero fue la construcción de la transversalidad mediante la que el kirchnerismo salió a buscar gobernadores encantados con el menú que ofrecía la Nación.
La vivienda fue, en ese momento, una de las herramientas de persuasión. Luego, la dupla que formaban el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el secretario de Obras Públicas José López apuntó mejor. Ya no bastaba con premiar a ciertos gobernadores y castigar a otros, sino que se enfocó en los intendentes. Así las cosas, se arreglaba directamente con los jefes comunales y se pasaba por encima de los estructuras de los jefes provinciales.
Epicentro en Buenos Aires
La provincia de Buenos Aires fue, quizá, el epicentro de esta forma de construir puentes por encima del entonces gobernador Daniel Scioli. Por esos días, la aceptación tácita con la que el ex motonauta aceptaba los designios de la casa Rosada permitió que la situación llegara a niveles extremos.
Tal fue el sistema que se dio que el Fonavi, un fondo que se recolecta con un porcentaje del precio de los combustibles y que debe aplicarse a la construcción de viviendas, se utilizaba para gastos corrientes. Es decir, como la Nación dejaba afuera a la provincia del reparto de fondos federales para construir viviendas, Scioli tomaba aquel dinero para pagar los gastos de administración de la provincia.
La situación llegó al extremo ya que en decenas de municipios quedaron verdaderos esqueletos de barrios sociales que jamás se terminaron. En parte por la desactualización de los precios, pero también por las complicidades municipales y la corrupción.
Vidal y Frigerio decidieron deshacer aquella operatoria más asociada a la política que a la eficiencia en la construcción. La Nación enviará fondos a la provincia y serán sus organismos los que repartan, controlen y fiscalicen.
La idea que los funcionarios tienen en mente es tratar de acelerar la construcción de viviendas, actualizar los precios de lo que quedó paralizado por la corrosión de la inflación y terminar lo inconcluso.
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