(defensa.com) - Gran sorpresa y enorme malestar en
los cuadros técnicos navales ha suscitado una propuesta del Gobierno, incluída
en la Rendición de Cuentas presentada al Parlamento el pasado domingo, que
determina la virtual extinción o reducción a su mínima expresión de los
astilleros y servicios conexos de la Armada, agrupados en el Servicio de
Construcciones, Reparaciones y Armamento (SCRA), en momentos en los que la
actividad estaba cobrando apreciable impulso regional.
La posible creación del
ente estatal también preocupa a la actividad privada, por las posibilidades de
dumping, competencia desleal y el probable empleo de mecanismos informales
comerciales o industriales.
El presidente José Mujica pretende crear el
"Instituto Naval del Estado (INES)", que tendrá como objeto promover el
desarrollo de la industria naval nacional y las actividades de construcción,
reforma, reparación, mantenimiento y carenado de naves y navi partes de la flota
del Estado y de privados, pudiendo participar en el desarrollo de tales
actividades en forma directa o bajo diferentes modalidades de contratación
con terceros, de acuerdo con la normativa vigente.
El Directorio estará
integrado por un representante designado por el Ministerio de Defensa Nacional,
un representante del Ministerio de Economía y Finanzas y un tercero designado
por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, quien lo presidirá. El
Directorio tendrá todas las facultades necesarias para cumplir con el objeto
social, comunicándose con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de
Industria, Energía y Minería. Cabe señalar que el mecanismo de gestión
política de las empresas públicas especializadas en Uruguay ha dado muy malos
resultados y un perfil absolutamente deficitario, al menos en los últimos 25
años.
Para iniciar las tareas del nuevo organismo se quiere instituir un
Fideicomiso de Administración, designándose como fiduciario al nuevo Instituto
Naval del Estado, con el fin de desarrollar actividades de la industria naval y
conexas a las mismas. La plena propiedad de los bienes muebles e inmuebles
afectados actualmente a tales actividades en el Servicio de Reparaciones,
Construcciones y Armamento de la Armada, se incorporarán al patrimonio
fiduciario del Fideicomiso referido anteriormente, a los efectos de la
administración y explotación de dichos bienes.
El Poder Ejecutivo determinará
los bienes inmuebles comprendidos en esta incorporación, y los registros
notariales procederán a su registración con la sola presentación del testimonio
notarial de esa resolución. Los bienes muebles e inmuebles del patrimonio
fiduciario no podrán ser enajenados ni gravados sin resolución expresa adoptada
por unanimidad del Directorio del INES. El Servicio de Reparaciones,
Construcciones y Armamento de la Armada deberá ceder al Fideicomiso los
contratos vigentes para actividades de la industria naval y conexas. Como
consecuencia de ello, quedarán sin efecto las funciones, los deberes y las
responsabilidades del Servicio de Reparaciones, Construcciones y Armamento de la
Armada en la referida área de actividades de la industria naval.
Respecto al
personal -civil o militar- del Servicio de Reparaciones, Construcciones y
Armamento de la Armada a la fecha de constitución del Fideicomiso que se cree
para el cumplimiento de los objetivos del Instituto Naval del Estado y sea
contratado por este, dejará de percibir las remuneraciones asociadas al
desempeño de su cargo o función en la mencionada Unidad Ejecutora,
reservándosele el cargo o manteniendo su contrato en suspenso, por un plazo de
dos años. Al vencimiento de dicho plazo el funcionario podría regresar a
desempeñar funciones en el Ministerio de Defensa Nacional con todos sus derechos
funcionales.
A pesar de ciertos puntuales casos de corrupción acaecidos
durante el gobierno de Tabaré Vázquez y mayoritariamente vinculados al anterior
Comandante en Jefe, ex Almirante Juan Fernández Maggio- procesado por tal
motivo-y oficiales de su entorno(también enjuiciados y destituídos) alrededor de
los astilleros de la Armada, los mismos estaban comenzando a ser una genuina
fuente de recursos, construyendo barcazas y remolcadores de empuje, así como
restaurando buques de la Armada y atendiendo pesqueros, incorporando nuevas
tecnologías. Apenas era necesario un esquema jurídico más flexible, sin creación
de nuevos órganos ni vaciamiento de las estructuras ya existentes.
El
Gobierno, que comprometió parte de la actividad naval usual en Uruguay, al
expulsar a diversos buques de pesca que operaban alrededor de las islas Falkland
o Malvinas a pedido de Argentina, los cuales ahora lo hacen en el sur de Brasil,
pretende concentrar el movimiento en tal sentido en una nueva estatal, aún
después del estrepitoso fracaso de su gestión al frente de otras empresas
similares o mixtas, como la malograda aerolínea Pluna o la ferrocarrilera Afe,
dependiendo exclusivamente de un posible acuerdo con la española Euskotren para
asegurar una maltrecha y endeudada supervivencia.
Asimismo, se ordena a la
Armada pasar a cobrar los cursos y seminarios de apoyo a la industria naval en
oficios relacionados a construcciones y reparaciones navales en Diques y
Astilleros, que usualmente se brindan a través del Centro de Instrucción de la
Armada (Ciarm).
Por si esto fuera poco, en lo que implica a nivel simbólico,
máxime que hasta el acceso del actual oficialismo al Gobierno, en 2005, estas
instituciones eran mayormente mantenidas con recursos asignados y grupos de
apoyo privado para asegurar su gratuidad, se instruye al Museo Naval- y
probablemente otros museos militares relacionados a las demás Fuerzas- a cobrar
entrada y las publicaciones especializadas que edite.
Aún no ha trascendido
ninguna decisión respecto al Servicio de Mantenimiento de la Aviación Naval,
que, en su sede operativa contigua a la Base Aeronaval C/C Carlos A. Curbelo, y
con la debida autorización para ejercer comercialmente, presta servicios a
privados, como la aerolínea BQB- a la cual se le inicia en los próximos días la
inspección mayor de uno de sus ATR-72/500 (una novedad en la faz local)- la
empresa de aerotaxis Álabe y la escuela aeronáutica Punta del Este Flight
School, recientemente certificada por la DINACIA.
Justamente, la FAU también
había solicitado incluir en esta rendición de cuentas, la posibilidad de
desarrollar este tipo de servicios a terceros de manera formal y lucrativa,
aspiración que, por el momento, no se sabe que destino tendrá. (Javier
Bonilla)
