Cuando una Constitución dispone que un país es federal, lo primero que hace es repartir las diferentes atribuciones o potestades de los gobernantes entre las autoridades nacionales y las provincias. Si además esa Constitución dispone la existencia de un régimen político republicano, además, también se encarga de repartir las atribuciones de las autoridades nacionales entre diferentes órganos.
La Constitución de la Argentina estableció la existencia de un régimen de gobierno federal y republicano. Por lo tanto, para que funcione el federalismo es necesario que el Gobierno Nacional respete el ejercicio, por parte de las provincias, de todas y cada una de las facultades que la Constitución Nacional le ha conferido; y para que funcione el sistema republicano, el llamado órgano ejecutivo debe abstenerse de ejercer las potestades que la Ley Fundamental le confirió al Congreso, así como también debe permitir que los jueces se desempeñen en forma totalmente independiente.
Con respecto al federalismo, la Constitución le ha dado una medida limitada. El constituyente ha creado provincias autónomas, pero admite que sean intervenidas federalmente por el gobierno federal; no les permite unirse sin el acuerdo del Congreso; acepta que el Gobierno Central cree excepcionalmente impuestos directos (propios de las provincias), y no les da total libertad para organizar sus regímenes municipales, obligándolas a darle autonomía a sus comunas.
Es cierto que el federalismo argentino encuentra sus límites en la misma Constitución, pero estas limitaciones se agravan en los hechos, porque el Gobierno Central controla políticamente a las provincias a través de los recursos económicos: la coparticipación impositiva y los aportes del Tesoro de la Nación son los mecanismos que utiliza el Gobierno Nacional para mantener cautivas a las provincias, dando y quitando a voluntad para evitar que los gobernadores tengan vuelo propio y se independicen políticamente de las decisiones de aquel.
Es paradójica la Argentina Federal: el gobierno central tiene superávit fiscal y las provincias están en rojo. Obsérvese que la Constitución Nacional exige al Congreso de la Nación (Art.. 75 inciso 19) que adopte medidas destinadas a lograr el crecimiento parejo de la Nación, y para evitar el desigual desarrollo e provincias y regiones. Pues en este mandato constitucional las provincias tienen mucho para hacer, desde que forman parte de ese Congreso Nacional, integrando en partes iguales el Senado de la Nación.
Sin embargo no parece haber voluntad política alguna para lograr que ese precepto constitucional se haga realidad; no sólo porque faltan medidas que tengan ese objetivo, sino porque además esa desproporción entre la diferente realidad económica de las unidades federativas y el Gobierno Nacional, se ve reflejada en una pésima distribución demográfica que concentra al 50% de la población en Capital Federal y provincia de Buenos Aires.
Con respecto al sistema republicano, es también la misma Constitución Nacional la que lo ha puesto en riesgo, desde su reforma del año 1994, autorizando al Congreso a delegar sus potestades al presidente; permitiéndole a éste ejercer facultades legislativas a través de los decretos de necesidad y urgencia; incorporando funcionarios políticos en el Poder Judicial, en la composición del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, etc.
Pues esta merma en la intensidad republicana también es coadyuvada por el accionar de los gobernantes, no sólo porque se hace uso y abuso de estas potestades excepcionales (como lo son la de dictar decretos de necesidad y urgencia y decretos delegados), sino porque el Congreso, que es quien debe controlar que estos instrumentos no se conviertan en herramientas de utilización habitual, está ausente en dicho menester.
Que el texto constitucional declame federalismo y república es insuficiente si quienes ejercen tienen a su cargo diariamente los destinos del país no toman medidas para que estos sistemas no sean más ilusorios aún.
