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(Perfil.com) - Lo hizo una empresa china. ¿La tinta? Materiales de demolición reciclados. Costos bajísimos y una revolución en puerta.
Tal vez una de las razones por las que muchos piensan que la
impresión 3D está sobrevalorada, es que gran parte de la atención se ha
centrado en sólo algunos aspectos de la impresión, como los órganos
humanos, que aún se encuentran lejos de ser utilizables, y las armas.
Sin embargo, la verdadera innovación es que hará que la fabricación
cosas de distinta magnitud será más barato, aunque resulten un poco
menos atractivas. Y no es algo a futuro, sino que ya sucede.
Una empresa china ha demostrado hasta qué punto se puede ser revolucionario en la impresión 3D industrial. WinSun Decoration Design Engineering imprimió y montó diez casas monoambientes de 200 metros cuadrados cada una, en tan sólo 24 horas. A pesar de ello, lo más llamativo es el costo: cada unidad cuesta sólo unos US$ 4.800. ¿La “tinta” de la impresora? Residuos de construcción reciclados y cemento.
Investigadores de la University of Southern California ya
habían demostrado que la tecnología permitía la impresión de la
fachada de un edificio entero en un solo día. Y los arquitectos europeos
han sido la construcción de casas en 3D impresos que son caros, gafas
de diseño adornos. Pero Winsun son los primeros en construir 10
viviendas en un sólo día.
La compañía utilizó cuatro impresoras 3D 6,1 metros de altura, y
tiene 10 metros de ancho por 40 metros de largo, según informa el sitio
Computer World. Y en lugar de tinta, las impresoras exprimen el material de construcción
de un modo similar a una manga de decoración pastelera, formando
paredes de a una sola capa a la vez. Una vez en el sitio de
construcción, estas paredes se unen para formar los monoambientes.
Aún más interesante es la sustancia que Winsun utiliza para la “tinta”: materiales de construcción desechados, residuos mineros y otros descartes.
Y eso es algo que China genera en abundancia. El promedio de antigüedad
para demoler un edificio en China es de 30 años, en comparación con 75
años en los EE.UU. Así se explica cómo es que China genera entre 1,6 millones de toneladas y 2 millones de toneladas de materiales de demolición al año, de los cuales se recicla poco: mientras Japón rescata el 95% de sus residuos de la construcción; China reutiliza menos del 5%.
“Los desarrolladores pueden reducir a la mitad los costes de construcción por la reutilización de materiales“, dice Ma Yihe,
CEO de Winsun e inventor de la impresora que utilizan. Ma afirma que
está planeando construir 100 plantas de reciclaje en toda China para
refinar los materiales para sus proyectos de impresión en 3D.
Sin embargo, la escala es un problema. La gran
limitación con impresión en 3D en este momento es que no se puede hacer
una pared que sea más grande que la impresora. Y, por supuesto, esos
muros prefabricados tienen que ser transportados desde la impresora al
sitio de construcción.
Pero Winsun también tiene algo en mente para solucionar esa contra. La compañía está desarrollando un robot “MiniBuilder” para imprimir directamente las estructuras en el sitio.
Si esto funciona, podría, finalmente, hacer que la impresión de
viviendas sea incluso más barato, al reducirse los costos de transporte.
Nora Sánchez (Clarín.com) - Cambios en los barrios Los
nuevos edificios de hasta 4 pisos estarán en 13 manzanas entre las
calles Donado y Holmberg, sobre la traza de la autopista que nunca se
hizo. Habrá escuelas, la sede comunal y un parque lineal.
Pampa y Donado. El complejo tendrá
desde monoambientes hasta departamentos con tres habitaciones. Lo
inaugurarán en noviembre. /ALFREDO MARTINEZ
Donde hasta hace un tiempo había edificios
tomados y calles semidesiertas, hoy hay complejos nuevos de viviendas y
obras en construcción. La traza de la AU3, la autopista que jamás se hizo, ya dejó de ser una cicatriz en el límite entre Villa Urquiza, Villa Ortúzar, Coghlan, Saavedra y Belgrano R. Y va tomando forma como un nuevo vecindario: el Barrio Parque Donado Holmberg.
El nuevo barrio abarca 13 manzanas
entre las calles Donado y Holmberg, desde avenida Congreso hasta
Carbajal. El paisaje actual de la zona son las grandes grúas y los
camiones de materiales que van y vienen. Según el Ministerio de
Desarrollo Urbano, hay 26 edificios de vivienda en construcción.
Todos con una altura de cuatro pisos, para mantener un perfil
residencial. Todos los desarrolladores deben dejar una vereda de 15
metros, donde tienen que hacer a su costo un espacio verde y bicisendas
según un diseño determinado por el Ejecutivo. Así se conformará un
parque lineal de 1.500 metros.
Los emprendimientos se hacen en parcelas antes ocupadas por los edificios expropiados para hacer la autopista.
Hasta ahora, el Ejecutivo vendió 26 de los 51 terrenos existentes por
unos $ 120 millones. En algunos de los que falta subastar aún hay
construcciones ocupadas, porque falta relocalizar a casi 50 familias.
Otros ya están disponibles, pero en Desarrollo Urbano explican que,
como la economía se enfrió, están esperando un momento más propicio para
venderlos más ventajosamente. Mientras, el Gobierno hará un parque
provisorio en la vereda, para darle continuidad al que construyen los
desarrolladores.
La obra del complejo GreenHaus, en La Pampa y
Donado, está muy avanzada. Va a tener desde monoambientes hasta
departamentos de cuatro habitaciones, piscina cubierta y descubierta,
spa y microcine. Ya vendieron todas sus unidades y en noviembre llegarán
los primeros habitantes. El vértigo de la construcción contrasta con la
dejadez de la esquina opuesta, que retrata la postal anterior del
barrio. Allí persiste una de las pocas propiedades ocupadas que quedan.
Para
desarrollar GreenHaus, el estudio Elepe compró siete lotes. “El barrio
estaba muy deteriorado, pero tenía un gran potencial –cuenta el
arquitecto Hernán Pelavski, socio de Elepe–. Compramos media manzana
entre Pampa y Sucre, a tres cuadras de la zona mas cara de Belgrano R
pero en un lugar poco vendible. Contratamos a un arquitecto
internacional, Mathias Klotz, y lanzamos el emprendimiento avalados por
su diseño. Y nos sorprendió la repercusión: en menos de 20 días se vendió todo el edificio.
El target es gente que busca su primera o segunda vivienda,
recién casados, parejas con uno o dos hijos o solteros. El eslogan de
GreenHaus es ‘departamentos con alma de casa’, porque todos tienen
jardín vertical propio y hay muchas áreas verdes”.
En Holmberg al
2400 avanza la obra de Moho, de la desarrolladora Unoenuno, con unidades
con grandes balcones con parrilla. La fecha de entrega es diciembre de
2015. “El retiro de todos los edificios más allá de la línea de frente
oficial para crear un parque lineal va a generar una situación urbana de
vida en comunidad muy alentadora –señala el arquitecto Diego Rybka–.
Nuestro proyecto aprovecha esa situación. Además, nuestros departamentos
son más grandes que el standard. Tuvimos una gran aceptación: el 85% de
las unidades ya están vendidas. Los compradores son gente que busca
departamentos con espíritu de barrio y de vida en casa”.
Las
iniciativas privadas conviven con tres complejos de viviendas sociales
levantados por el Gobierno porteño para las familias que vivían en los
edificios ocupados, como el de Donado y Virrey del Pino. Uno ya está
totalmente habitado. En los otros dos aún falta la conexión definitiva
de electricidad. Más adelante construirán otros dos complejos. Mientras,
se refaccionó el antiguo edificio ocupado de Rivera y Holmberg, también
como vivienda social. Una construcción muy reconocible porque, en su
medianera, hay un colorido mural de 412 m2 pintado por el artista urbano
Martín Ron.
“En el Barrio Parque Donado Holmberg ya se ve la
reconstrucción del tejido social –señala el ministro de Desarrollo
Urbano, Daniel Chain–. Avanzan las construcciones privadas y públicas.
Estamos haciendo la Escuela Siglo XXI, en Holmberg y Rivera. También
está en construcción el edificio de la Comuna 12, al lado de la estación
Drago. Adelante de esta sede habrá una plaza y más allá continúa hasta
Monroe el parque diseñado por Clorindo Testa”.
La dinámica, además, cambió desde que hace un año inauguraron los pasos bajo nivel de Donado y de Holmberg. Las vías del ramal a José León Suárez del tren Mitre dejaron de fracturar al barrio.
(La Politica Online) - Se reunieron para avanzar con el plan Procrear en Pompeya y Parque Patricios. Colocaron un cerco para evitar usurpaciones.
Horacio
Rodríguez Larreta y Diego Bossio se reunieron en privado esta tarde en
la jefatura del gobierno porteño para avanzar con la construcción de
3500 viviendas en el sur de la Ciudad, en el marco del plan Procrear que
está a cargo de la Anses.
Por una ley aprobada en diciembre de 2012, que autorizó el uso de playas
ferroviarias pertenecientes al Estado nacional para la edificación de
viviendas, el Gobierno nacional construirá 2955 departamentos en Parque
Patricios y 900 en Pompeya.
En la reunión, Bossio y Larreta acordaron que la Anses a través del
programa Procrear y la Ciudad van a colaborar para encontrar
alternativas para las familias que ya fueron registradas, y para que el
inicio de las obra sea lo antes posible.
El hermetismo con el que se venía manejando el tema se debió a que ambos
gobiernos querían evitar el incentivo de posibles usurpaciones, como
sucedió en febrero en el predio de Lugano que sería como cementerio de
autos de la Policía Federal.
Pero como ahora construyeron un cerco perimetral y agregaron seguridad
en los predios, el riesgo de ocupación es menor. Además se realizó un
relevamiento habitacional por desarrollo social para censar a las
familias que vivirán en las nuevas viviendas.
La presencia de Bossio en Bolívar 1 no llamó la atención por la buena
sintonía entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri que comenzó a
destrabar obras postergadas por las peleas entre ambos gobiernos.
Luego de la inauguración que encabezaron ambos mandatarios de la
ampliación de la autopista Illia que estuvo demorada por 10 años, el PRO
y los K acordaron, como anticipó LPO, el traslado del Archivo General de la Nación a Parque Patricios.
Las viviendas
Con respecto a las obras del Procrear, en las playas ferroviarias de la
Estación Buenos Aires de Parque Patricios se construirán 2955
departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios que beneficiarán a 11.764
porteños.
La inversión total estimada será de $2412 millones y las constructoras
serán Sudamericana del Oeste, Green S.A., Riva S.A. y Conorvial S.A. La
superficie total del terreno es de 309.904 metros cuadrados.
En tanto que en las playas ferroviarias de la Estación Sáenz en Pompeya
se construirán 900 viviendas para 3600 personas, en una superficie de
91.982 metros cuadrados.
Las constructoras involucradas son Vidogar construcciones S.A. y Riva S.A., y la inversión total estimada es de $736 millones. Con este proyecto, el Gobierno nacional cederá medio millón de metros
cuadrados de su propiedad para la creación de nuevos espacios verdes.
Agregado:
El gobierno Nacional firmó acuerdos con ocho empresas constructoras
para construir 3.841 viviendas en dos predios de Parque Patricios y
Pompeya, Se adjudicarán por sorteo y se pagarán en cuotas, con tasas del
4 al 7 por ciento anual y estarán listas en 16 meses.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la adjudicación
de dos desarrollos urbanísticos, en Parque Patricios y Pompeya, para la
construcción de 3.841 viviendas en el marco del Plan Procrear.
Ambos barrios, ubicados en la zona sur, recibirán inversiones por
$3.148 millones de pesos más la llegada de 16 mil nuevos vecinos, además
destacó que las nuevas casas se levantarán “en zonas históricamente
relegadas” y señaló también que el gobierno nacional tuvo que intervenir
en la cesión de las 22 hectáreas que ocupará el proyecto urbanístico
frente al “gran problema de la falta de tierra para edificar”.
Los terrenos elegidos son: los que están ubicado frente a la estación
Buenos Aires, en Parque Patricios, dentro de un perímetro delimitado
por las calles Mirave, Lafayette, Suárez, Vélez Sarsfield, Olavarría y
Lavardén, frente a la cancha del Club Atlético Huracán, donde también
hay un terreno de una hectárea donde el Club Huracán, ampliará sus
instalaciones.
La obra está dividida en 15 sectores y se prevé que el gobierno
porteño construya una escuela de nivel primario y medio y que la
estación Buenos Aires se integre al conjunto de viviendas a través de
puentes peatonales. La obra está a cargo de las constructoras
Sudamericana del Oeste, Grenn SA, Riva SA y Conorvial SA, ganadoras de
la licitación correspondiente.
Los barrios de Pompeya y Parque Patricios forman parte de la Comuna
4, y comparten los indicadores socioeconómicos del sur porteño. Allí,
la falta de vivienda es más acentuada que en el resto de la ciudad,
mientras que los ingresos per cápita y familiares están por debajo del
promedio general.
La jefa de Estado precisó que existen 110 mil viviendas en
construcción y adjudicación, en el marco del plan Procrear, al que
definió como el “más importante en los 125 años” de gestión del Banco
Hipotecario y de toda la historia del país.
Presentó un proyecto de ley para convertir el asentamiento en barrio. La iniciativa autorizaría construcciones de hasta seis pisos. Sigue pendiente el desalojo del predio contiguo ocupado hace 38 días.
La villa y la toma. Construcciones en altura en el cuarto asentamiento
más grande de la Ciudad. El predio ocupado es uno de sus límites. /
ANDRES D’ELIA.
El macrismo presentó un proyecto de ley para urbanizar la Villa 20 y el predio tomado desde hace más de un mes, en Villa Lugano. Así, busca retomar la iniciativa política en el conflicto y que la Justicia termine concretando el desalojo.
El
texto fue ingresado por mesa de entradas de la Legislatura el martes a
la noche. Lo firmaron los macristas Cristian Ritondo, vicepresidente 1°
de la Legislatura, y Karina Spalla, presidenta de la Comisión de
Planeamiento Urbano.
La urbanización abarcaría el polígono
comprendido por las vías del ferrocarril Belgrano sur, avenidas
Escalada, Fernández de la Cruz y la calle Batlle y Ordóñez. “El proyecto
permitirá una traza urbana de comunicación fluida con el Premetro y el
Metrobus, equipamientos barriales, clubes de barrio, centros sanitarios y
escuelas, cloacas, agua, electricidad y gas, más arbolado e iluminación
pública. Generará una urbanización de calidad exactamente igual al resto de la Ciudad”, aseguraron Ritondo y Spalla.
El texto establece que la altura máxima de los edificios de viviendas no podrá ser mayor a planta baja y seis pisos.
Pero en la ley no se establecerá la obligación de construir esas
viviendas para los habitantes de la villa: en el macrismo explicaron que
esa decisión “le corresponde al Ejecutivo”. En cambio, sí se
determinará dónde pasará cada calle y para qué se podrá usar cada
manzana.
La Villa 20 es una de las más antiguas de la Ciudad,
y desde 1960 ya hay planes y normativas para urbanizarla. La última fue
la ley 1.770, aprobada en 2005. Como no se cumplió, se terminó abriendo
una causa en el juzgado contencioso administrativo de la Ciudad que
maneja Elena Liberatori. En el marco de ese expediente, y por exigencia
de la jueza, el Gobierno porteño presentó un plan de urbanización. Lo
que hicieron los legisladores fue tomar ese plan y, con algunas
modificaciones, intentar que se convierta en ley. La diferencia con la
N° 1.770 es que este proyecto no es enunciativo sino que establece claramente cómo hacer la urbanización.
Con
este proyecto el macrismo busca dos objetivos. Por un lado, recuperar
la iniciativa política en el conflicto. La oposición se mostró unida en
el pedido a la Justicia para que frene el desalojo, y además impulsa un
proyecto de ley para crear una mesa de diálogo entre
legisladores, habitantes de la villa y organizaciones sociales. En
cambio, el macrismo se mostró siempre a la defensiva: no apoyó el
proyecto de la oposición, se limitó a reclamarle a la Justicia que
decidiera el desalojo, pero una vez que esto sucedió tampoco pudo
concretarlo. El operativo, que debe realizar la Policía Metropolitana
con apoyo de la Federal y Gendarmería, sigue en veremos, principalmente
porque se trata de un procedimiento muy riesgoso por la gran cantidad de
gente a desalojar.
Mientras tanto, la toma no para de crecer.
El predio fue ocupado hace 38 días por unas 300 familias, en su mayoría
provenientes de la Villa 20. Ante la demora política y judicial, hoy ya
hay 850. La gente montó comedores, y hasta bautizaron al predio como
“Barrio Papa Francisco”.
En la primera noche, y por un
enfrentamiento interno, fue asesinado Osvaldo Soto, uno de los
ocupantes. Así como hay una causa penal para esclarecer este crimen, la
Justicia porteña tiene otro expediente donde se investiga si la toma fue
organizada por punteros políticos que pretendían lotear el terreno y vender las parcelas por $ 8.000 a $ 20.000.
El
principal problema es que el terreno ocupado está sumamente
contaminado, con niveles de plomo tres veces mayores que lo tolerable,
por ejemplo. Es que allí funcionaba hasta hace un año y medio un
depósito de autos secuestrados por la Policía Federal. Ese predio debe
ser saneado, lo que demorará un año y medio, y luego usado para ir
construyendo las viviendas transitorias donde relocalizar a quienes
vivan en las casillas que se vayan eliminando a medida que avance la
apertura de calles y el resto de la urbanización.
El tema es que los habitantes de la toma no le creen al Gobierno porteño.
Ellos presentaron su propia propuesta, que era la de ir liberando el
predio de a sectores, al ritmo de la urbanización. Pero esto fue
rechazado por la Ciudad, y tampoco lo aceptó, al menos hasta ahora, la
jueza Liberatori.
Según los censos poblacionales del INDEC, en
1991 la cantidad de habitantes de la villa 20 era de 7.460 personas, en
2001 se había ido a 16.323, y para 2010 ya había llegado a 19.195, cifra
que hoy muy posiblemente sea incluso mayor. Es la cuarta villa más grande de la Ciudad, después de la 21-24, la 31-31 bis y la 1-11-14.
(La Nación) - Cobrarían entre $ 8000 y $ 20.000 por cada lote; vinculan a uno con las Madres de Plaza de Mayo
Los fiscales que investigan desde hace una semana la usurpación de un predio de Villa Lugano van tras los pasos de tres familias, presuntas organizadoras de la toma.Según fuentes judiciales,
uno de los supuestos cabecillas es empleado del gobierno de la ciudad,
estaría vinculado con el partido UNEN y figura en registros como socio
gerente de una constructora de viviendas que habría realizado trabajos
para el Estado a través de la Fundación Sueños Compartidos, ligada a
Madres de Plaza de Mayo.
Se sospecha que no sólo comercializan los lotes
demarcados en el ex cementerio de autos, sino también en otros
asentamientos. En tanto, suspendido el desalojo y sin otros avances en
cuanto a la liberación del terreno por los feriados de Carnaval, los
"okupas" siguen consolidando el nuevo núcleo habitacional en Pola y
Fernández de la Cruz.
En la madrugada de ayer, efectivos de la Policía
Metropolitana realizaron cinco allanamientos requeridos por el equipo de
fiscales que investiga la toma, ordenados por el juez penal y
contravencional Gabriel Vega. Los operativos fueron efectuados, según voceros del
Ministerio Público, en domicilios particulares y oficinas de un grupo de
personas individualizadas como "los principales organizadores" de la
ocupación que comenzó hace una semana. Según pudo saber LA NACION, de la
copiosa documentación secuestrada surgiría que los lotes dentro del
predio tomado de Villa Lugano se estarían comercializando a entre $ 8000
y $ 20.000 cada uno. Y se secuestró, incluso, documentación que
revelaría la existencia de operaciones de compra de estos lotes
realizadas en dólares.
Además, la fiscalía incautó varias carpetas con boletos
de compraventa de lotes en asentamientos precarios de la zona desde
2002 hasta hoy, lo que revelaría que esta toma se enmarca dentro de un
modus operandi que los organizadores llevan adelante con el fin de
vender los terrenos ocupados por la fuerza.
Según los fiscales, se habría determinado que el predio
ya estaba repartido entre tres clanes, uno encabezado por Marcelo
Chancalay, otro por Manuel Ríos y el tercero por la familia Giménez.
También se secuestraron elementos que evidencian que
estos clanes se valen de personas carenciadas para que obtengan ayuda
social a su nombre, pero que sería administrada por ellos mismos.
Dueño de una empresa
Según la Justicia, Chancalay es empleado del gobierno
de la ciudad desde 2006, es socio gerente de Mach SRL (Marcelo Antonio
Chancalay), empresa creada en 2009, dedicada a la construcción de la
obra pública, y habría realizado contrataciones con el Estado -a veces a
través de la Fundación Sueños Compartidos- por valores incluso por
encima de los 500.000 pesos. El hijo de Chancalay, Marcelo Alejandro,
ingresó el 1° de marzo de 2008 como empleado en la fundación de Madres
de Plaza de Mayo, según la Justicia.
A Chancalay se lo vinculó, al inicio de la toma, con
UNEN (que encabezan Elisa Carrió y Fernando Solanas). Según fuentes
consultadas por LA NACION, trabajó para ese partido en las últimas
elecciones.
El Ministerio Público decidió dar impulso a esta faceta
de la pesquisa luego de que, el viernes pasado, no pudo revertirse la
usurpación mediante el desalojo del lugar, ordenado por la mañana por el
juez Vega y suspendido al anochecer porque no estaban dadas las
condiciones necesarias para el procedimiento..
(Clarin.com) - Estaba frente a la iglesia, donde se harán los túneles del Metrobus. Ya ocupan veredas y predios bajo la autopista.
Foto: Caseros. Colchones y carros en un predio que había sido desocupado.
El montaje del obrador para la construcción de los túneles del Metrobus “desalojó” involuntariamente una histórica ranchada del barrio de Constitución.
Aunque no se trata de la única en la Ciudad, es una de las más pobladas
y complejas. A metros de la iglesia Inmaculado Corazón de María, frente
a la plaza y sobre terrenos de la autopista 9 de Julio Sur, unas 50
personas sobrevivían a la intemperie y en pésimas condiciones
sanitarias.
A mediados de enero la Ciudad comenzó las obras para
conectar el Metrobus de la 9 de Julio con la estación Constitución y el
obrador terminó expulsando a la ranchada, que se desmembró y se mudó a
diferentes lugares del barrio.
Ayer, un grupo estaba debajo de la autopista, en la esquina de 9 de Julio y San Juan.
Pero la mayoría mudó sus pertenencias (colchones, calentadores,
utensilios y ropa) al bajo autopista de Piedras, entre Cochabamba y San
Juan, o a un predio en la calle Caseros (también bajo la autopista) que
había sido recuperado y contaba con custodia policial. Con ellos
llevaron una gran cantidad de papeles, botellas y latas, que cartonean
por la zona. A fines de 2012 ya una gran parte de la ranchada se había
mudado a la plaza Cecilia Grierson, en donde consiguieron amparo en
función de la fisonomía de la plaza, que se desarrolla entre medianeras.
Pero como relatan los vecinos del barrio, los problemas se convivencia
recrudecen cuando llegan cartoneros y gente de otras ranchadas y se disputan el lugar.
Desde
la Ciudad explicaron que no pueden desalojarlos sin orden judicial o un
operativo policial. “En Constitución y San Telmo hay un par de
ranchadas muy complejas. Son gente en situación de calle que se niega a
aceptar ayuda, rechazan los paradores e incluso los subsidios que entrega el Gobierno”,
explicaron desde la Dirección General de Atención Inmediata, que
depende del Ministerio de Desarrollo Social. La Ciudad entrega subsidios
cuyos montos dependen de la cantidad de integrantes que tenga la
familia. “Por un lado no podemos obligarlos a que acepten asistencia, y
tampoco a que se vayan sin un operativo policial o una orden judicial.
Por ahora se trabaja con un grupo de asistentes sociales”, explicaron.
Por Jan Hinnerk Roloff (Perfil.com) - En grandes ciudades, surgen cada vez más estas opciones de viviendas con jardín o terrazas.
Quien vive en la gran ciudad puede cumplir su sueño de tener una casa
con jardín en un lugar céntrico con una townhouse: por lo general
edificios de viviendas adosados de varias alturas que suelen tener una
zona verde, frente a la fachada o en ocasiones en la azotea.
A este tipo de edificaciones se las conoce sobre todo por su
existencia en ciudades estadounidenses como Nueva York, Chicago o
Boston, pero son muy populares también en cada vez más ciudades
europeas.
En Berlín, una ciudad en constante construcción desde la caída del
Muro hace más de 20 años, son construidas en base a este modelo sobre
todo las viviendas de lujo en zonas exclusivas, y encuentran gran
interés entre los compradores. Algunos están dispuestos a pagar hasta
más de 10.000 euros (12.800 dólares) por metro cuadrado.
“Los precios en Berlín continúan subiendo. Hoy el precio medio en el
segmento medio-alto es de unos 4.200 euros por metro cuadrado, cuando
hasta hace pocos años se hablaba de unos 3.200 euros”, afirma Michael
Ries, consejero de la inmobiliaria Pantera.
También en otra gran ciudad alemana, Fráncfort, se encuentran cada
vez más casas urbanas modernas, en la mayoría de los casos proyectos de
prestigio. Aquí suelen construirse más bien en los suburbios y se les
suele denominar también townhouse, aunque tienen sólo dos o tres niveles
y no cuatro o cinco, como la típica townhouse.
Una forma especial de arquitectura se está dando también en el marco
de la restauración del casco antiguo de la ciudad, donde se están
reconstruyendo edificios históricos y al mismo tiempo construyendo otros
modernos que se adaptan al entorno.
“Hoy por hoy ya no se usa de manera clara el concepto townhouse”,
afirma Mirja, Thomann, de la Federación de Arquitectos Alemanes en
Berlín. Así se denominan varios tipos de edificios de varios pisos
construidos uno junto a otros sobre una parcela estrecha.
“Una townhouse en el sentido clásico de la palabra se levanta sobre
su propia parcela, tiene muros de separación con las parcelas vecinas y
una entrada individual desde la calle”, explica Thomann, señalando que
los precursores históricos de la casa de ciudad del siglo XX eran
estrechos, altos y llamaban poco la atención.
Los actuales proyectos de construcción buscan apartarse de la imagen
gris de los edificios en serie adosados uno junto a otro. El arquitecto
berlinés Hermann Scheidt considera sin embargo que es difícil descubrir
tendencias arquitectónicas claras en los últimos proyectos en marcha.
En el caso de la moderna Berlín, predominan los loft y atelieres,
con grandes ventanales que suelen llegar hasta el suelo, techos altos y
a menudo sólo una habitación por vivienda. Estos conceptos alternativos
surgen de los deseos de constructores y compradores de disponer de una
mayor superficie utilizable, mayor privacidad e individualidad.
El arquitecto Eicke Becker intenta aplicar estas ideas en su proyecto “The Garden”, en el barrio berlinés de Mitte. “Los dúplex con terraza y acceso a un gran jardín permiten vivir en la ciudad rodeado de verde”, afirma el constructor Michael Ries.
“Los compradores que invierten en un inmueble en Berlín prestan mucha atención al diseño y a un estilo moderno”, dice Ries.
Están muy solicitados los jardines o las terrazas en las azoteas. En
algunos casos, en la planta baja hay espacio para oficinas o superficies
comerciales, lo que permite trabajar y vivir en el mismo lugar.
En los edificios modernos de viviendas, los constructores utilizan en
lo posible materiales naturales, tales como marcos de madera en las
ventanas o piedras en la fachada como pizarra o ladrillo, además de
también madera. Los colores apagados y lineas clásicas claras subrayan
la tendencia hacia lo natural.
“En la selección de los materiales de construcción prestamos atención
a que sean ecológicos y, también a que procedan de la región”, afirma
Giovanna Stefanel-Stoffel, de la empresa inmobiliaria Stofanel.
Otra tendencia clara es el deseo de diseñar individualmente las
viviendas. En el interior es totalmente posible, no así en lo referente
al exterior del edificio. “Las limitaciones a la individualidad de una
townhouse vienen dadas por el plan de desarrollo urbano respectivo”,
explica Thoman. “Por ello, en muchas líneas de casas las diversas
unidades se asemejan mucho”.
Pese a todo, las townhouse gustan también a los individualistas entre
los constructores. En algunos proyectos se permite a los compradores
expresar sus ideas también en lo referente al aspecto externo, para
diferenciarse así de los vecinos dentro de la uniformidad gris de muchas
ciudades.
El caso más conocido es el del ex Padelai, en Humberto Primo y Balcarce, tomado por una cooperativa.
Olvido. El edificio de Balcarce iba a ser un centro cultural./ FERNANDO DE LA ORDEN
La ilusión en San Telmo duró poco.Pero al menos durante un
tiempo los vecinos se regodearon con el proyecto de transformar el
edificio del ex Patronato de la Infancia (en Humberto Primo y Balcarce),
en un centro cultural. Esa era al menos la intención del
gobierno español, que firmó un contrato con la Ciudad para usufructuarlo
durante 30 años y hacer la obra para recuperarlo. En cambio, cuando en
2012 sobrevino la crisis en España, el proyecto se esfumó, el consulado
en Argentina abandonó el edificio y nuevamente fue tomado. Desde
entonces está usurpado por integrantes de una cooperativa que
reclama la propiedad del edificio. Ayer un grupo de chicos aplacaban el
intenso calor en dos pelopinchos montadas en el patio.
El Patronato tiene dos edificios, uno sobre la calle Balcarce (ahora habitado), y otro sobre Humberto Primo, en ruinas.
Pero
el del Padelai no es el único edificio tomado en el barrio. Sobre las
calles Bolívar, Perú, Carlos Calvo y Chacabuco se pueden contar decenas de edificios tomados o que son conventillos
y están habitados por familias que viven apiñadas. Pero hay una casa
tomada que preocupa especialmente a los vecinos, está en Carlos Calvo
casi esquina Balcarce. El lugar está pegado a una casa de estilo
colonial muy pintoresca y los fondos dan a la Casa de Castagnino (ahora
galería de arte). “Era un rincón fabuloso del barrio, con la iglesia
dinamarquesa y una serie de casas bajas muy de estilo colonial. Ya
hicimos denuncias y no sabemos que va a pasar ahí”, se preocupó Ramón,
encargado de un restaurante de la zona.
Por Romina Smith - diario Clarín Esta en terrenos del ferrocarril San Martín y tiene unos 4.000 habitantes. Agrupaciones políticas como La Cámpora les dan materiales para construir.
La Carbonilla. Así se conoce al asentamiento que nació en 2001 junto a las vías del tren, sólo separado por un alambre. No para de crecer. / DIEGO WALDMANN
Está escondida, pero detrás del frente de casillas llega a tener dos manzanas de ancho,
calles internas y casas de ladrillos. Ocupa todo el borde de las vías
del ferrocarril San Martín. Se ve apenas desde desde arriba del tren y
de un puente ferrovario, pero está ahí.
Y, como otras en la Ciudad, no para de crecer:
la villa La Carbonilla, en La Paternal, sigue siendo considerada un
asentamiento y aún carece de redes de servicios básicos, pero la
construcción avanza sin ningún control y hoy se calcula que tiene 4.000 habitantes.
Mientras espera por los resultados de su primer censo oficial, los
ladrillos se acumulan en los bordes, las viviendas ya tienen dos pisos y algunas incluso tres.
Separada por un alambre a unos tres metros de las vías, varios grupo
sociales la incentivan y movilizan a sus habitantes para pedir la
urbanización. Mientras, desde la Ciudad dicen que atiende las demandas
de emergencias.
La punta de La Carbonilla está en la avenida
Manuel Trelles y las vías, en su parte más ancha, y sobre terrenos que
son del ferrocarril. Después bordea el tren y llega hasta la avenida San
Martín, donde si bien se angosta igual se construye con materiales.
Creada por un grupo de cartoneros en 2001, en los últimos tres se multiplicó:
pasó de tener 40 familias a decenas de casas pobladas y pegadas unas a
otras a lo largo de unas siete cuadras, o apenas separadas por pasillos.
Muchos de los que la habitan son peruanos.
Y tiene, además, una calle interna
por donde entran y salen autos y una plaza con juegos para chicos que
fue inaugurada a fines de 2012 junto a integrantes de agrupaciones
políticas, entre ellas, y con más presencia, La Cámpora. Desde entonces,
la agrupación kirchnerista realiza talleres y moviliza a los habitantes
para que reclamen la urbanización. A cambio, dicen en el barrio, les dan ladrillos y ya les cedieron caños para hacer conexiones de cloacas.
“La
mayoría llegamos hace tres años y empezamos a construir acá, porque era
más barato. Pero con el tiempo vivir en este lugar también se puso
caro, el alquiler subió y el ambiente se puso pesado. Llegamos a
ver enfrentamientos. Ahora todo está más calmo”, contó María Suárez,
sobre la esquina de Trelles. Dice que están esperando los resultados del
censo. Que eso los va a ayudar. “Nos dicen que así vamos a poder elegir
delegados y pedir que nos consideren como una villa más de la Capital,
así vamos a poder pedir alumbrado, gas, electricidad, cloacas, y agua.
Pero agua potable permanente y bien hecha”, sumó Luis Quesada, habitante
del asentamiento desde 2012.
En las manzanas que rodean al
asentamiento no ven con buenos ojos a La Carbonilla. Pero no pasa de
eso. La Policía dice que se ocupa de los problemas internos. En los
pasillos, de día, hay chicos jugando. En 2011 el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación plantó árboles y limpió el terreno. Hoy, el predio está judicializado,
a la espera del resultado del Censo que hizo el Instituto de Vivienda
de la Ciudad (IVC) en diciembre, a pedido de la jueza Elena Liberatori y
que llegará, seguramente, después de la feria judicial. “Lo único que
pudimos saber es que hay unos 750 votantes y 100 por revisar”, dijeron
desde Colectivo por la Igualdad, otra organización política que reclama
la urbanización.
Mientras tanto, en el Gobierno porteño aseguran
que atienden las urgencias básicas y que lo harán hasta que la Justicia
reconozca al asentamiento como villa de emergente y le de, así, la
chance de habilitar servicios. “Por ahora es un asentamiento informal
que ocupa terrenos que administra ADIF, la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, y nadie puede meter
nada sin orden de la Justicia”, aclararon.
(Diario La Nación) - Después de cuatro días de piquete, habitantes de la villa 31 liberaron la autopista
Tras cuatro días consecutivos de corte
sobre la autopista Illia, que provocó serios inconvenientes en el
tránsito, habitantes de la villa 31 decidieron ayer por la tarde
levantar la medida de fuerza con la condición de que hoy se concrete una
reunión con autoridades del gobierno nacional y porteño. También
reclaman un subsidio de $ 50.000.El reclamo por una solución
habitacional había comenzado el lunes con la interrupción total de la
arteria, y en los últimos días los manifestantes se habían instalado
sobre la mano con dirección al centro porteño.
A comienzos de semana, unas 50 personas decidieron
ocupar la autopista Illia en ambos sentidos, metros después de la
estación de peaje hacia la Capital. Según explicaron a LA NACION, el
motivo de la protesta fue el violento desalojo del predio que ocupaban
en Retiro, entre las vías del ferrocarril Belgrano Norte y las del San
Martín, a la altura de la estación ferroviaria Saldías.
Alicia, una de las manifestantes que lleva adelante la
negociación con las autoridades, explicó que un mes atrás unas 141
familias, algunas que alquilaban en la villa 31 y otras en situación de
calle, se instalaron en ese terreno. "Pero en la madrugada del domingo
nos sacaron del lugar con gases lacrimógenos y golpes. Las fuerzas
policiales y de Gendarmería llegaron amparados por la oscuridad y sin
previo aviso", relató la mujer, que indicó que el desalojo fue ordenado
por el juez federal Sebastián Casanello.
En protesta, el grupo desalojado cortó la circulación
en la Illia y provocó un severo caos de tránsito en el centro de la
ciudad. La situación se repitió hasta ayer a la tarde, aunque en ese
caso sólo en dirección hacia la avenida 9 de Julio, ya que en el sentido
contrario se habilitó el paso de los vehículos horas después.
Reclamo de subsidio
A las 16 de ayer, y tras mantener una ardua
conversación con funcionarios del gobierno porteño, los vecinos
levantaron el corte. "Nos pidieron que nos fuéramos, y se comprometieron
a acompañarnos a una reunión con gente del Ministerio de Desarrollo
Social nacional", contó Alicia. Ese encuentro se realizará esta tarde.
Por su parte, Gonzalo Mórtola, coordinador general del programa de
mejoras de las villas 31 y 31 bis, confirmó a LA NACION: "Queremos
mediar y trabajar en conjunto con el Estado nacional para encontrar una
solución para esta gente".
Aunque la protesta se interrumpió, los vecinos
advirtieron que podría haber un nuevo corte en la autopista Illia si no
hay una respuesta positiva a su reclamo habitacional. "Entendemos que
sería mucho pedir una casa de un día para otro, pero al menos queremos
que nos den un subsidio, de 50.000 pesos para arriba, para comprar un
terreno y así construir nuestros propios ranchos", enfatizó Alicia..
Un estudio privado relevó 1834 asentamientos en las zonas más pobladas del país; en el conurbano hay 624; en la Capital, 56
Es
un drama conocido, pero por primera vez hay números que lo reflejan en
su magnitud: en la Argentina, más de 2,5 millones de personas viven en
villas de emergencia o asentamientos irregulares, según un informe de la
ONG Techo, difundido ayer.
El estudio, que abarca siete provincias que agrupan a
más del 60% de los habitantes del país, relevó 1834 villas y
asentamientos del área metropolitana, el interior de la provincia de
Buenos Aires, Córdoba, Rosario, el Alto Valle de Río Negro, Neuquén,
Misiones y Salta, en los que viven 532.800 familias.
Sólo en los tres cordones del conurbano bonaerense se
concentran 624 villas, en las que residen más de 1,2 millones de
personas. La Matanza, con 89, es el distrito con mayor cantidad de
barrios carenciados del país. En la ciudad de Buenos Aires se
contabilizaron 56, en los que viven alrededor de 350.000 personas.
La organización Techo subrayó que los habitantes de
estos barrios tienen serios inconvenientes para acceder a los servicios
de electricidad, gas y agua potable. Además, viven en zonas más
vulnerables y expuestas a las inclemencias naturales, inundaciones o
incendios.
El documento fue presentado ayer en el Salón Azul del
Congreso de la Nación ante diputados y senadores. Allí también se habló
de los cuatro proyectos de ley que Techo elaboró sobre ésta temática,
vinculados con la planificación territorial, regularización nominal,
vivienda y producción social, y regulación del proceso de desalojo. "La
información es un bien público, no es destructiva, sino que se puede
usar para generar soluciones", opinó Ignacio Gregorini, director del
Centro de Investigaciones de Techo.
Al desmenuzar los datos del informe se observa que en
la ciudad de Buenos Aires existen 49 villas, cinco asentamientos y dos
barrios populares, lo que da un total de 56 sitios atravesados por la
problemática habitacional y de servicios.
En tanto, en los tres cordones del conurbano hay 163
villas, 418 asentamientos y 43 barrios populares. En ese territorio
prevalecen los números de La Matanza, con 89 barrios y 26.700 familias;
Quilmes, con 57 y 35.000, y Moreno, con 42 y 9.900. Según Techo, cada
grupo familiar está integrado por un promedio de 4,7 personas.
"En La Matanza no vemos la presencia del Estado. Vivir
en un asentamiento es como no existir. ¿Por qué no existir? Porque si el
Estado nos reconociera, tendría que hacerse cargo de nosotros", contó
Eduardo Creus, que vive en González Catán y forma parte de la agrupación
barrial Identidad Vecinal.
En el resto de la provincia de Buenos Aires, el partido
de General Pueyrredón -Mar del Plata- se ubica en el primer lugar de la
lista, con 32 asentamientos y villas y cerca de 11.000 familias. En
todo el territorio bonaerense hay 1046 villas y 327.600 familias.
La ciudad de Córdoba suma 134 villas, en las que viven
21.300 familias. En toda la provincia hay 210, con diferentes grados de
precariedad, habitadas por 28.600 familias.
En el Gran Rosario se detectaron 172 barrios de emergencia con 50.500 familias viviendo en ellos.
En los sitios relevados de Salta se hallaron 147 y
18.500 familias; en Misiones (Posadas, Garupa y Fachinal), 72 y 15.800, y
en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, 131 villas con 18.500
familias.
De acuerdo con el tipo de metodología implementada para
el estudio, Techo trabajó con una definición operativa para delimitar
el universo de la muestra. Estipuló que asentamiento "es un conjunto de
ocho o más familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de
la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso
regular a al menos dos servicios básicos, como agua corriente, energía
eléctrica con medidor domiciliario o red cloacal". Así se llegó a la
conclusión de que en los siete sitios relevados había un total de 450
villas, 1260 asentamientos y 124 barrios populares informales.
¿Cuál es la diferencia entre los tres? "Por villa se
entiende un barrio que no tiene manzanas, con diferentes grados de
hacinamiento y precariedad y una trama urbana irregular", explicó Juan
Manuel D'Attoli, director nacional de relevamiento de Techo durante la
presentación.
"Los asentamientos -continuó- fueron conformados por
diferentes estrategias de ocupación del suelo; y los barrios populares
se originaron con la intervención del Estado a partir de loteos. Los
tres tienen los mismos problemas de precariedad."
En la elaboración del proyecto colaboraron
profesionales del instituto Gino Germani, la Universidad Nacional de
Córdoba, la Universidad de General Sarmiento, la Universidad Torcuato Di
Tella, la Universidad Católica Argentina y el Servicio Habitacional y
de Acción Social de Córdoba. El trabajo de campo lo realizaron 700
voluntarios.
Otro de los aspectos en los que se enfoca el documento
de Techo es la escasa accesibilidad de los vecinos a los servicios
básicos. Dicho ítem fue el más mencionado en el 56% de los asentamientos
o villas. Lo siguieron la inseguridad (35%), la falta de pavimentación
(33%) y la falta de alumbrado público (26%).
Dentro de los siete territorios relevados, en el 60% de
los barrios predomina una mayoría de viviendas con conexión irregular a
la red de energía eléctrica. En el 65% las casas están provistas de
pozo ciego para la eliminación de excretas y sólo en el 5% prevalece la
red cloacal. Un déficit similar aparece en el acceso al agua potable. En
el 62% de los sitios reina la conexión irregular a la red y un 10%
cuenta mayoritariamente con agua corriente. Además, en un 90% de los
barrios humildes el método de calefacción más utilizado es la garrafa.
El informe dice que un 64% de los asentamientos se
inunda cuando llueve. La mayoría están situados cerca de un río o curso
de agua. En un 29% de los barrios se registró, al menos, un incendio en
los seis meses anteriores al relevamiento. En el 30%, cuando se los
requiere, los bomberos no ingresan a los lugares porque las calles no
están en condiciones.
Radiografía de los barrios más humildes - Privados de casi todos los servicios.
Comunas En la Ciudad de Buenos Aires la
Comuna 4 -Barracas, Pompeya, Parque Patricios y La Boca-, con 23
asentamientos, se encuentra en el primer lugar. La sigue la Comuna 8
-Soldati, Riachuelo y Lugano-, con 18
Gran La Plata En la capital bonaerense hay 136 asentamientos. Berisso tiene 17 y Ensenada, 9
Ocupación En el 75% de los barrios se dio
la ocupación tipo "hormiga". El 15% fue por medio de tomas colectivas;
el 6% por loteo social y el 4% restante, por otros métodos
Tamaño El 53% de los asentamientos son
pequeños (8 a 100 familias); el 34% son medianos (101 a 500 familias);
el 11% grande (501 a 1500 familias); y el 2% macro (1501 y más familias)
Núcleo familiar El 28% de los nuevos
núcleos familiares se instalan en una ampliación de la misma vivienda y
el 26% en otra casa, pero del mismo terreno
Del editor: qué significa. Un
espejo de la Argentina a la que nunca parece llegar la equidad. El
asistencialismo y el aprovechamiento político, está visto, no son
soluciones.
Son familias que fueron desalojadas de esa delgada franja de tierra en 2009 y ahora reclaman que les suban subsidios. Montaron carpas y chapas a escasos metros de la Villa 31.
Chapas y cartones. En la mano hacia el Norte de la Illia se ven las precarias instalaciones de las familias que piden subas de subsidios y también viviendas. / JUANO TESONE
Sobre una delgada franja de tierra –que apenas supera los 14
metros de ancho– una decena de familias montaron una protesta con
casillas precarias para reclamar, por un lado, el aumento de los subsidios habitacionales
que perciben y, por el otro, viviendas. El terreno apenas separa la
traza de la autopista Illia, mano hacia el Norte, de la Villa 31, en el
barrio de Retiro.
Las primeras familias empezaron a llegar la semana pasada, pero desde hace dos noches, la ocupación crece exponencialmente.
Muchas de esas familias vivían en Villa Nylon, un desprendimiento de la
31, que fue desalojada en 2009. Desde ese año unas 243 familias cobran
un subsidio habitacional que hoy es de $ 700 mensuales. El monto
fue fijado por la Justicia porteña el año pasado, en medio de otra toma
que terminó con enfrentamientos entre vecinos y la policía
Metropolitana.
“Los subsidios que se entregan no están destinados
a cubrir el total de un alquiler, sino que son una ayuda. La mayoría de
estas familias recibe además otros subsidios, de la Ciudad y también de
Nación”, explicó Santiago López Medrano, subsecretario de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social de la Ciudad. “Los $ 700 se vienen pagando desde el
año pasado y el subsidio es prorrogable por otros once meses. Ahora l a Justicia determinará
si se aumenta el monto”, explicó el funcionario, que debe entregarle a
la jueza Elena Liberatori, quien lleva adelante la causa, un
relevamiento de la situación social de todas las familias que cobran el
subsidio.
En tanto, AUSA (la empresa de la Ciudad que administra las autopistas porteñas) montó un operativo para evitar accidentes
sobre la Illia: “El lugar del que disponen los manifestantes es
mínimo, es muy peligroso porque están casi sobre la autopista. También
hay una causa penal que se sigue por la usurpación del terreno ” explicaron voceros de la empresa. Entre las defensas de hormigón los vecinos montaron carpas, chapas y cartones para ocupar el terreno que tiene unos 300 metros de largo por 14, en su parte más ancha.
Más
allá del condimento político –a días de las elecciones nacionales–,
detrás de la toma hay un escenario que desnuda la crisis habitacional
que existe en el país y que se replica en las villas porteñas. En la 31
hay una fuerte demanda de viviendas, lo que incrementa los valores de
los alquileres y expulsa a quienes no pueden pagarlos. Juan Romero
(fundador y director de Radio Villa 31) cuenta que “una habitación con
baño, sobre Calle 4, puede costar $ 2.500 al mes ”. La calle es
la más codiciada, porque tiene muchos comercios, se accede fácil –pueden
entrar y salir ambulancias, móviles policiales y bomberos– y está
pegada a la estación de ómnibus. “Son habitaciones que no tienen más de 25 metros cuadrados, con techo de chapa. Lo que está pasando genera mucha impotencia”, cuenta Romero, quien llegó a la villa en 1973.
Otro
de los vecinos históricos de la villa es Teófilo Tapia. Llegó en 1963
y, junto a otras 32 familias, resistió el desalojo que llevó a cabo el
gobierno de facto antes del Mundial del 78. Logró quedarse y desde
entonces es un referente de la 31, donde organiza el Comedor Padre
Carlos Mugica. “Mientras no se implemente la urbanización, estos
problemas van a seguir existiendo. Y si la demanda de alquileres y
vivienda sigue en aumento, habrá más tomas y problemas para todos. Desde
2009 esperamos el dictamen que haga efectiva la ley que se votó en la
Legislatura para la urbanización”, explicó Tapia.
El Gobierno
porteño está en alerta porque en las tomas anteriores hubo
enfrentamientos entre vecinos y la Metropolitana y porque las protestas
terminaron sobre la autopista, generando además un enorme colapso en la
Ciudad.
Son ex habitantes de la villa Nylon que reclaman al gobierno porteño una suba en los subsidios
Los terrenos linderos a
la villa 31 y 31 bis en Retiro vuelven a estar en el centro de la
escena esta semana. Desde anteayer, unas 20 familias volvieron a ocupar
tierras al costado de la autopista Illia, esta vez en reclamo de un
aumento del subsidio que reciben por parte del gobierno porteño.
Se trata de un grupo de personas que estuvieron
asentadas allí hasta 2010 en la denominada villa Nylon. Después de
llegar a un acuerdo con el gobierno porteño, las 72 familias que vivían
en ese asentamiento consiguieron 1600 pesos cada una más un monto
mensual para poder alquilar una habitación para vivir. Lo que reclaman
ahora, ocupando nuevamente las tierras, es un incremento de lo que
perciben por mes.
Esos terrenos pertenecen a la empresa Autopista Urbanas
SA y en aquel momento fueron desalojados por la peligrosidad que
representa que las familias estén viviendo allí.
Según informaron en el gobierno porteño, se está negociando una salida pacífica y tratarán de evitar un desalojo compulsivo. Las familias que vivían en la villa Nylon consiguieron
que se les renovaran los subsidios el año pasado tras un fallo judicial.
Sólo de esa forma se puede conseguir obtener un pago por mes, ya que el
programa oficial contempla sólo diez meses. "Las familias tienen que recurrir a la Justicia para
poder percibir el pago. Ahora las familias de ese asentamiento, junto a
otras, que en total son más de 200, están reclamando un aumento del
subsidio", indicó a LA NACION el defensor de Cámara, Gustavo Moreno.
Gonzalo Mórtola, coordinador del Programa de Mejoras de
la villa 31, dijo a LA NACION: "No son habitantes ni de la villa 31 ni
de la villa 31 bis. Este conflicto viene desde el viernes pasado y están
amenazando con ocupar terrenos y con cortar la autovía. En este
momento, está trabajando la gente de Desarrollo Social. Algunos reclaman
un aumento de los subsidios, y otros, tener subsidios".
En el gobierno porteño indicaron que las familias que reclaman perciben entre 700 y 1200 pesos mensuales, según el caso.
El beneficio que reciben las familias es el que se denomina programa 690 que se otorga a las personas que viven en la calle. Entre los requisitos que deben cumplir los beneficiarios están:
Ser residente de la ciudad con una antigüedad mínima de un año.
Tener ingresos menores al monto resultante del
índice correspondiente a la canasta básica alimentaria, elaborada
mensualmente por el Indec.
Estar inscriptos en el Registro Único de Beneficiarios.
Asimismo, las jefas y jefes de familia que sean
beneficiarios del subsidio deben acreditar que el subsidio otorgado ha
sido destinado a la obtención de una solución habitacional, mediante los
comprobantes que disponga la autoridad de aplicación y concurrir a la
sede de la autoridad de aplicación, cuando ésta lo convoque.
El monto que se otorgue, por diez meses, dependerá de
la cantidad de personas que componen el grupo familiar, si hay algún
caso de discapacidad y la situación de empleo de los miembros de la
familia.
Según la reglamentación de la norma, el máximo que
puede percibir cada grupo familiar asciende a 1800 pesos. Sin embargo,
como se dijo, el incremento sólo se puede conseguir, en este caso, por
un nuevo fallo judicial.
El conflicto con los ocupantes - Data de hace más de dos años y sigue sin resolución Agosto de 2010: Previo al desalojo con fuerzas
de seguridad, el gobierno porteño desalojó a 64 familias que vivían en
la villa Nylon, al costado de la Illia. Recibieron un subsidio de 1600
pesos por única vez y otro mensual de 900 pesos En 2012: Luego de varias intervenciones, y
cuando se terminó el plazo de diez meses, la justicia porteña, por medio
de un amparo, ordenó la extensión del beneficio Reclamo: Las familias hoy reciben entre 700 y 1200 pesos
La relocalización general afectará a 17.000 familias; advierten por la lentitud del proceso
"Lo primero que hice cuando llegué al
nuevo departamento fue bañarme. Hacía años que esperaba esto. Todavía no
lo puedo creer. Mi casa se cayó dos veces al Riachuelo", cuenta María
Eva Agüero, que hasta el viernes pasado vivía en la populosa villa 21-24, de Barracas.
La de Agüero es una de las 60 familias que fueron relocalizadas la semana pasada , tal como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia en el fallo por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Las familias que vivían entre las calles Pedro Luján y
Zabaletta fueron trasladadas al complejo habitacional de Castañares y
General Paz, en el barrio de Mataderos. Se estima que, en total, deberán
mudarse 1300 familias que se encuentran en situaciones similares en la
villa 21-24. Con este primer traslado se cumplirá alrededor del 4 por
ciento del total establecido en el plan.
El objetivo es reubicar de manera prioritaria a las
familias que habitan la zona del camino de sirga (35 metros desde la
orilla del río), en riesgo sanitario y ambiental.
Es el caso de Irma Verón de Acevedo. Tiene 64 años,
padece artritis y reuma, y la humedad del putrefacto río daña su salud.
"Esto es un regalo de Dios. Últimamente me quedaba en la casa de mi
hijo, en Flores, porque con la humedad no podía vivir", relató la nueva
vecina del complejo, en el que también viven las familias relocalizadas
de los asentamientos Luján y El Pueblito.
"Aunque lo primero que había que hacer era liberar el
camino, llegamos a un acuerdo con la Defensoría y se les dio prioridad a
23 familias con problemas de salud. La mayoría de ellas mostraba plomo
en sangre", indicó Emilio Basavilbaso, presidente del Instituto de la
Vivienda de la Ciudad (IVC).
Gustavo Moreno, asesor tutelar de Cámara en lo
Contencioso Administrativo y Tributario, que participa del proceso de
relocalización, opinó: "Es bueno que se haya comenzado, pero llevamos
una demora inmensa. La villa 21-24 debería haber estado completamente
mudada en enero de este año. Esto es un parche a lo que debió haberse
hecho. Según un estudio médico, el 25% de los chicos de la villa tienen
plomo en sangre. Urge cumplir el fallo de la Justicia y aún no se
acreditaron los terrenos para 400 familias", agregó.
Según el funcionario, a esta primera etapa se sumará
una segunda en la que se mudarán otras 200 familias. "Es necesario que
estén de acuerdo todos los actores. Los vecinos deben entender que se
los tiene que retirar de un lugar contaminado", dijo. Se trabaja en el derrumbe de las viejas casillas de la villa 21-24. Foto: Prensa GCBABasavilbaso
destacó la participación de más de 350 agentes de la Policía Federal,
Gendarmería, Bomberos y Policía Metropolitana en todo el proceso.
También se trabajó con un equipo interdisciplinario de la Secretaría de
Hábitat e Inclusión y se acordó con las familias trasladadas el derrumbe
de sus antiguas casillas."A este paso no vamos a mudar a toda la población que
hay que mudar antes de un año y medio o dos. Acá tiene que haber una
decisión de la Corte para apurar los plazos", agregó Moreno.
Según la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo
(Acumar), a la fecha se relocalizaron 439 familias de las márgenes del
Riachuelo en la ciudad y los municipios de Avellaneda, Lomas de Zamora y
La Matanza. Se calcula que unas 17.000 familias deben ser relocalizadas
en la cuenca. A los beneficiados, la nueva realidad les cambia la vida.
Rosa Pintos, quien vivió 34 años en la villa, dijo: "Es un sueño. Esto
es esperanza para mí, pero sobre todo para mis hijos", mientras uno de
sus cuatro descendientes merodeaba en el recién estrenado balcón del
departamento con tres dormitorios..
Por Nicolás Pizzi - Diario Clarín - La investigación reveló la arbitrariedad en el uso de los fondos públicos
para viviendas. Criticado. La sala I de la Cámara llamó ayer la atención de Oyarbide./REUTERS
El fallo de la Cámara obliga a empezar desde cero. Fueron 26
meses prácticamente perdidos. Ahora la investigación queda en manos del
juez Marcelo Martínez de Giorgi, que hasta ahora no demostró interés por indagar la responsabilidad de los funcionarios públicos.
Es
obvio, pero hay que decirlo. De ninguna manera el fallo significa una
sentencia de culpabilidad o inocencia sobre los imputados. Más allá de
los vericuetos jurídicos de la Justicia, el escándalo demostró el desmanejo del Gobierno sobre los fondos públicos
destinados a la vivienda.
En el caso de Sueños Compartidos, fueron $
1.126.176.981 entre enero de 2009 y septiembre de 2011. El dinero provenía mayoritariamente del ministerio de Planificación
que conduce Julio De Vido. El máximo responsable era el subsecretario
de Obras Públicas, Abel Fatala, quien tuvo duros cruces con Sergio
Schoklender. El dinero iba a las jurisdicciones locales, quienes
supuestamente debían controlar el avance de las obras y girar a la
Fundación.
La primera reacción del Gobierno fue echarles la culpa a los intendentes. Pero los desmanejos financieros eran conocidos mucho antes que Clarín
revelara el escándalo, el 25 de mayo de 2011. En una oficina de la
Fundación trabajaban empleados de Abel Fatala. Y controlaba las finanzas
Felisa Miceli.
Hay decenas de informes contables que apuntaron
al desvío de fondos. Y a la falta de controles. También quedaron
comprobadas las maniobras para cambiar cheques en cuevas, la utilización
de cooperativas para aprovechar las reducciones impositivas, y la
utilización de facturas falsas.
La anulación de las
indagatorias, y los errores de Oyarbide, no pueden borrar los cientos de
mails encontrados en una computadora del contador Gerardo Gotkin. Menos
se puede ocultar el incremento patrimonial de los hermanos. Casas en un
country, departamentos, aviones, autos, y hasta un yate son parte de
sus bienes. Solo Sergio hizo adquisiciones por más de $3 millones en
menos de dos años.
(Infobae.com) - Contempla la construcción de 3 edificios: uno de viviendas con servicio de hotelería denominado "Harbour House" y dos de oficinas "World Trade Center 3 y 4". Generará 500 puestos de trabajo
Alejandro Ginevra, presidente de Gnvgroup indicó que estos edificios se extenderán, sobre la Av. Juana Manso sobre un frente de 120 metros.
La fachada de los nuevos edificios toma como referencia las torres
del World Trade Center 1 y 2, continúa con la innovación y diseño
característico de Madero Harbour.
Ambos poseen un curtain wall de forma ondulante que evoca el movimiento de las aguas del antiguo puerto del Río de la Plata.
Las residencias Harbour House contarán con unidades de 80m² a 196 m² de 1, 2, 3 dormitorios,
exclusivos penthouses con excelentes vistas y una unidad de 400m² que,
como una casa en las alturas, contará con terraza, jardines y piscina
privada. Todas las unidades contarán con servicio de conserjería las 24hs,
destinado a satisfacer las necesidades de los residentes y optimizar sus
tareas diarias.
Los residentes podrán disfrutar de exclusivos servicios como piscina
climatizada, jacuzzi, solárium, áreas verdes, bar & resto, cavas de
vino, business center, servicio de limpieza, sala de lavado y planchado,
pet wash, car wash, parking y seguridad. Los valores de comercialización parten de $38.000 el metro cuadrado.
En el caso de los edificios corporativos WTC 3 y WTC 4, de 9 pisos
cada uno con plantas desde 275m² hasta 426m2, el valor de venta parte de
$29.000 pesos/ m2 más IVA. En diciembre de 2012 se ha inaugurado el edificio de "Harbour
Residences", que cuenta con 100 unidades de 46 a 112 metros cuadrados.
Estarán destinadas a familias de pocos recursos, que podrán mudarse una vez concluidos los juegos de 2018
La Villa Olímpica, en el Parque Roca, según el render, tendrá edificios de cuatro y seis pisos, con departamentos. Foto: GCBA
Entre
1500 y 2000 familias porteñas de bajos recursos serán los principales
beneficiarios del legado de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.
Como se recordará, Buenos Aires fue elegida sede de esas competencias y, para alojar a los atletas, el gobierno de la ciudad construirá una villa olímpica en Villa Soldati
. Concluidos los 12 días del evento, los departamentos quedarán
disponibles para ser entregados como viviendas a la población más
vulnerable de la Capital.
Todavía, dijeron a LA NACION fuentes oficiales, se
ignora cuál será la integración del universo de familias favorecidas,
pero hay una certeza: si para entonces la administración macrista continúa al frente de la ciudad,
el criterio por emplear será el mismo utilizado hoy para escoger a los
beneficiarios de los créditos Primera Casa, o sea, el grado de
vulnerabilidad de los solicitantes.
Es decir que probablemente no se moverá en bloque a
familias que hoy habiten en, por ejemplo, un mismo asentamiento; si no
que serán elegidas grupos con determinados indicadores de vulnerabilidad
(condiciones de hacinamiento, integrantes con discapacidad, etc.),
independientemente de su procedencia geográfica.
Si bien funcionarios porteños mencionaron que
probablemente las unidades habitacionales de la Villa Olímpica fueran
destinadas a residentes de la villa 21-14 de Barracas, a la vera del
Riachuelo, quienes siguen de cerca la causa judicial que ordena reubicar
a las personas instaladas sobre el camino de sirga explicaron que esas
familias ya tienen asignada su futura vivienda en complejos proyectados
por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y que deben ser
relocalizadas mucho antes de 2018.
En total, viven en villas, asentamientos y núcleos
transitorios de la Capital 163.587 personas, según surge del Censo 2010.
Son un 52,3% más de las registradas diez años antes. Se trata de un crecimiento explosivo tanto en términos
absolutos como relativos: en el mismo período, la población total de la
ciudad apenas aumentó 4,1 por ciento.
El déficit habitacional constituye uno de los problemas
estructurales de Buenos Aires, que los gobiernos no han logrado
resolver pese al transcurso de las décadas. Por eso, dejar como herencia de los Juegos Olímpicos de
la Juventud a los porteños viviendas sociales en el sur de la ciudad
fue un condimento atractivo de la propuesta ante el Comité Olímpico
Internacional (COI).
La organización de juegos olímpicos, de menores o de
mayores, incluye el desarrollo de infraestructura para abastecer las
necesidades tanto de las competencias como de las delegaciones
participantes. Y parte de esta infraestructura, como sucedió en
Barcelona y como ocurrirá con Río de Janeiro en 2016, queda como legado a
las ciudades sede y las realza.
La Villa Olímpica tendrá una superficie de 10 hectáreas
dentro del Parque Roca, en Villa Soldati. Según la presentación del
gobierno porteño ante el COI, tendrá capacidad para 6264 residentes. Se
estima que el mismo número de personas podrá, tras los juegos, mudarse a
las instalaciones transformadas en vivienda permanente.
La presentación oficial explica que las llamadas "áreas
residenciales" serán construidas bajo estándares del Instituto de
Vivienda de la Ciudad (IVC) -que tiene a su cargo el desarrollo de
complejos habitacionales- y ocuparán 110.000 metros cuadrados.
Habrá, se lee, edificios bajos de cuatro o seis
plantas, con departamentos de entre dos y seis ambientes. Todos los
departamentos tendrán acceso a terrazas verdes o patios. Un croquis
anexo muestra 33 edificios, seis de ellos de seis pisos y los 27 resto,
de cuatro.
Se trata de aproximadamente 2000 unidades, que, en principio, estarán disponibles para un número similar de familias. Además, la ciudad sumará dos nuevas instalaciones
deportivas, a la par de las sedes existentes para distintas disciplinas
-desde los estadios de Boca y River, hasta el Campo de Golf- que serán
mejoradas. Las novedades serán una pista para mountain bike en el
Parque Sarmiento, en Saavedra, y un polígono para tiro con arco en
Parque Roca, cerca de la Villa Olímpica.
La inversión estimada en la Villa Olímpica alcanzará,
cálculo de inflación incluido, 112.457.000 dólares, aportados por el
IVC. Además, el gobierno porteño desembolsará otros 69.000.000 de
dólares..
Del editor: por qué es importante.
El crecimiento de las villas en la última década no se condice con los
supuestos beneficios del crecimiento del país en el mismo período.
Por Pablo Novillo - Diario Clarin Son por el delito de usurpación. Si bien el fenómeno responde a la crisis habitacional, la Justicia tiene cada vez más casos de bandas organizadas que toman inmuebles y luego subalquilan piezas.
Ocupada. El fondo de una vivienda subdividida en Palermo. En 2011 se denunciaron 969 casos. / JUAN MANUEL FOGLIA
Una ciudad cuyos terrenos e inmuebles son cada vez más caros, falta de créditos accesibles y de políticas de vivienda, pobreza y marginalidad crónicas para una gran cantidad de la población y manejos delictivos organizados,
muchas veces con sospechas de apoyo político. Al cóctel no le falta
ningún ingrediente, y así se ven los resultados: la Justicia porteña
recibe unas 20 denuncias por semana por usurpaciones de viviendas.
Los datos surgen del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que desde 2008 tiene a su cargo el delito de usurpación.
El año pasado se recibieron 969 denuncias, contra 928 de 2011 y 961 de
2010. Números estables que muestran un problema que no cede.
Estas
denuncias refieren a hechos delictivos, aquellas tomas de inmuebles que
se hacen por la fuerza. No incluyen los casos de casas tomadas que
dependen aún de la Justicia Civil Nacional, aquellos expedientes donde
los dueños reclaman por alquileres impagos o porque hace mucho tienen
ocupantes en sus propiedades. De hecho, en los últimos años, al haber
subido el precio de los inmuebles, muchos dueños reanimaron viejas causas y consiguieron los desalojos. Así, muchas propiedades de Palermo o San Telmo, por ejemplo, fueron liberadas.
Las
causas más recientes fueron casos más complicados. Germán Garavano,
fiscal general de la Ciudad, explicó: “Hay un esquema delictivo y a
veces casi político detrás de las usurpaciones. En muchos casos se meten
a la fuerza en propiedades vacías, pero últimamente también encontramos
bandas organizadas que entran con armas a un inmueble, echan a la gente
y luego subalquilan o arman un aguantadero. Lamentablemente se termina
dando una situación de pobres contra pobres ”.
Un ejemplo
cabal de este tipo de usurpaciones donde quedan a la vista dolorosas
imágenes de marginalidad fue el que se dio el 6 de marzo de 2011 en el
complejo habitacional que estaba terminando de construir el Gobierno
porteño en Castañares y Lafuente, en Villa Soldati. Eran ocho edificios
con 171 departamentos que se iban a otorgar para los habitantes del
asentamiento El Pueblito, pero fueron ocupados a la fuerza por decenas
de personas de la villa 1.11.14. La toma duró tres meses, en los que la
gente vivió hacinada y sin servicios básicos. Tras el desalojo, hubo que invertir $ 8.000.000 para reparar los daños.
Otro
caso emblemático es el del ex Padelai, en San Telmo. Fue ocupado en
1984 y desalojado en 2003, porque corría riesgo de derrumbe. En 2009 la
Ciudad se lo cedió al gobierno de España para que hiciera un centro
cultural, que nunca construyó, y entonces hace un año fue nuevamente ocupado por unas 40 familias que reclaman la titularidad del edificio.
Más
allá de la cuestión delictiva, lo cierto es que mucha gente vive en
casas usurpadas porque está a la deriva. “No hay cifras oficiales, pero
se estima que en la Ciudad hay 500.000 personas en emergencia habitacional,
entre los que viven en casas tomadas, conventillos y villas. El
Ejecutivo sólo entrega subsidios en la emergencia, pero falta un
abordaje integral que asista a la gente y le permita acceder a una
vivienda digna. Hay muchas familias que son desalojadas y luego vuelve a ocupar otra vivienda
porque no tienen dónde ir, los chicos pierden la escolaridad, hay
muchos problemas asociados a un desalojo que deben ser atendidos”,
aseguró Rocío Sánchez Andía, legisladora porteña de la Coalición Cívica e
integrante de la Comisión de Vivienda.
La precariedad en la
vivienda es un problema que ni la Ciudad ni los partidos del área
metropolitana logran resolver desde hace décadas, y las iniciativas que
se tomaron o no se concretaron o quedaron diluidas por la falta de
continuidad. Por ejemplo, en 2004 la Legislatura porteña sancionó una
ley de Emergencia Económica, que proponía suspender los desalojos de
edificios estatales porteños y crear un fondo especial para atender a la
gente sin casa propia. Esa ley tuvo vigencia hasta 2010, pero Macri
vetó una prórroga en 2011, por cuestiones técnicas. De todas, formas, el
fondo especial nunca se constituyó, con lo cual la ley tuvo pocos
efectos reales.
El Gobierno porteño asegura que tiene un protocolo
de acción en los casos de desalojos. Santiago López Medrano,
subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la Ciudad,
explicó: “Cuando el juzgado nos informa del desalojo vamos, derivamos a
las familias a los 31 paradores que tenemos en nuestra red y luego la
gente puede acceder a un subsidio de $ 1.200 por mes durante diez meses
para alquilar otra vivienda. También nos ocupamos de la escolaridad de
los chicos, de atender situaciones de violencia familiar o adicciones, y
de otros temas asociados”.
¿Qué pasa después de los diez meses de
subsidios? Ahí es cuando reaparece el problema crónico: la dificultad
para acceder a una vivienda digna.
(iProfesional.com) - Por Stella Dillon, titular del Estudio Dillon Terzaghi
Si creíamos que construir un nuevo hogar
era imposible, veremos algunos motivos para entender que en realidad, es
una buena forma de invertir bien el dinero, pese a la inflación (cuya
incidencia en los materiales de construcción no ha sido tanta).
Incluso, es más económico que comprar un departamento y pagar, muchas veces, expensas altísimas.
No por nada en los últimos años, y empezar a
construir de a poco. Es que la diferencia en comparación con un
departamento es mucha y los beneficios que tiene vivir en una casa con
mayor espacio, también.
10 razones para no pensar más y elegir hacer tu casa propia:
La casa -inclusive con el precio del terreno que hasta se puede comprar en cuotas- es más barata que un departamento
Es a medida
Brinda otras libertades y espacios
Las expensas en los barrios comunes son menores a los edificios con seguridad
La "inversión en ladrillos" fue, es y será una inversión segura, tal
vez no demasiado especulativa, pero lo que se invierte está, no se
pierde. Y, tarde o temprano se vende o se alquila. Para que eso pase hay
que hacer una casa noble, con buen funcionamiento, de estilo clásico,
para que sea un "cheque al portador"
Porque aunque se haga una casa de catálogo se personaliza con las terminaciones y detalles, que hacen que una casa sea radicalmente distinta a otra, como no pasa con los departamentos.
Se tiene mayor garantía de la calidad constructiva, de sus
instalaciones, de todo aquello que no es solucionable si no se hizo bien
desde el principio.
Las obras se cobran en pesos y es una buena manera de invertirlos cuando comprar dólares es imposible
Comprar una casa "hecha" puede tener vicios ocultos que a largo plazo cuestan más caro repararlos
Cuando la familia crece y necesita más espacio, es fácil agregar un cuarto más
¿Qué se debe evaluar? Algunos aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de elegir el terreno y comenzar la obra son los siguientes:
En primer lugar la distancia a la ciudad,
ya que si la persona estaba acostumbrada a viajar al trabajo tomando un
transporte público y llegar en minutos, una casa más alejada demandará
más tiempo.
La seguridad también es
importante, por eso es conveniente elegir los barrios que tienen
custodia o incluso los cerrados para vivir más tranquilo.
Solo se puede financiar el terreno. La construcción deberá abonarse en el transcurso de la misma, pero un crédito puede ayudar a resolver este asunto. Además, el valor de un departamento de dos ambientes alcanza para una casa más amplia.
