(La Nación) - Urge avanzar sin más demora en la sanción de leyes como la de extinción de dominio, que permitirá al Estado rescatar bienes de la corrupción
La noticia de que Brasil ha recuperado en 2015 casi 125 millones de dólares desviados al exterior por la corrupción, superando en ocho veces el total acumulado entre 2005 y 2014, es un récord que pone a ese país como un ejemplo por tener en cuenta en cuanto a la lucha contra ese tipo de delitos.
A esa cifra se ha llegado por el aumento de los convenios establecidos por la justicia de Brasil con Suiza y también por el aporte de las denominadas "delaciones premiadas" de algunos de los partícipes de la enorme red de corrupción protagonizada fundamentalmente por la petrolera estatal Petrobras y poderosas empresas constructoras.
En nuestro país, producto de la declaración judicial de Leonardo Fariña, sospechado de haber intervenido en operaciones de lavado de dinero e ingresado en el sistema de testigos protegidos, el juez Sebastián Casanello ordenó -aunque muy tardíamente-una serie de allanamientos en la provincia de San Cruz en propiedades del pseudoempresario Lázaro Báez.
El objetivo del magistrado es "recuperar activos" como parte de la causa en la que se investiga al socio y presunto testaferro de la familia Kirchner por aquel delito y por la que se encuentra detenido en el penal de Ezeiza desde hace un mes.
Precisamente, la recuperación para el Estado de bienes obtenidos a partir de prácticas corruptas -lo que se denomina "extinción de dominio"- y la ley del arrepentido son dos recursos inestimables en la lucha contra la corrupción.
Con la extinción de dominio, cuyo proyecto de ley está siendo consensuado en el Congreso Nacional, se crea un nuevo instrumento jurídico mediante el cual el Estado podrá perseguir aquellos bienes de procedencia ilícita sin necesidad de una condena previa del individuo acusado. Esa herramienta es distinta de la del "decomiso", que hoy ya está prevista en el Código Penal, pues en este caso el castigo recae sobre el sujeto. En cambio, la extinción de dominio, que es una acción legal pero de naturaleza civil, se dirige a los bienes de origen ilícito más allá de la responsabilidad criminal del individuo.
Así lo prevé un borrador del Poder Ejecutivo que coincide en muchos de sus puntos con una extensa serie de iniciativas que en el mismo sentido han venido presentando legisladores de varios bloques parlamentarios. De allí que el Gobierno haya decidido llegar a un proyecto de unificación que surja del propio Congreso.
Una de ellas fue presentada el año último por la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica), quien, además de regular el procedimiento, propone reglamentar su administración y destino. Se trata -ha dicho la diputada- de "recuperar lo robado" para que el Estado pueda dar a esos bienes diversos fines, como la inversión social, la prevención de adicciones, la rehabilitación y la lucha contra el crimen organizado.
Entre otros legisladores, presentaron iniciativas en esa materia los diputados Sergio Massa y Graciela Camaño (Frente Renovador) y Miguel Bazze y Héctor Gutiérrez (UCR), y la vicepresidenta Gabriela Michetti (Pro). Entre las diferencias con la iniciativa del oficialismo, que propugna circunscribir la acción a delitos contra la administración pública y el lavado de dinero, otros legisladores la extienden a delitos complejos como el narcotráfico y la trata de personas.
Respecto de la ley del arrepentido, presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el Congreso, se trata de un instituto que ya se encuentra en nuestra legislación para los casos de narcotráfico, secuestros extorsivos y terrorismo, y que, como bien ha dicho el fiscal Raúl Pleé en una columna publicada en LA NACION, nada impide a los jueces ofrecer esa posibilidad a todos los imputados por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, ello no ha sido lo habitual, por lo cual desde el Gobierno se propicia precisar por ley aún más estos casos para que la lucha contra la corrupción deje de ser un mero discurso. En nuestro país, las prácticas corruptas se diluyen en investigaciones judiciales que nunca avanzan y que terminan archivándose debido al paso del tiempo.
Tanto es así que si Lázaro Báez o cualquier otra persona sospechada de lavado de dinero quisiera ser considerado un arrepentido, podría hacerlo proponiéndoselo al juez. Será éste quien evalúe la colaboración que pueda prestar y en qué forma podría verse reducida una eventual pena.
Es de destacar que todo paso en dirección a luchar contra la corrupción de una manera decidida debe ser bienvenido y apoyado.
Las tan difundidas imágenes sobre el conteo de millones de dólares en la financiera conocida como "La Rosadita", en Puerto Madero, hecho que involucra a miembros de la familia Báez y extiende sus sombras sobre la de los Kirchner, ha provocado una lógica indignación popular. Será la Justicia la que finalmente determine la legalidad o no de esos movimientos millonarios. En tanto, de los dirigentes políticos se espera que den una respuesta contundente a este tipo de cuestiones que muchas veces los tienen como protagonistas, ya sea por acción o por omisión.
El descarado silencio de las principales figuras del kirchnerismo sobre las innumerables causas de corrupción que tienen en la mira a ex funcionarios de sus sucesivos gobiernos es casi una admisión no sólo de la autoría de muchos de esos delitos, sino de la impunidad con que los han cometido y con la que aún hoy imaginan que podrán salir del atolladero sin tener que pagar demasiado por ello.
No parecen contar en sus cálculos con que muchos de los brazos judiciales en los que se cobijaban ya no los abrigan y que deberán rendir cuentas -tanto los dirigentes políticos como los integrantes del Poder Judicial que los apañaron- a una sociedad que, afortunadamente, parece haber empezado a tomar conciencia de la gravedad del latrocinio.
La biblioteca de Lázaro Báez tenía ejemplares firmados por Perón y Evita
Una serie de propiedades pertenecientes al empresario Lázaro Báez y a su familia fueron allanadas en la ciudad de Comodoro Rivadavia, al sur de Chubut, en el marco de la causa por lavado de dinero. Entre esos terrenos, descubrieron que Báez había adquirido seis hectáreas de un Parque Nacional en El Chaltén.
