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martes, 17 de abril de 2018

El gobierno de Vidal anunció una línea de crédito para poner 9000 cámaras en colectivos

LPO (La Plata) - Los empresarios accederán a una línea blanda financiamiento a cuatro años. El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, anunció una línea de crédito para la colocación de unas 9000 cámaras en las unidades de colectivos.

Tras el crimen del chofer, Ritondo y Magario cruzaron responsabilidades por la seguridad en La Matanza. La medida busca garantizar la seguridad de los choferes tras el crimen del colectivero Leandro Alcaraz, quien fue asesinado de dos disparos el domingo por pasajeros con los que mantuvo una discusión porque no contaban con la tarjeta Sube para pagar el viaje.

El gobierno cumple así con la ley 14.897 que según dijo el ministro no se pudo implementar por la falta de financiamiento. Ritondo explicó que el financiamiento al que accederán los empresarios de transporte será a cuatro años a una "tasa blanda". 

Esta tarde, María Eugenia Vidal recibió en La Plata a unos 10 empresarios de la Cámara de Transporte y más tarde al titular de la UTA, Roberto Fernández. Con los empresarios acordó las condiciones de la línea de crédito y también los plazos. Según explicó Ritondo será de 90 días para las unidades que circulen de noche y de 180 días para los colectivos que hagan sus recorridos durante el día.
De la ronda de reuniones participaron Ritondo y sus pares Roberto Gigante (Infraestructura), Juan Curuchet (Banco Provincia), Mariano Campos (Vialidad) y el diputado provincial Matías Ranzini.

Roberto Gigante, Cristian Ritondo, Juan Curuchet y Mariano Campos.Desde el gobierno aseguran que las cámaras se instalarán en 5000 unidades provinciales y 4000 municipales. Además Ritondo anunció que colocará sin cargo botones antipánico en todas las unidades una vez que estén instaladas todas las cámaras en las unidades.

Las cámaras de seguridad deberán estar ubicadas en lugares visibles y el número dependerá de las características de cada unidad, pero se deberá garantizar un mínimo de una por cada puerta del vehículo, que aseguren una visión total del interior.

Durante una conferencia de prensa, Ritondo volvió a cargar contra Verónica Magario. Fue al responder sobre los cuestionamiento de la intendenta de La Matanza respecto que habían retirado todos los gendarmes desplegados en distrito más populoso del país. "Lamento que ante la muerte haya una persona capaz de politizar, pero no me extraña de quien viene", dijo Ritondo.

Fuentes del gobierno dijeron a LPO que durante toda la jornada no existió un solo contacto telefónico entre la intendenta y el gobierno provincial.

Por la mañana, en un operativo de saturación realizado en el barrio ‘El Mercadito', en La Plata, Ritondo había cargado contra Magario. "Nosotros trabajamos muy bien con la gran mayoría de los intendentes. Pero hay casos de municipios que en dos años no gastaron un peso de los fondos que enviamos, como es el caso de La Matanza", dijo el ministro de Seguridad.

Desde la cartera de Seguridad filtraron datos que sostienen que Magario no ejecutó durante 2016 un solo peso enviado por la provincia a través del Fondo de Seguridad. En tanto, la intendenta desmiente esos datos y clama por efectivos.

La ley que obliga a las empresas de transporte de pasajeros a instalar una cámara en cada unidad data de finales de 2016, y otorgaba 180 días para cumplimentar la medida. Sin embargo, pasado casi un año, pocas empresas cumplían el requerimiento. Consultado al respecto, Ritondo aseguró que esto se debió a "un problema de financiamiento que tenían las cámaras empresarias".

jueves, 5 de abril de 2018

Bienes valuados en $50 millones incautados a contrabandistas serán utilizados para equipar a las fuerzas federales

(FM Soledad 885) - Se trata de motos, cámaras, computadoras, drones y televisores secuestrados a una organización criminal dedicada al contrabando
Las fuerzas federales recibieron bienes valuados en 50 millones de pesos, provenientes de operativos contra el crimen organizado. Ahora esos elementos serán utilizados para combatir al delito complejo.
"Las cosas de la gente vuelven a la gente. Estamos trabajando en equipo para que esta mercadería que fue incautada pueda ser utilizada para colaborar en la lucha contra el delito", aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y agregó: "Cada una de estas cosas, todas de alta tecnología, son útiles y responden a requerimientos específicos de las fuerzas federales".

Asimismo, la funcionaria destacó la cooperación del Poder Judicial y la Aduana en el trabajo de identificación de los bienes. "Todo aquí está clasificado para que puedan tener un uso adecuado: desde motos, computadoras, drones, cámaras go pro, ropa de montaña para territorios complejos, hasta televisores que equiparán los centros de monitoreo".

Los bienes están valuados en 50 millones de pesos, cifra récord en lo que hace al desmantelamiento y desfinanciamiento de las organizaciones criminales. "Recalcar el trabajo de todas las agencias, siendo este el puntapié inicial de algo indispensable: disponer, con la voluntad del juez, de mercaderías necesarias para la gestión de seguridad", expresó el director general de Aduanas, Diego Dávila. Y subrayó: "Replicaremos en el futuro estas acciones, poniendo a disposición la mercadería antes del fin del proceso judicial, que además le evita al Estado el costo de mantenimiento de las mismas".

"El trabajo conjunto entre las diferentes áreas del Estado hoy se ve materializado en la entrega de 50 millones de pesos en bienes del contrabando que, con alto nivel tecnológico, serán utilizados para dotar a las fuerzas de seguridad de un mejor equipamiento en la lucha contra el delito complejo", expresó el secretario de Cooperación con los Poderes Constitucionales, Gonzalo Cané.

Los elementos que fueron entregados a las fuerzas federales habían sido decomisados tras una exhaustiva investigación que encabezó el juez Diego Amarante. La pesquisa permitió conocer todo el entramado de una organización criminal dedicada al contrabando y detener a 11 de sus integrantes.
La banda ingresaba contenedores a la Argentina mediante la simulación de mudanzas y utilizaban fraudulentamente el régimen de equipaje no acompañado. Así, esta organización que operó entre octubre de 2015 hasta agosto de 2016, había entrado al país mercadería valuada en 1.600 millones de pesos, con un perjuicio fiscal aproximado de 653 mil pesos.

Las tareas de inteligencia incluyeron la declaración de un imputado bajo la figura del arrepentido y arrojaron el decomiso de seis contendores.

Fuente: https://www.infobae.com/politica/2018/04/05/bienes-valuados-en-50-millones-incautados-a-contrabandistas-seran-utilizados-para-equipar-a-las-fuerzas-federales/
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